Los dirigentes que participan en la Cumbre de los Pueblos Afectados por la Minería negaron que rechacen completamente la actividad. La organizadora del evento, Dilvia Gálvez, argumentó que la explotación de minerales debe desarrollarse en zonas grises, alejadas de poblados, que no estén en cabeceras de cuencas.
Indicó que por ello urge que el gobierno realice una zonificación del país. En este documento se debe indicar en qué lugares se puede desarrollar la minería, en qué otras el turismo, la agricultura, entre otras actividades. Manifestó que el objetivo es conservar los recursos existentes y no deteriorarlos.
"Si realmente la minería quiere tener responsabilidad social con la población, debe dar verdaderos aportes que beneficien a los directos afectados", opinó.
La cumbre alterna a Perumin concluirá hoy con la firma del Acta por Arequipa. Posteriormente los participantes en este evento realizarán una marcha. Esta podría llegar hasta el campo ferial Cerro Juli donde se desarrolla Perumin.
Para el evento llegaron cerca de cincuenta dirigentes de diversas regiones. La cumbre se realiza cada dos años, en rechazo a la Convención Minera que se desarrolla esta semana en el centro de convenciones Cerro Juli.
POSTURA EN CONTRA
La organizadora del evento alterno a Perumin, Dilvia Gálvez, señaló que en la reunión de los empresarios mineros se dicen verdades a medias. Señaló que no es cierto que la minería elimina la pobreza. "Cajamarca es el ejemplo más claro. Es una región que por muchos años alberga la minería, pero la pobreza no se redujo. Situaciones similares se puede ver en otras regiones del país".
Gálvez explica que quien se lleva la mayor parte de la torta económica que deja el rubro es el gobierno. Los pueblos no reciben este dinero.
Sobre el tema, el vicepresidente de Conacami Perú, Pablo Salas, manifestó que en su pueblo de Corani - Puno, la minería lo único que dejó fue contaminación. Refiere que en esta zona la empresa canadiense Bear Creek, en los últimos meses, causa un impacto negativo.
A pesar del argumento, la mina Corani aun no inició sus actividades extractivas. Por el momento, los funcionarios esperan la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y cuentan con la licencia social de las comunidades directamente afectadas: Chacaconiza y Quelccaya.
Andrés Franco Longhi, vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Bear Creek, en una entrevista anterior a La República, narró que trabajaron en relaciones comunitarias por dos años para lograr el apoyo social.
CLAVES
La dirigente Dilvia Gálvez señaló que se tuvo trabas en la organización de su evento. Manifestó que se le negó el alquiler de hasta tres locales sin ninguna justificación. Explicó que en todos los casos, en un primer momento se les dijo que sí era posible alquilarles los ambientes, pero después los propietarios daban marcha atrás. Esta situación se dio en el local de Construcción Civil, Ampaca y de la Asociación de Exalumnos del Colegio Independencia.
Gálvez dijo que los responsables de que no se les otorgara estos locales serían las mineras y algunas autoridades de la ciudad. Sin embargo, no pudo dar ninguna prueba de su afirmación. La cumbre se realiza en el local social de 15 de Agosto, Paucarpata.
Fuente: Diario La República
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