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César A. Ipenza
Actualmente lo caótico de los procesos de formalización de la minería informal (y en general las deficiencias y la necesidad de sincerar el sistema de concesiones a nivel nacional), y las diversas y complejas realidades de nuestras diversas direcciones regionales sobre la asunción de sus facultades de pequeña minería y minería artesanal además de la informal e ilegal, nos lleva a plantear la posibilidad de discutir y analizar una posible moratoria o suspensión del proceso de otorgamiento de nuevas concesiones. Por lo menos hasta que hayamos logrado ordenar lo existente.
Esta posibilidad no es nueva. En el pasado el Decreto Supremo Nº 019-2009-EM del ministerio de Energía y Minas así lo ordenaba; y durante el inicio de las acciones para ordenar la minería en Madre de Dios, el ministerio del Ambiente, dirigido por Antonio Brack, emitió el Decreto de Urgencia N° 012-2010 que declaraba “de interés nacional el ordenamiento minero de Madre de Dios”. En ambos casos, fueron mecanismos fundamentales y necesarios para ordenar lo existente.
Es conocida la resistencia de algunos sectores en que esto ocurra. Pero seamos claros, con lo que actualmente existe a nivel nacional, con las diversas y complejas realidades en las regiones, los petitorios han desbordado la capacidad de respuesta de los gobiernos subnacionales y difícilmente podremos ordenar la pequeña minería y la minería artesanal si antes no podemos arreglar el caos actual.
Una moratoria o suspensión de petitorios a nivel nacional, hasta que tengamos cumplida la Estrategia de saneamiento del proceso de formalización, resulta una posibilidad. A las autoridades competentes les toca y les corresponde analizar esta propuesta. Creemos que no es un imposible jurídico, menos un atentado contra la inversión, ya que difícilmente tendremos inversión seria si antes no arreglamos el caos originado por la minería informal e ilegal.
Esta estrategia, que tiene metas anuales, puede partir de este hecho concreto, suspender los petitorios mineros hasta que se haya ejecutado el proceso de formalización en sus respectivos ámbitos; hasta que se den las condiciones mínimas necesarias y los Gobiernos Regionales tengan medianamente la posibilidad de supervisar y fiscalizar efectivamente las concesiones otorgadas a la fecha.
No pretendamos entender esto como un retroceso al proceso de descentralización, sino como un paso importante necesario, que podrá ser levantado una vez que tengamos herramientas y procesos efectivos y que permita asumir con responsabilidad a las regiones la pequeña minería y minería artesanal.
Fuente: Noticias SER
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