Colombia: Indígenas exigen desmilitarización de sus territorios y respeto a la libre determinación

Foto: Alvaro Sierra/ Semana

La violencia de la que son víctimas los pueblos originarios, por acciones del gobierno y la guerrilla, solo en lo que va del año ha provocado la muerte de 89 indígenas y el desplazamiento de no menos de 2.209 familias.

Cansados de esta situación y amparados en el derecho internacional las organizaciones que conforman la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas exigió la desmilitarización de sus territorios.

A continuación presentamos el pronunciamiento difundido por la Comisión, que se refiere entre otros puntos al cumplimiento pleno de las ordenes emitidas por la Corte Constitucional.

Esto quiere decir el cumplimiento del Programa de Garantías y de los 35 Planes de Salvaguarda Étnico. El documento se refiere también a no permitir más la explotación de recursos naturales en sus territorios.

En el marco de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas los delegados

SE PRONUNCIAN

“Sobre la situación de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario perpetradas sobre los pueblos indígenas en Colombia”

Bogotá, D.C; Noviembre 20 de 2012

La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas conformada por la Confederación Indígena del Tayrona, CIT; la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia, OPIAC; Autoridades Tradicionales y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en el marco del ejercicio de sus facultades consagradas en el Decreto 1396 de 1996, exigen el cumplimiento inmediato por parte del Estado para que implemente los acuerdos y demás obligaciones que permitan hacer frente a la grave y sistemática violación a los derechos humanos que evidencia el genocidio en curso que están padeciendo los pueblos indígenas en Colombia.

Teniendo en cuenta que la presencia de los actores armados en territorio indígena obedece a intereses geoeconómicos y geoestratégicos que atentan contra nuestra cultura y autonomía, el 2012, se ha constituido para los pueblos indígenas en un año de lucha por la libre autodeterminación y defensa del territorio, visible, en las movilizaciones ocurridas en el Cauca, Putumayo, Huila, La Guajira, Arauca, Amazonas, Chocó y Valle del Cauca donde los pueblos indígenas solicitan: 1). A los grupos armados legales e ilegales abandonar sus territorios; 2). A las empresas transnacionales no más explotación de sus recursos naturales; y 3). Al Estado colombiano el cumplimiento de sus deberes para el respeto, protección y garantía de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

Afirmando que el conflicto armado en Colombia y la dinámica de violencia mantienen tendencias similares a las observadas en años anteriores; sin embargo, para el 2012 se constata modificaciones alarmantes en las cifras, especialmente, en el aumento de los desplazamientos masivos a causa de la militarización de los territorios indígenas, generando constantes combates entre grupos armados legales e ilegales que han dejado en los primeros diez meses del año 10.605 personas y 2.209 familias indígenas desplazadas de sus territorios,

Reportando que entre enero y octubre de 2012 han ocurrido 89 homicidios contra miembros de pueblos indígenas, donde los pueblos más afectados han sido Nasa (31), Embera (25) y Awá (8). Dentro de los homicidios ocurridos se registran diecisiete (17) líderes y seis (6) mujeres indígenas asesinadas. Y que los departamentos de mayor victimización son Cauca con un 30.26%, seguido de Nariño con 15.8 % y Risaralda con el 11.84%.

Reafirmando el derecho a la libre determinación reconocido por el artículo 3 y el acápite de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y, en consecuencia, la plena vigencia del artículo 35 del Convenio 169 según el cual “[l]a aplicación de [sus] disposiciones no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales”.

Reafirmando el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas de acuerdo a los regímenes de derecho y prácticas consuetudinarias, que según el derecho internacional, es un derecho “requisito” para que el Estado tome una decisión; “requisito”, que adquiere obligatoriedad en las situaciones que se pueda poner en riesgo la integridad de un pueblo.

Recordando el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional de Colombia y su Auto de Seguimiento 004 de 2009, en el que el Alto Tribunal identificó al menos 35 pueblos indígenas en estado de alto riesgo de exterminio por causa del conflicto armado y del desplazamiento forzado y solicitó a las instancias del Gobierno la construcción de un Programa de Garantías y Planes de Salvaguarda Étnicos que permitan garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

Teniendo presente, lo anterior los delegados de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en nombre de los 102 pueblos indígenas de Colombia, exige ante el Gobierno Nacional:

1. La desmilitarización de los territorios indígenas en reconocimiento a su derecho a libre autodeterminación.
2. No más explotación de los recursos naturales. No más licencias ambientales en territorio indígena.
3. Respeto y garantía plena del derecho a la Consulta y al consentimiento previo, libre e informado, tal como lo consagra la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.
4. Cumplimiento pleno de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en el Auto 004/2009, es decir, puesta en marcha del Programa de Garantías y de los 35 Planes de Salvaguarda Étnico.

Bogotá, D.C; Noviembre 20 de 2012

Fuente: SERVINDI

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