Represa hidroeléctrica Belo Monte: AIDA y la lucha contra la tercera represa más grande del mundo

Foto: Belo Monte Brasil

"El Río es el corazón de nuestras tierras y de nuestra gente… Nosotros no nos sentaremos a ver mientras aquellos en Brasilia atentan con determinar nuestro futuro sin habernos consultado, escuchado, respetado y sin nunca haber puesto un pie en nuestras tierras… Ni el Río Xingú ni nuestras vidas están a la venta."

--Extracto de una carta del movimiento Xingú Vivo para Siempre, 4 de febrero de 2010

El Río Xingú recorre casi 3 mil kilómetros a través del Amazonas, en el corazón de Brasil, y es el hogar de miles de indígenas, comunidades ribereñas y de una extraordinaria biodiversidad de flora y fauna. Con la completa construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte, por el consorcio Norte Energía S.A. (liderado por la paraestatal Electrobras), más de 500 kilómetros cuadrados de bosque y tierras agrícolas serán inundados y al menos 20 mil personas serán desplazadas.

La represa propone desviar casi toda el agua del Xingú. Los incontables impactos de tal intervención significan que las áreas donde tradicionalmente habitan peces serían irreversiblemente destruidas, miles de personas perderían el acceso al agua, alimento, fuente de trabajo y transporte por el río, y vastas partes de selva van a ser inundadas, lo que además generará la emisión de cantidades masivas de gases de efecto invernadero, mientras la vegetación se pudre. Encima de esto, y dado que las obras ya han iniciado, miles de personas están perdiendo sus casas, su forma de vida y su cultura.

Indígenas y ribereños han estado luchando en contra de la represa desde que fue propuesta, veinte años atrás. Lamentablemente, a pesar del rechazo general que ha provocado desde su gestación, y de las variadas controversias legales y políticas alrededor de una inadecuada evaluación de impacto ambiental, incluyendo la falta de implementación de salvaguardias para la protección del ambiente y derechos de las personas, el 1º de junio de 2011 la Agencia Federal de Medio Ambiente de Brasil (IBAMA) otorgó a Norte Energía la licencia de instalación para el proyecto Belo Monte, bajo una intensa presión política.

La degradación ambiental empezó a hacerse notar desde que se iniciaron las obras, confirmando lo que muchos temían. El caudal del río disminuyó afectando desde ya la fuente de alimentación y de transporte de aquellas comunidades que habitan la zona. Ante la inminencia de daños irreparables, AIDA junto con organizaciones de la sociedad civil de Brasil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictase medidas de protección a favor de las comunidades afectadas.

El 1º de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares mediante las cuales solicitó al Gobierno de Brasil suspender inmediatamente todo proceso de licenciamiento y construcción del proyecto de la represa Belo Monte, protegiendo los derechos a la vida y la salud de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú. Posteriormente, el 29 de julio de 2011, la misma Comisión modificó el objeto de la medida y solicitó al Estado la adopción de medidas para proteger la vida, salud e integridad personal de los miembros de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto, incluyendo aquellas en situación de aislamiento voluntario. Lamentablemente, ambas solicitudes han sido ignoradas por el Gobierno.

Sin embargo, el 13 de agosto de 2012 la quinta sala del Tribunal Regional Federal de Brasil (TRF1) confirmó la solicitud de la CIDH, ordenando la suspensión inmediata de las obras, bajo pena de multa al consorcio constructor. Argumentó el tribunal que la autorización del proyecto por parte del Congreso brasileño en 2005 fue ilegal, en vista de que los pueblos indígenas afectados no fueron apropiadamente consultados, de conformidad con la Constitución brasileña y el Convenio 169 de la OIT, del cual Brasil es signatario. Además, agregó que no se hizo una evaluación independiente de los impactos ambientales.

Lamentablemente, el 27 del mismo mes el Presidente de la Corte Suprema de Brasil revocó el mandato de suspensión, autorizando la reanudación inmediata de las obras. Sin embargo, aún está pendiente que el pleno de la Corte Suprema analice el mérito del asunto, existiendo la posibilidad de que dicha instancia ratifique la decisión que suspendió el proyecto.

AIDA, en seguimiento al trabajo sobre grandes represas y dado que la situación de Belo Monte se ha repetido en otros proyectos hidroeléctricos en Brasil, elaboró dos informes para el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que fueron presentados en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de Brasil. En dichos informes se concluyó que efectivamente el gobierno no consultó con las comunidades afectadas y no obtuvo consentimiento libre, previo e informado, como exige el derecho internacional de derechos humanos. En los informes también se documentaron violaciones a los derechos a la vida y a la salud de los pueblos indígenas y el posible desplazamiento forzado de cerca de 40 mil familias. Como resultado del EPU otros Estados recomendaron a Brasil asegurar que se cumpla la consulta con las comunidades afectadas en este tipo de proyectos.

La controversia que rodea Belo Monte sigue el trágico patrón común de las grandes represas en Latinoamérica. Típicamente los desarrolladores las construyen sin una adecuada participación de las comunidades afectadas y sin estudios de impactos sociales y ambientales suficientes ni completos. Estos proyectos se caracterizan por tener costos adicionales imprevistos, niveles de producción sobreestimados, y altos niveles de corrupción. Además, en zonas tropicales pueden llegar a emitir tantos gases de efecto invernadero como una planta de carbón, lo que no es considerado por los evaluadores. Entretanto, las comunidades locales asumen los impactos extremadamente negativos, mientras que las grandes industrias consumidores de energía reciben todos los beneficios.

Si Belo Monte continúa, habría incoherencia con la imagen que el gobierno de Brasil proyecta como líder regional. Por el momento, no se han acatado las medidas cautelares de la CIDH, ni se han evaluado integralmente los impactos sociales y ambientales. Tampoco existe aún un acuerdo claro de compensación para las personas que están siendo desplazadas, ni se ha reconocido la necesidad de compensar a las personas que son perjudicadas pero no forzadas a desplazarse. 

Dos informes de AIDA están fortaleciendo los esfuerzos de los oponentes: “Grandes Represas en América: ¿Peor el Remedio que la Enfermedad?” y la “Guía de Defensa Ambiental: Construyendo la Estrategia para el Litigio de Casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, disponible en inglés, español yportugués. Con tu ayuda seguiremos proveyendo asistencia a las comunidades afectadas que están luchando contra la represa.

Sitios de Web Útiles: 

Video de dos minutos sobre las protestas de la represa.

Carta de ONGs sobre el premio de "Proyecto del Año"

Fuente: AIDA

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