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| Foto: Internet |
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil denunció hoy una serie de violaciones en las obras de dos hidroeléctricas que se construyen en la Amazonía, según informó una fuente parlamentaria.
El diputado y sacerdote católico Mariton de Hollanda, vicepresidente de la comisión y titular del Frente Parlamentario de los Pueblos Indígenas, señaló en una rueda de prensa con la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Sao Paulo que el grupo de congresistas investiga una serie de denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en los proyectos de Jiraú y Santo Antonio.
El legislador, conocido como Padre Ton, indicó que después de una visita de la comisión a las obras, ambas en el norteño y amazónico estado de Rondonia, fueron entregados al grupo de congresistas denuncias sobre trabajo esclavo, "condiciones precarias" de salud y vivienda y omisiones a la legislación laboral.
"Los restaurantes colectivos están en buenas condiciones, pero en los albergues, que son de madera, son acomodadas hasta ocho personas en una habitación; no se tienen espacios para el esparcimiento, tampoco cuentan con servicio bancario ni baños privados", expresó.
Sin embargo, a juicio de la comisión, las denuncias más graves tuvieron que ver con la supuesta tortura y desaparición de trabajadores.
"Tenemos la declaración de un trabajador que alega que fue torturado por el servicio de seguridad de la empresa (constructora) y después por los policías", durante una huelga en marzo pasado, manifestó el congresista.
Ton detalló que el trabajador, de nombre Raimundo Braga, se presentó en Brasilia ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Tráfico de Personas, después de más de cincuenta días de detención acusado de liderar en marzo un motín durante una huelga para presionar el cumplimiento de un pedido de reivindicaciones en manifestaciones similares en 2009 y 2011.
Braga, que fue liberado por falta de pruebas, apuntó también ante la CPI que algunos trabajadores que retornaban a sus lugares de origen "desaparecieron" y en la comisión existe por lo menos una denuncia formal sobre ese aspecto presentada por la familia de uno de los desaparecidos.
Después de las denuncias, la CPI citó para agosto próximo tanto a los responsables de seguridad de la empresa como a las autoridades de Rondonia.
La hidroeléctrica de Jiraú, con inversiones por 13.000 millones de reales (unos 6.500 millones de dólares) y una capacidad instalada de 3.750 megavatios, está siendo construida a 120 kilómetros de Porto Velho, la capital regional.
El proyecto de Santo Antonio, en tanto, tiene un presupuesto de 15.100 millones de reales (unos 7.600 millones de dólares), una capacidad de 3.150 megavatios y está localizado a 7 kilómetros de Porto Velho.
Ambos proyectos emplean unos 35.000 trabajadores, muchos de ellos contratados en situación irregular, de acuerdo con el diputado.
Para Ton, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Brasil necesita "corregir el modelo" utilizado para la construcción de este tipo de proyectos, que en el caso de Jiraú y Santo Antonio reciben el 75 por ciento de financiación por parte del Estado.
"El Gobierno está ciego al otorgar demasiados poderes a las empresas constructoras y hubo un retroceso en el actual Gobierno, por eso necesitamos retomar el diálogo, pues los indios quieren toda la discusión dentro del Estatuto Indígena", subrayó Ton.
El diputado confirmó a Efe que la comisión recibió denuncias similares sobre el polémico proyecto de Belo Monte, otra gigantesca hidroeléctrica que pretende ser construida en la Amazonía y en la que las denuncias involucran también casos de prostitución infantil en la región. EFE
Fuente: EFE
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