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| Foto: EFE/Javier Echeverria |
La comunidad indígena sarayaku, asentada en el centro de la Amazonía ecuatoriana, expresó hoy su satisfacción por la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra el Estado por la vulneración de sus derechos.
Ese tribunal, con sede en San José de Costa Rica, condenó a Ecuador por otorgar a inicios de los años 90 una concesión petrolera en territorios de los sarayaku sin consultar con las comunidades nativas que se oponían al proyecto.
José Gualinga, presidente de la comunidad sarayaku, indicó en un comunicado que su pueblo se mantendrá atento para que la sentencia de la CorteIDH sea cumplida y que los territorios de los pueblos indígenas sean respetados frente a actividades extractivas dañinas, como la explotación petrolera.
"Sarayaku manifiesta su satisfacción por esta victoria", añadió Gualinga y recordó que el proceso empezó en 2003, cuando su comunidad presentó la demanda contra el Estado ecuatoriano ante el sistema interamericano de derechos humanos.
El tribunal, en su fallo, señaló que la concesión facilitada en 1996 por Ecuador a la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) violó la propiedad comunal indígena y su identidad cultural.
A finales de 2002 e inicios de 2003, la petrolera, apoyada por agentes de las Fuerzas Armadas, entró, sin consentimiento de los indígenas, en su territorio para abrir trochas y llevar adelante acciones de exploración de yacimientos.
En esas operaciones, la compañía introdujo explosivos y taló áreas de bosques donde se encontraban árboles y plantas de valor sagrado y cultural para la comunidad.
Retirar los explosivos
Por ello, la Corte interamericana, en su fallo, ordenó al Estado ecuatoriano "neutralizar, desactivar y retirar" los explosivos (pentolita) instalados en el territorio sarayaku, donde viven unas 1.200 personas.
La CorteIDH impuso a Ecuador la obligación de consultar a los indígenas "en el eventual caso que se pretenda realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio, o plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a su territorio".
Ecuador deberá, como parte de la sentencia en su contra, organizar un "acto público de reconocimiento" de su responsabilidad en este caso.
La directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Viviana Krsticevic, que ha apoyado a los indígenas sarayaku en el proceso, indicó en otro comunicado que el fallo de hoy "representa un verdadero hito en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en el continente".
Para ella, la sentencia "establece pautas más claras sobre el derecho de consulta previa ante proyectos de desarrollo con consecuencias para la subsistencia de los pueblos".
En abril pasado, en un hecho inédito, miembros de la CorteIDH visitaron la zona de los indígenas sarayaku para conocer "in situ" el problema.
Allí, el Gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, reconoció la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos del pueblo sarayaku y dijo que está dispuesto a alcanzar un acuerdo de reparación. EFEverde
Fuente: EFE Verde
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