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| Foto: Tierra y Libertad |
Al vencer el plazo de 30 días en el que el Gobierno ofreció modificar el marco regulatorio para las actividades extractivas, dirigentes del partido Tierra y Libertad presentaron una propuesta para una nueva minería “respetuosa del medio ambiente y de los derechos de las poblaciones locales”.
En una conferencia de prensa realizada el pasado lunes 23 de julio, los líderes de Tierra y Libertad José de Echave y Marisa Glave, acompañados del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Juan Chang, presentaron una carta dirigida al presidente Ollanta Humala junto a un documento con propuestas concretas para regular las actividades extractivas.
La misiva solicita al presidente que “se inicie un debate nacional sobre las políticas y medidas que serán necesarias implementar desde el gobierno central, para dar curso al ofrecimiento de instaurar en el Perú una nueva minería que evite la conflictividad social y proteja al país de la crisis internacional”, señala un comunicado de Tierra y Libertad.
La carta fue entregada al Palacio de Gobierno junto a un documento con propuestas concretas, a modo de aporte, para el demandado debate nacional a fin de mejorar las condiciones en que operan las industrias extractivas.
En la conferencia de prensa, el exviceministro del Ambiente, José de Echave, explicó varios aspectos de la propuesta presentada al presidente de la República.
Fortalecimiento de institucionalidad ambiental
De Echave señaló que la gestión ambiental en el Perú, es “profundamente sectorial”, en la práctica, “cada ministerio es la autoridad de su sector”, dijo.
En ese sentido, afirmó que se necesita “una lógica transectorial fuerte”, una autoridad ambiental que trasciende, transversal”, señaló.
Asimismo, exigió construir una “verdadera autoridad ambiental” y no un ministerio del Ambiente “que esté pintado en la pared”.
“El impacto ambiental se aprueba por la opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas, por la opinión favorables del Ministerio de Agricultura, por la opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua y al Ministerio del Ambiente ni se le consulta”, añadió el especialista.
Para De Echave, los estudios de impacto ambiental (EIA) son una herramienta desfasada, que no se ha modificado en 20 años.
Igualmente, señaló que los EIA no miden los efectos acumulativos de los proyectos extractivos.
“Un proyecto minero, no es lo mismo que dos, que tres, que cuatro proyectos, ahí la herramienta de impacto ambiental ya no sirve, porque permite medir el impacto de un proyecto, pero no permite medir los impactos acumulativos de tres o cuatro proyectos en una provincia, distrito o población”, explicó.
Derechos de las poblaciones
Por otra parte, el exviceministro denunció que en el país se ha trabajado bajo una lógica que considera “territorios vacíos” a los lugares donde se desarrolla la actividad minera.
En su opinión, hay muchos temas pendientes sobre el respeto a los derechos de las poblaciones afectadas por la actividad minera. Entre ellos, el derecho a la consulta u la revisión de las audiencias de presentación de los EIA.
Descentralización
El tercer punto propuesto por Tierra y Libertad se refiere a la descentralización, donde “existe un problema de competencias”, señalan.
En el Perú se da una lógica “profundamente centralista” en la minería. “todo se decide en Lima, desde la concesión hasta la aprobación del EIA”, consideró De Echave.
Al respecto, exigió una política nacional que implique un fortalecimiento y articulación de las distintas instancias del Estado, autoridad nacional, regional, local.
Cuidar la macroeconomía
Para el especialista, las mineras no tributan todo lo que deberían, puesto que sus aportes adicionales “son deducibles del impuesto a la renta, el principal que pagan las empresas”.
Asimismo, señaló que sería bueno saber cuánto se ha recaudado con el acuerdo al que llegó el gobierno de Humala con las empresas mineras el año pasado.
Precisó que, según un informe del Banco Mundial, “los costos ambientales en el país equivalen a casi el 4% del Producto Bruto interno, y muchos de esos impactos son de una serie de actividades vinculadas a actividades extractivas”.
“No todo es suma, también hay que hacer resta para ver cuál es el resultado de una actividad”, señalo.
Transparencia y rendición de cuentas
Como quinto punto fundamental de la propuesta de Tierra y Libertad, se exige que las cuentas respecto a las industrias extractivas sean lo mas claras posibles.
De Echave explicó que se demanda también la transparencia de la información de los EIA, de los contratos y las concesiones.
Finalmente, exigió que se empiecen a derogar “las leyes que criminalizan la protesta” y la “privatización de fuerzas policiales” por las empresas particulares, pues todo ello contribuye a polarizar los conflictos.
Plazo cumplido
A través de una videoconferencia, desde Cajamarca, el coordinador de Tierra y Libertad, Marco Arana, afirmó en el evento que la nueva minería en el Perú debería hacerse con otro marco institucional, de manera sostenible, con justicia social y consentimiento de las comunidades.
Asimismo, señaló que el Gobierno ha incumplido su compromiso público de establecer en 30 días un nuevo marco institucional.
“Hace 30 días (el presidente) dijo públicamente que encargaba al sr Valdés y como secretario técnico al ministro pulgar Vidal, para que culminen una propuesta de cuál es ese nuevo marco regulatorio, hoy día se cumplen esos 30 días y el Gobierno no ha propuesto cuál es ese nuevo marco institucional para la minería”, afirmó Arana.
Foto: Tierra y Libertad
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Fuente: SERVINDI
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