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Ante los hechos de violencia sucedidos en la región de Cajamarca, la organización Amnistía Internacional instó al gobierno peruano a que “disponga la prohibición a las fuerzas policiales de emplear armas de fuego salvo que sea estrictamente inevitable para proteger la vida”.
Los disturbios y la represión policial en Cajamarca ya han tenido como saldo cinco víctimas mortales desde el pasado 3 de julio en que el presidente Ollanta Humala decidió prorrogar el estado de emergencia en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc.
Amnistía Internacional expresó su preocupación “por el creciente nivel de conflictividad social en relación a la explotación de recursos naturales en Perú, lo que ha llevado a una situación preocupante que abre la puerta a una serie de graves violaciones de derechos humanos”.
Asimismo demandaron que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos ocurridos en Celendín, el 3 de julio de 2012.
A continuación el comunicado de Amnistía Internacional
Frente a la grave situación en Cajamarca, Amnistía Internacional exige el cese inmediato de la violencia y pide medidas de protección para defensores y defensoras de derechos humanos
Amnistía Internacional hace un llamado urgente a los dirigentes sociales de Cajamarca a que impidan las manifestaciones violentas que están ocurriendo en estos momentos en la provincia de Cajamarca. Al mismo tiempo, pide al gobierno peruano, que frente a las protestas sociales instruya y disponga la prohibición a las fuerzas policiales de emplear armas de fuego salvo que sea estrictamente inevitable para proteger la vida.
La organización expresa su preocupación por el creciente nivel de conflictividad social en relación a la explotación de recursos naturales en Perú, lo que ha llevado a una situación preocupante que abre la puerta a una serie de graves violaciones de derechos humanos.
Las autoridades tienen la obligación de mantener el orden público, pero siempre deben desempeñar esta responsabilidad en línea con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, incluyendo el respeto a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Del mismo modo, es de vital importancia que las autoridades garanticen el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación.
Es urgente que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos ocurridos en Celendín, el 3 de julio de 2012, cuando enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden resultaron en tres muertos, más de veinte heridos, incluyendo efectivos de la policía y el ejército, y al menos 16 detenidos.
Como respuesta a lo ocurrido en la noche de ayer, el poder ejecutivo ha declarado un estado de emergencia efectivo desde el 4 julio de 2012, por el cual quedan suspendidas las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito en las provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca.
Amnistía Internacional recuerda que la declaración de un estado de emergencia está sujeta a estrictas limitaciones, según los estándares internacionales de derechos humanos, y bajo ninguna circunstancia debe traducirse en violaciones a los derechos fundamentales de las personas.
Las autoridades peruanas deben asegurar que al implementar el estado de emergencia no se violen el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, bajo ninguna circunstancia. Igualmente, debe ser respetado el derecho de los detenidos a un proceso debido, y debe protegerse y garantizarse el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos en la zona para que puedan realizar su trabajo sin miedo a represalias.
4 de julio de 2012
Fuente: SERVINDI
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