La carretera de la discordia

La construcción de una carretera entre Iñapari en Madre de Dios y Puerto Esperanza en Ucayali, pondría en peligro la vida de pueblos en aislamiento voluntario que por miles de años habitan una parte de la zona y también perjudicaría el Parque Nacional Alto Purús, además de generar un nuevo conflicto ambiental. 

POLÉMICA"

El proyecto, que cuenta con dictamen favorable para ser aprobado en el Pleno del Congreso, declara de necesidad pública e interés nacional la conexión terrestre entre ambas ciudades amazónicas.

Un informe difundido por la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) y otras organizaciones ambientalistas y de ecologistas, advierten que la construcción de la carretera implicaría “irreversibles daños a la biodiversidad y los recursos naturales de los que depende la población local, mayoritariamente indígena, y la potencial extinción de algunos de los últimos grupos humanos en aislamiento voluntario en el mundo”.

El proyecto de carretera fue aprobado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso con el argumento que los pueblos de esos lugares necesitan estar integrados. 

Sin embargo los que se oponen afirman que la norma atenta contra leyes nacionales e internacionales como el artículo 68 de la Constitución Política y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen las zonas reservadas y los parques nacionales. 

RECHAZO

“La carretera es presentada como solución a los problemas de aislamiento de una población cercana a 1,000 ribereños en la provincia de Purús que, en parte, estarían a favor de la misma. Sin embargo, cerca del 80% restante de la población de la provincia (aproximadamente 3,500 indígenas y un grupo de ribereños) está en oposición al proyecto por lo que carece de licencia social y consulta adecuada”, precisa el informe de las organizaciones.

El proyecto es rechazado por la Fenamad, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Federación de Comunidades Nativas del Alto Purús (Feconapu) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau), al igual que los principales responsables del Parque Nacional Alto Purús y de la Reserva Comunal Purús.

Sostienen que también violaría el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, las leyes Forestales y de Fauna Silvestre y la de Áreas Naturales Protegidas y la Ley 28736 de protección de pueblos en situación de aislamiento o contacto inicial que establece la intangibilidad de las reservas indígenas y prohíbe el ingreso de gente extraña para preservar la salud de los no contactados.

Varias organizaciones sostienen que con la carretera como ha sucedido en otros casos, resultaría un incentivo para la realización de actividades ilegales en estos departamentos, como minería, tala de madera, cultivos ilícitos y narcotráfico.

Los pueblos no contactados bajo amenaza por la proyectada carretera.

ALTERNATIVA

Los especialistas proponen como alternativa establecer un puente aéreo, mediante vuelos de la Fuerza Armada y de las Fuerzas Policiales que podrían ayudar a la integración fronteriza y mejorar la provisión de servicios de salud, Educación y seguridad ciudadana, “llevando al Estado al medio rural”, lo que ha recibido el apoyo del Fondo mundial para la Naturaleza (WWF), la Sociedad Zoológica de Francfort, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (Spda), la Fundación para la Conservación de la Naturaleza ProPurús y por ProNaturaleza.

“Una de las justificaciones para construir esta vía, según el proyecto de ley, es el aislamiento en el que se encuentra la comunidad de Purús con el resto del país, lo cual no le permite acceder a artículos de primera necesidad de manera inmediata, ni beneficiarse de los servicios como hospitales, electrificación; es decir, intentan imponer una forma de desarrollo con visión mestiza cuando los pueblos tienen sus propios intereses, sus propias agendas y sus propias formas de desarrollo”, precisa Aidesep.

Recuerda la organización indígena que cuando la congresista Verónika Mendoza pertenecía a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología solicitó a la Presidencia del Congresoque el proyecto de ley sea también discutido por dicho grupo de trabajo, lo que no se ha cumplido.

Marc Dourojeanni, ingeniero experto en temas ambientales sostuvo que sin duda una carretera entre Iñapari y Purús sería el fin del Parque Nacional incluidos sus indígenas aislados, así como “su maravillosa diversidad biológica y su tremendo potencial económico para el turismo”.

PELIGRO

Sin embargo añadió “esa vía, sin duda, reúne las condiciones necesarias para la proliferación de cultivos ilícitos y para el narcotráfico y el contrabando, entre otros males sociales. Ya actualmente alrededor de Iñapari están concentrados millares de buscadores de oro, extractores ilegales de cedro y caoba y campesinos de Puno y Cuzco ávidos por tierras”. 

El experto precisó que del lado de Madre de Dios, la Municipalidad Provincial de Tahuamanu, sus organizaciones sociales, las municipalidades distritales, las autoridades multisectoriales condenan el proyecto por razones de sentido común como son la afectación a los cursos de agua que nacen al interior de las áreas naturales protegidas y el impacto al ecosistema (consumo de agua, y actividades de pesca de las comunidades ribereñas y nativas, entre otros).

Varias organizaciones ambientalistas sostienen, y existe una abrumadora cantidad de casos, que esta carretera “será un incentivo para la realización de actividades ilegales en estos departamentos, especialmente afectados por la ilegalidad, llámese minería, tala de madera, cultivos ilícitos o narcotráfico”.

Dourojeanni dijo que no se puede seguir con la destrucción sin precedentes en la Amazonía peruana que a fines del 2000 ya había perdido y desperdiciado sus bosques sobre más de siete millones de hectáreas, de las que menos de un millón se usan para agricultura y ganadería, “aunque ahora aseguran que se prohibirá toda actividad económica bajo responsabilidad civil o penal”.

Acotó igualmente que los bosques del Purús, además de biodiversidad, almacenan enormes cantidades de carbono que permaneciendo así evitan agravar el cambio climático. “Eso representa miles de millones dedólares en términos de negocios de carbono por deforestación y degradación evitadas, de los que ya hay muchas opciones disponibles en el mercado”.

Ministros de Cultura, Luis Peirano, y del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, cuyas carteras han desestimado el proyecto.

PROYECTO INVIABLE E INCONSTITUCIONAL

Tres ministerios se oponen

Según informó Aidesep, los ministerios de Cultura, Ambiente y Transporte y Comunicaciones, han planteado que la construcción de la carretera que uniría Purús (Ucayali) e Iñapari (Madre de Dios) no es viable y es inconstitucional porque viola los derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, contacto inicial y comunidades asentadas en esta zona.

Asimismo, estos informes recomiendan que para evitar un conflicto social inútil lo adecuado sería someter la propuesta a la consulta previa. La Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Ambiente precisó que debido a la existencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento en la zona, el proyecto de ley tendría que ser puesto a consulta según la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, enmarcada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El Viceministerio de Gestión Ambiental consideró que el proyecto está contra la normatividad vigente que regula y protege las Áreas Naturales Protegidas, las Reservas Territoriales para Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y derechos ya otorgados por el Estado para el aprovechamiento de los recursos naturales.

El Ministerio de Cultura se opone al proyecto por carecer de los estudios técnicos que sustenten la viabilidad de conectar por vía terrestre a dichas localidades, dentro de los estándares sociales y ambientales establecidos.

Para este ministerio, la propuesta legislativa puede afectar la intangibilidad de la Reserva Territorial Madre de Dios, “poniendo en riesgo los derechos a la vida y a la salud de la población en situación de aislamiento y contacto inicial que habita en dicha Reserva, perteneciente a los pueblos indígenas conocidos como Mashco Piro, Yora y otros”.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones dictaminó contra el proyecto de ley, considerando que dicha norma “constituye una iniciativa de gasto, atribución que no corresponde a los congresistas, conforme a la Constitución Política y al Reglamento del Congreso”.

Fuente: Diario La Primera

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