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| Foto: Jonathan Hurtado |
El miércoles 26 de setiembre se presentó el Primer Informe Semestral del Observatorio de Conflictos Socioambientales “Vigilante Amazónico” que explica cómo se vienen desarrollando los conflictos que enfrentan a las poblaciones indígenas asháninkas, awajún, wampis, kichwa y kechwa con las empresas y a veces con el mismo Estado.
El informe recopila lo publicado por el Observatorio entre mayo y julio de este año y forma parte de uno de los productos del proyecto “Mitigación de Conflictos y Desarrollo de la Amazonía”.
La iniciativa es implementada por la Catholic Relief Services (CRS) y desarrollada en alianza con la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y CooperAcción.
Entre las principales observaciones al gobierno se sostuvo que sigue impulsando el crecimiento económico sustentado principalmente en las industrias extractivas. Esto propicia situaciones de tensión entre las empresas privadas y las comunidades indígenas.
Esa forma de actuar atenta contra la tantas veces anunciada apertura al diálogo con las comunidades, expresada en la aprobación hace más de un año de la Ley de Consulta Previa y la creación de la Oficina de Diálogo Nacional.
Se contó con la presencia de Janio Sangama Apagueño de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas de la Región San Martín (Fepikresam) y Jaime Tapullima Pashanase, del Consejo Étnico de los Pueblos Kechwas de la Amazonía (Cepka), ambos de la provincia de Lamas, región San Martín.
Los principales conflictos se originan por la superposición de la actividad extractiva – minería e hidrocarburos- en territorios ancestrales indígenas, y por desacuerdos sobre el uso de los territorios entre las comunidades y las autoridades locales.
La demanda y denuncia de los pueblos de Lamas
Desde su creación el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE) ha desembocado en un peligro para los dirigentes locales quienes son amenazados por defender este territorio vital para su subsistencia.
Así lo sostuvo Janio Sangama, integrante del equipo técnico de la Fepikresam, al mismo tiempo que cuestionó que no se haya llevado a consulta en su momento la creación de esta área al cual actualmente no tienen libre acceso.
El ACR-CE se ubica en las provincias de Lamas y San Martín, y representa un área de 149 870.00 ha. lo que involucra a más de 16 comunidades kechwas de la región San Martín, algunas con títulos y otros sin él.
Janio Sangama, integrante del equipo técnico de la Federación de los Pueblos Kechwas de la región San Martín (Fepikresam)
Recientemente, nueve pobladores fueron procesados judicialmente por sembrar en media hectárea del territorio de la Cordillera Escalera, caso que gracias a la presión de distintas organizaciones ha logrado ser archivado.
Entre las propuestas trabajadas por las federaciones nativas, las que trabajan juntas más de un año, se cuenta la presentada en setiembre de 2011 por el Cepka a la Dirección Medioambiental del Gobierno Regional de San Martín (GORESAM).
La iniciativa plantea, como explicó Jaime Tapullima, la cogestión del ACR-CE entre el gobierno regional y la organización que representa.
Como lo indica el último informe del Observatorio, el gobierno no descarta establecer con Cepka un contrato de administración.
Sin embargo, las posibilidades de entendimiento entre organizaciones y el Estado se ven empañadas por acciones como la marginación de las comunidades en la elaboración del Plan Maestro 2012 – 2017 de la ACR-CE.
Los dirigentes señalan que las comunidades fueron invitadas al final del proceso en la elaboración de un documento de gestión muy importante y que es motivo de gran interés por parte de diversos actores de la región.
Uno de los actores interesados es la empresa Talisman Energy, en alianza con Repsol YPF y Petrobras, quien es titular del lote 103, en la región San Martín. La concesión abarca un área de 870 mil 896.168 ha. y ocupa el 71.69 por ciento (358 296 ha) del territorio de Lamas y el 29.44 por ciento (158 965 ha) de San Martín.
El antropólogo Miguel Valderrama, del Observatorio, dijo que el GORESAM descuidó la titulación y la seguridad jurídica de los pueblos kechwas, lo que generó que migrantes andinos ocupen áreas donde hay menos presencia del Estado.
En otro momento, Janio Sangama informó que dos kechwas fueron asesinados el 29 de agosto pasado en la comunidad de Alto Shamboyaco, provincia de Lamas, por un grupo de hombres armados que buscaban al apu y al jefe de las rondas campesinas.
Jaime Tapullima Pashanase, presidente del Consejo Étnico de los Pueblos Kechwas de la Amazonía (Cepka)
Cuestionó lo poco que se ha avanzado en las investigaciones que deben determinar si fue un crimen de alguna mafia que opera en el lugar, debido a que hace un mes la comunidad decomisó cargamentos de madera a una de estos grupos ilegales.
Sin embargo, indicó que existen otras versiones que vinculan las muertes con incursiones de Sendero Luminoso que buscaría controlar la zona o con autoridades y empresas que se oponen al reconocimiento de los derechos de las poblaciones nativas.
El peligro de las concesiones en otras regiones
El informe que reúne la información expuesta en los últimos meses detalla lo que acurre en provincias como Bagua en Amazonas, Satipo en Junín y Napo en Loreto.
Las operaciones de compañías como Afrodita y otras empresas con concesiones en la frontera con Ecuador, en la Cordillera del Cóndor, han suscitado un escenario de conflicto que confrontan a empresas con los pueblos Awajún y Wampis.
Sin embargo, las diferencias también se producen con el Estado que redujo arbitrariamente el área del Parque Nacional Ichigkat Muja en la Cordillera del Cóndor lo que originó el clima de tensiones entre nativos y empresas.
El pueblo Wampis se ha visto amenazado por la petrolera Maurel et Prom, pues el lote 116 de 658,879.677 hectáreas se superpone a la Zona Reservada Santiago Comaina, en el 36.6 por ciento de su extensión; y a la Reserva Comunal Tuntanain en el 48.5 por ciento.
En Condorcanqui, el lote 116 se superpone aproximadamente a noventa comunidades nativas. En la provincia de Bagua, se superpone al territorio de doce comunidades tituladas sobre una extensión de 10,428 has.
En la región Junín el pueblo Asháninka por medio de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec) protesta a causa de la contaminación minera, la tala ilegal y la demora en la ampliación y titulación de las comunidades en las provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa.
En el territorio asháninka están adjudicadas las siguientes concesiones: lote 57 a REPSOL; lote 131 a CEPSA Perú S.A.; lote 108 a Pluspetrol; lote 58 a Petrobras Energía Perú S.A. y finalmente el lote 174 a Tecpetrol S.A.C.
De otro lado, en Loreto las comunidades de la cuenca media y baja del río Napo vienen realizando reclamos y denuncias públicas por las constantes incursiones de dragas que extraen oro de manera ilegal del río Napo.
El Estado otorgó en junio a la empresa Perenco el derecho de superficie sobre áreas en la provincia de Maynas para instalar un campamento de construcción y realizar operaciones en plataformas de perforación hasta el 2031.
La petrolera pretende transportar diluyentes y crudo diluido en barcazas a través de los ríos Curaray, Napo, Amazonas y Marañón.
Para acceder a mayor información dar clic en el siguiente enlace:
Fuente: SERVINDI
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