.png "English"){kind=small}
En una carta enviada al gobierno peruano, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU solicitó la “suspensión inmediata” de los planes de expansión del proyecto de gas Camisea en la Reserva Nahua-Nanti en el Cusco, porque “amenaza la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas que allí habitan”, algunos en aislamiento voluntario.
La petición se realiza tras el llamado que hicieron al CERD las organizaciones indígenas AIDESEP, ORAU y COMARU, que han iniciando acciones legales contra el gobierno y el consorcio Camisea, formado por la española Repsol, la argentina Pluspetrol y la estadounidense Hunt Oil.
Las empresas tienen previsto realizar pruebas sísmicas, lo cual pasa por detonar miles de explosivos y perforar más de una veintena de pozos de exploración.
Estas operaciones tendrán un impacto devastador en la zona para los habitantes locales, que dependen de la selva y de los animales que viven en ella para sobrevivir. Cualquier contacto con indígenas aislados podría tener consecuencias mortales, advirtieron las organizaciones indígenas.
Tras el llamado de la ONU, el director de Survival International, Stephen Corry, recordó que el 2003 el gobierno peruano aprobó un decreto supremo como condición para un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el que se prohibía cualquier ampliación del proyecto Camisea.
Sin embargo, refirió, el Ministerio de Energía y Minas aprobó parte de la expansión de Camisea en abril de 2012. Además, actualmente este portafolio tiene previsto aprobar inminentemente la siguiente fase de la expansión, con una inversión valorada en US$ 480 millones.
“El gobierno del Perú prometió al Banco Interamericano de Desarrollo que no ampliaría el proyecto Camisea, e incluso aprobó un decreto supremo para convertir la promesa en ley. Ahora está haciendo exactamente lo contrario de lo que dijo. No sorprende que la ONU haya pedido la suspensión de tan irresponsable proyecto”, expresó Corry.
Por su parte, la legisladora cusqueña y miembro de la Comisión de Pueblos Andinos Verónika Mendoza dijo que el gobierno debe ofrecer una rápida respuesta a la solicitud del comité de la ONU.
“Este llamado debe obligar al gobierno a implementar medidas que garanticen la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas. Más allá de esta exigencia urgente se debe poner en agenda el tema de los pueblos indígenas de manera seria y responsable”, subrayó.
Mendoza señaló que ha cursado un oficio a la Comisión de Pueblos Andinos para que se invite a funcionarios del Indepa, del Viceministerio de Interculturalidad y Ministerio de Energía y Minas a fin que expliquen las acciones a tomar ante el llamado de la ONU.
Fatal. Más de la mitad de nahuas murieron por las enfermedades contraídas durante la década del 80 cuando Shell realizaba exploraciones de gas.
Reserva. Se creó en 1990 para proteger los derechos territoriales de los nahuas, nantis y otros pueblos.
La petición se realiza tras el llamado que hicieron al CERD las organizaciones indígenas AIDESEP, ORAU y COMARU, que han iniciando acciones legales contra el gobierno y el consorcio Camisea, formado por la española Repsol, la argentina Pluspetrol y la estadounidense Hunt Oil.
Las empresas tienen previsto realizar pruebas sísmicas, lo cual pasa por detonar miles de explosivos y perforar más de una veintena de pozos de exploración.
Estas operaciones tendrán un impacto devastador en la zona para los habitantes locales, que dependen de la selva y de los animales que viven en ella para sobrevivir. Cualquier contacto con indígenas aislados podría tener consecuencias mortales, advirtieron las organizaciones indígenas.
Tras el llamado de la ONU, el director de Survival International, Stephen Corry, recordó que el 2003 el gobierno peruano aprobó un decreto supremo como condición para un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el que se prohibía cualquier ampliación del proyecto Camisea.
Sin embargo, refirió, el Ministerio de Energía y Minas aprobó parte de la expansión de Camisea en abril de 2012. Además, actualmente este portafolio tiene previsto aprobar inminentemente la siguiente fase de la expansión, con una inversión valorada en US$ 480 millones.
“El gobierno del Perú prometió al Banco Interamericano de Desarrollo que no ampliaría el proyecto Camisea, e incluso aprobó un decreto supremo para convertir la promesa en ley. Ahora está haciendo exactamente lo contrario de lo que dijo. No sorprende que la ONU haya pedido la suspensión de tan irresponsable proyecto”, expresó Corry.
Por su parte, la legisladora cusqueña y miembro de la Comisión de Pueblos Andinos Verónika Mendoza dijo que el gobierno debe ofrecer una rápida respuesta a la solicitud del comité de la ONU.
“Este llamado debe obligar al gobierno a implementar medidas que garanticen la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas. Más allá de esta exigencia urgente se debe poner en agenda el tema de los pueblos indígenas de manera seria y responsable”, subrayó.
Mendoza señaló que ha cursado un oficio a la Comisión de Pueblos Andinos para que se invite a funcionarios del Indepa, del Viceministerio de Interculturalidad y Ministerio de Energía y Minas a fin que expliquen las acciones a tomar ante el llamado de la ONU.
Fatal. Más de la mitad de nahuas murieron por las enfermedades contraídas durante la década del 80 cuando Shell realizaba exploraciones de gas.
Reserva. Se creó en 1990 para proteger los derechos territoriales de los nahuas, nantis y otros pueblos.
Fuente: Revista Oro Negro
0 comentarios:
Publicar un comentario