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Por Grupo Allpa*
El último viernes el Grupo ALLPA, del cual SER es integrante, organizó el Taller de Políticas Públicas para Comunidades Campesinas 2012-2013, con la finalidad de presentar sus aportes sobre el tema e intercambiar opiniones con expertos del sector público y de la sociedad civil, así como de líderes comunales.
En los últimos años, el Grupo ALLPA ha realizado un seguimiento a la actuación del Estado para atender a las comunidades campesinas y a la población originaria en la perspectiva de aportar a su real inclusión al proceso de desarrollo nacional. Presentó su preocupación ya que a manera de balance constata que en los últimos dos años existen pocos indicios de que desde el Estado se avance significativamente en este compromiso.
La Ley de Consulta Previa, algunos planes públicos sobre salud y educación, algunas ordenanzas y acciones regionales a duras penas aceptadas y en muchos casos en proceso de implementación muestran la debilidad con que los gobiernos actuales asumen la atención a los pueblos originarios, a pesar de que el país sigue creciendo económicamente y casi ha duplicado sus ingresos fiscales en los últimos cinco años.
Desde las comunidades hay importantes preocupaciones debido a que no se sienten priorizadas por las políticas públicas, y a pesar de la buena economía del país no han sido visibles las atenciones a sus dificultades económicas y limitadamente vienen accediendo a infraestructura básica y programas sociales. Sin embargo, las inversiones extractivas y las obras de infraestructura se han multiplicado en los territorios comunales sin ser consultados, ni tomados en cuenta.
Fue motivo de la reflexión, ¿por qué en fondos importantes como en los asignados recientemente al Ministerio de Agricultura para el Programa Mi Riego no mencionan el rol de las comunidades campesinas, a pesar de que se conoce que ellas ocupan casi la mitad del territorio andino? Mencionándose que así se quiera evitar a las comunidades estas inversiones públicas van a caer en tierras bajo su conducción, por lo que desde el inicio han debido de ser incluidas posibilitando la potenciación de su actividad agropecuaria.
Esta reunión abrió un interesante diálogo respecto al desarrollo comunal y la institucionalidad a construir para incluir a este importante sector de nuestra población originaria. Entre los aportes de los invitados, señalaron que cuando se habla de desarrollo en comunidades se entiende como inversión para las industrias extractivas. Lo cual es complejo, porque se ven afectados los derechos de las comunidades, lo que produce en la población una sensación de ausencia por parte del Estado.
Por otro lado, existe la percepción de que el Estado en lugar de crecer para la población originaria, como se ha comprometido desde la Constitución y múltiples normas nacionales e internacionales, se reduce y desaparece a veces cuando tiene que atender sus derechos en conflictos que surgen sobre sus tierras y la prestación de servicios públicos.
No existe una institucionalidad clara del Estado para su relación con los pueblos originarios y menos se cumplen compromisos públicos de inversión en ellas, muchas responsabilidades estatales han sido transferidas a los Gobiernos Regionales sin mayores orientaciones y recursos, hasta ahora la Ley de Consulta Previa a los pueblos no ha sido implementada luego de casi año y medio de su promulgación.
Para el 2013 se anuncia una priorización de la atención estatal al sector rural y se ha empezado informando de una importante inversión para el agro andino y la mejora de programas escolares y sociales, así como la implementación a la primera Consulta Previa a pueblos amazónicos.
Se espera que desde el Estado se puedan corregir algunas orientaciones para las políticas públicas y en los próximos meses se pueda atender los temas prioritarios de las comunidades campesinas: fondos públicos para apoyar actividad económica comunal (sistemas y tecnificación de aguas, asistencia técnica agropecuaria, proyectos productivos para potenciar alimentos y recursos andinos, capitalización e inversiones agropecuarias y forestales de largo plazo), seguridad jurídica de las tierras comunales y recursos naturales bajo su conducción, implementación de Ley de consulta de acuerdo al Convenio 169 OIT, institucionalidad del Estado para atender a pueblos originarios (INDEPA, oficinas regionales, fondo indígena, padrón nacional de Comunidades campesinas y nativas y de pueblos originarios, padrón nacional de tierras comunales, cumplimiento de leyes de protección a derechos de comunidades campesinas y nativas y pueblos originarios).
Finalmente, el tema en discusión no es solo un tema del poco impacto que puedan tener las políticas públicas en las comunidades, sino también las estrategias que deben desarrollar las organizaciones representativas de los pueblos para fortalecerse y asimismo relacionarse con los distintos niveles de gobierno para demandar su inclusión en las políticas públicas.
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*El Grupo Allpa es una red de instituciones de la sociedad civil vinculada al trabajo con comunidades campesinas, la propiedad de la tierra y el desarrollo rural, con un enfoque de equidad de género e interculturalidad.
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Fuente: Noticias Ser: http://www.noticiasser.pe/27/02/2013/nacional/debate-sobre-politicas-para-comunidades-campesinas
El último viernes el Grupo ALLPA, del cual SER es integrante, organizó el Taller de Políticas Públicas para Comunidades Campesinas 2012-2013, con la finalidad de presentar sus aportes sobre el tema e intercambiar opiniones con expertos del sector público y de la sociedad civil, así como de líderes comunales.
En los últimos años, el Grupo ALLPA ha realizado un seguimiento a la actuación del Estado para atender a las comunidades campesinas y a la población originaria en la perspectiva de aportar a su real inclusión al proceso de desarrollo nacional. Presentó su preocupación ya que a manera de balance constata que en los últimos dos años existen pocos indicios de que desde el Estado se avance significativamente en este compromiso.
La Ley de Consulta Previa, algunos planes públicos sobre salud y educación, algunas ordenanzas y acciones regionales a duras penas aceptadas y en muchos casos en proceso de implementación muestran la debilidad con que los gobiernos actuales asumen la atención a los pueblos originarios, a pesar de que el país sigue creciendo económicamente y casi ha duplicado sus ingresos fiscales en los últimos cinco años.
Desde las comunidades hay importantes preocupaciones debido a que no se sienten priorizadas por las políticas públicas, y a pesar de la buena economía del país no han sido visibles las atenciones a sus dificultades económicas y limitadamente vienen accediendo a infraestructura básica y programas sociales. Sin embargo, las inversiones extractivas y las obras de infraestructura se han multiplicado en los territorios comunales sin ser consultados, ni tomados en cuenta.
Fue motivo de la reflexión, ¿por qué en fondos importantes como en los asignados recientemente al Ministerio de Agricultura para el Programa Mi Riego no mencionan el rol de las comunidades campesinas, a pesar de que se conoce que ellas ocupan casi la mitad del territorio andino? Mencionándose que así se quiera evitar a las comunidades estas inversiones públicas van a caer en tierras bajo su conducción, por lo que desde el inicio han debido de ser incluidas posibilitando la potenciación de su actividad agropecuaria.
Esta reunión abrió un interesante diálogo respecto al desarrollo comunal y la institucionalidad a construir para incluir a este importante sector de nuestra población originaria. Entre los aportes de los invitados, señalaron que cuando se habla de desarrollo en comunidades se entiende como inversión para las industrias extractivas. Lo cual es complejo, porque se ven afectados los derechos de las comunidades, lo que produce en la población una sensación de ausencia por parte del Estado.
Por otro lado, existe la percepción de que el Estado en lugar de crecer para la población originaria, como se ha comprometido desde la Constitución y múltiples normas nacionales e internacionales, se reduce y desaparece a veces cuando tiene que atender sus derechos en conflictos que surgen sobre sus tierras y la prestación de servicios públicos.
No existe una institucionalidad clara del Estado para su relación con los pueblos originarios y menos se cumplen compromisos públicos de inversión en ellas, muchas responsabilidades estatales han sido transferidas a los Gobiernos Regionales sin mayores orientaciones y recursos, hasta ahora la Ley de Consulta Previa a los pueblos no ha sido implementada luego de casi año y medio de su promulgación.
Para el 2013 se anuncia una priorización de la atención estatal al sector rural y se ha empezado informando de una importante inversión para el agro andino y la mejora de programas escolares y sociales, así como la implementación a la primera Consulta Previa a pueblos amazónicos.
Se espera que desde el Estado se puedan corregir algunas orientaciones para las políticas públicas y en los próximos meses se pueda atender los temas prioritarios de las comunidades campesinas: fondos públicos para apoyar actividad económica comunal (sistemas y tecnificación de aguas, asistencia técnica agropecuaria, proyectos productivos para potenciar alimentos y recursos andinos, capitalización e inversiones agropecuarias y forestales de largo plazo), seguridad jurídica de las tierras comunales y recursos naturales bajo su conducción, implementación de Ley de consulta de acuerdo al Convenio 169 OIT, institucionalidad del Estado para atender a pueblos originarios (INDEPA, oficinas regionales, fondo indígena, padrón nacional de Comunidades campesinas y nativas y de pueblos originarios, padrón nacional de tierras comunales, cumplimiento de leyes de protección a derechos de comunidades campesinas y nativas y pueblos originarios).
Finalmente, el tema en discusión no es solo un tema del poco impacto que puedan tener las políticas públicas en las comunidades, sino también las estrategias que deben desarrollar las organizaciones representativas de los pueblos para fortalecerse y asimismo relacionarse con los distintos niveles de gobierno para demandar su inclusión en las políticas públicas.
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*El Grupo Allpa es una red de instituciones de la sociedad civil vinculada al trabajo con comunidades campesinas, la propiedad de la tierra y el desarrollo rural, con un enfoque de equidad de género e interculturalidad.
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Fuente: Noticias Ser: http://www.noticiasser.pe/27/02/2013/nacional/debate-sobre-politicas-para-comunidades-campesinas
Fuente: SERVINDI
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