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Por sexto año consecutivo se presentó, en conferencia de prensa, el Informe Alternativo sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT elaborado por las organizaciones indígenas amazónicas y andinas del Perú.
Dicho informe se ha realizado con el apoyo de diversas instituciones de la sociedad civil y el respaldo de la Confederación General de Trabajadores (CGTP) en donde se da cuenta de la problemáticas de los pueblos indígenas en el Perú.
Como parte de la presentación estuvo presente Rocío Silva Santisteban, Directora Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), quien se refirió al reglamento de la Ley de Consulta indicando que desmanteló la esperanza sobre una institucionalización clara y efectiva y que ello responde a los intereses de las industrias extractivas, Además, señaló que en los últimos meses la criminalización de la protesta se ha convertido en un problema cada vez más latente.
De otro lado, Alberto Pizango, Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) señaló que los pueblos están cansados de los actos de este gobierno uninacional. Asimismo, sobre la Ley de Consulta agregó que no es viable porque no refleja lo que dice el Convenio 169 de la OIT. “El Estado siempre ha trabajado de espaldas a los pueblos indígenas. “Los pueblos reclaman la titulación de 20 millones de hectáreas desde hace 20 años (…) Nosotros siempre nos hemos reunidos para tratar temas concretos, pero las organizaciones no son escuchadas. Existe una política de imposición”, indicó.
Por su parte, Roger Muro de AIDESEP expuso el caso Purús que se refiere a la construcción de la carretera Puerto Esperanza – Iñapari que afectaría áreas naturales protegidas y reservas territoriales para indígenas en aislamiento voluntario. El Proyecto de Ley que impulsa la construcción de dicha vía ha sido promovido por el congresista Carlos Tubino en el 2011; sin embargo, señala Muro, la mayoría de los pobladores del Purús no están a favor de la construcción de la carretera, al igual que el Ministerio de Ambiente y el Viceministerio de Interculturalidad.
Todo lo expuesto se señala en el informe presentado, además se subraya - dentro de sus once capítulos - la persistencia del Estado en priorizar políticas extractivas por sobre el cumplimiento de la Ley de Consulta y otros derechos de los pueblos indígenas, que ha generado la intensificación de conflictos socio - ambientales, lo cual ha provocado hasta junio de este año quince muertes.
Finalmente, como parte de las conclusiones se indica que el otorgamiento de concesiones mineras sin consulta previa a los pueblos indígenas ha sido una práctica de constante incumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Asimismo, reflexiona sobre los proyectos de hidrocarburos y los conflictos que se generan por este tipo de acciones, la construcción de represas hidroeléctricas en el marco del peligros acuerdo energético con el Brasil y que se dio en el tiempo del ex presidente García y, sobre todo, la situación que viven los pueblos autónomos (aislados) por este tipo de industrias extractivas.
DATOS:
Esta edición es la primera que se presenta dentro del actual gobierno, pues abarca el período de agosto 2011 a julio 2012.
A junio del 2012 más de la cuarta parte del territorio nacional, es decir el 25.3% que equivalen a 25 889 992.35 hectáreas han sido concesionadas.
Fuente. Alerta Perú
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