Desfaciendo el entuerto de la consulta previa

Oportuna y certera Carlincatura de Carlos Tovar. Diario La República

Por Javier La Rosa Calle* 

Señalábamos en un artículo reciente (Los imponderables de la consulta previa en el Perú)(1) que dado el entrampamiento en que se encontraba la aplicación de este mecanismo después de casi dos años del actual periodo gubernamental, eran necesarias ciertas rectificaciones en las partes involucradas en el conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas. 

También mencionábamos que aún era factible convocar a un diálogo sincero que evidenciase la voluntad estatal de corregir aquellos aspectos que los pueblos demandaban o solicitaban aclaración. En este sentido, se requería, especialmente desde los funcionarios estatales la mejor disposición para empezar a dar los primeros pasos. 

Veíamos factible esta posibilidad porque no creíamos que hubiese una total cerrazón desde el sector gubernamental para afrontar de un modo diferente las políticas de aplicación de este mecanismo. Al respecto, se señalaba con cierta razón que nuestro país era el primero de la región latinoamericana en aprobar una ley de consulta previa por unanimidad lo que había merecido el reconocimiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de otros organismos internacionales y que habían condiciones en Puno y Loreto para llevar a cabo procesos de consulta por los gobiernos regionales, con el apoyo del Viceministerio de Interculturalidad(2). 

A ello había que agregar que, a pesar de una serie de errores, en el país ya se habían efectuado procesos de consulta cuando se elaboró el reglamento de dicha ley y mucho más antes cuando se aprobó la Ley Forestal (en este caso ante de la vigencia de la Ley 29785). Había por lo tanto razones para suponer cierta voluntad política para cambiar de rumbo. 

Sin embargo, ¿podía ser esto suficiente? Creemos que no. Adicionalmente se requería otras acciones y en esto si veíamos serios nubarrones que exigían algo más que voluntad para seguir avanzando. Nos referimos a los cambios que debían realizarse al interior del Estado, que en los últimos dos años, no se habían siquiera mencionado por los gestores de ese momento y que por ende vaciaban de contenido cualquier propuesta que intentase decirse seria para hacer realidad la consulta previa. Me referiré a dos situaciones. 

Por un lado, los mínimos esfuerzos para concretar una institucionalidad estatal sobre pueblos indígenas ha sido una evidencia de ello. Difícilmente se podría argumentar que el grupo de trabajo de institucionalidad en materia indígena (creado por resolución ministerial 361-2012-MC) había sido suficiente para afrontar este desafío, más allá de las ocho reuniones sostenidas y de la buena fe de los participantes, de quienes no dudamos. Nos preguntábamos en qué medida se tomaría en cuenta la posición de las principales organizaciones nacionales representativas de los pueblos indígenas que proponen la creación de un ministerio y si tendría el sector Cultura el liderazgo para proponerlo a los demás sectores estatales. 

De otro lado, la forma cómo se había planteado la definición de quiénes eran pueblos indígenas en el Perú ha resultado decepcionante. Primero, por pretender que sea una Base de datos la que establezca quiénes pueden denominarse de este modo, haciéndolo además, de modo restrictivo, sin miramiento a nuestra realidad histórica y social; por último, anunciando que ya no se publicará este documento para evitar problemas y surgimiento de expectativas (3). Aquí no deja de llamar la atención que este tema se haya abordado sin tomar en cuenta las voces de los pueblos indígenas, es decir, que más allá de los criterios legalistas positivistas aquí lo que debía predominar era la opinión de los interesados, esto no ha sido así y se ha producido una discusión donde no han hablado los que debían hablar. 

Todo indica que pronto ingresaremos a una nueva etapa gubernamental, ya se han producido algunos cambios de funcionarios. Esperemos que no se vuelvan a cometer estos errores. 

Notas: 

(1) Ver Revista Ideele N° 229, mayo 2013, pag. 22-23. 

(2) Ver artículo de Iván Lanegra en el diario El Comercio del 20 de mayo de 2013. 

(3) Ver declaraciones de Ministro de Cultura Luis Peirano

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*Javier La Rosa Calle es coordinador del Área sobre Pueblos Indígenas y coordinador del Programa Justicia Viva en el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Profesor ordinario del Departamento Académico de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
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Fuente: Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1059


Fuente: SERVINDI

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