jueves, 30 de mayo de 2013

Leonidas Ramos: “Los gobiernos locales están obligados a informar sobre sus áreas protegidas”

Leonidas Ramos Figueroa, jefe del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMET) Puno
Foto: Diario Los Andes
Cada vez es más frecuente escuchar controversias entre una población y una persona o empresa por títulos de concesión entregados en un territorio intangible; ya sea por tener un importante valor patrimonial o por tratarse de un área natural protegida. Leonidas Ramos Figueroa, jefe del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMET) Puno, explica que estos conflictos podrían evitarse si los gobiernos locales informaran sobre las zonas no permitidas para realizar actividades extractivas.

¿Cuántos títulos de concesión ha entregado el INGEMET en Puno para actividades extractivas?
Aproximadamente 4 mil 500 títulos de concesión entregados principalmente en lo que se refiere a denuncios mineros. Tenemos una herramienta denominada “geocatmin” con la que a través de internet podemos ver el detalle de cada una de éstas.

Pero muchos de estos títulos han sido entregados en áreas naturales protegidas como el Cerro Espinal en Juliaca, ¿no sabían sobre su valor patrimonial?
En este sector se realiza la extracción de materiales no metálicos (cascajo y piedras), pero cuando se entregó los títulos de concesión, éstos no estaban considerados como patrimonio o algo así en el registro del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), entidad con la que cruzamos información antes de entregar las concesiones.

¿Esta dejadez o responsabilidad de quién es?
Tenemos un mapa catastral basándonos en la información de la SERNAP; pero ojo, que quede claro que nosotros sólo entregamos el título de concesión, que es el primer paso, mientras que el consentimiento o la autorización para extraer los recursos ya se los dará el sector del gobierno correspondiente.

¿Bajo qué criterios deben tener ese consentimiento?
Teniendo en cuenta aspectos importantes como el agua, terrenos agrícolas, estudios de impacto ambiental, algunas instancias del Gobierno Regional pueden dar estos consentimientos.

En ese caso, ¿cómo evitar que se den concesiones en áreas protegidas?
Son principalmente los gobiernos locales, como plenos conocedores de su territorio, los que deben alcanzar esta información de forma oficial siguiendo los canales y procedimientos correspondientes para que sean registrados por la SENARP.

¿Esto también involucra a otros sectores?
Sí, podría ser, pero fundamentalmente los gobiernos locales deben velar por la conservación de sus patrimonios y otros puestos en valor, tal vez coordinado con el Ministerio de Cultura y otros afines.

¿Actualmente ustedes tienen algún conflicto con la población por este tema?
No, directamente con nosotros no. Las autorizaciones para operaciones mineras y extracción de recursos no las damos nosotros, sólo entregamos los títulos.

¿Hay forma de mediar para resolver estas controversias de manera consensuada?
La consulta previa seguida por el Tribunal Constitucional, que tiene que ver más con otorgar la licencia social, lamentablemente no es vinculante y una vez que se tenga el título de concesión y la autorización para realizar una actividad extractiva.


Fuente: Diario Los Andes

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