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| Foto: Internet/referencial |
Unos 800 mineros que se dedican a la explotación de metales en forma ilegal en la región Cusco se resisten al proceso de formalización iniciado por el gobierno central. La mayoría posee concesiones en el distrito de Camanti, provincia de Quispicanchi, límite con la región Madre de Dios, donde generan contaminación y han empezado a depredar grandes extensiones de bosques.
A fines de 2012, una comisión integrada por representantes de la Fiscalía del Medio Ambiente, la Gobernación de Cusco y del gobierno central, viajaron a Camanti donde verificaron que cientos de hectáreas fueron destruidas por la actividad mineral informal. Además de Camanti hay fuerte actividad informal en las provincias altas como Chumbivilcas y Canas.
En la otra orilla se encuentran 2 mil 800 mineros, quienes se han acogido al proceso de formalización de sus concesiones. A este grupo de mineros la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) ha empezado a capacitarlos para que reúnan toda la documentación y los requisitos para la formalización.
El director de la DREM, José Huamán Velasco, señaló que los mineros que actualmente explotan minerales al margen de la ley en Camanti han sido conminados para que se sometan a las leyes, empero hay una rebeldía de parte de los empresarios.
Advirtió que si no inician el proceso de formalización hasta el 5 de setiembre, las autoridades empezarán con las acciones de interdicción que pasa por la incautación de maquinaria pesada y denuncias penales. Para tal fin coordina con la Fiscalía del Medio Ambiente y organismos del gobierno central.
“El tiempo se acorta, el 5 de setiembre vence el plazo para solicitar la formalización y el 5 de octubre para entregar toda la documentación requerida”, recordó Huamán. El proceso de formalización empieza con la solicitud de parte del minero, denominada “declaración de compromisos”, ante la Dirección Regional de Energía y Minas de cada región.
Una vez recibida la petición tienen 30 días para entregar el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC). Adicionalmente deben presentar la declaración de compromisos, acreditación de titularidad o contrato de cesión o explotación, y acreditación de propiedad o autorización del uso de terreno superficial. De igual forma, medidas de mitigación para que las operaciones no generen contaminación ambiental.
Los mineros que no presenten todos esos documentos hasta el 5 de octubre serán objeto de cancelación de la “declaración de compromisos”. Por consiguiente, el trámite de formalización también será anulado. La formalización concluye cuando el IGAC y los otros documentos son aprobados por el Ministerio de Energía y Minas.
A fines de 2012, una comisión integrada por representantes de la Fiscalía del Medio Ambiente, la Gobernación de Cusco y del gobierno central, viajaron a Camanti donde verificaron que cientos de hectáreas fueron destruidas por la actividad mineral informal. Además de Camanti hay fuerte actividad informal en las provincias altas como Chumbivilcas y Canas.
En la otra orilla se encuentran 2 mil 800 mineros, quienes se han acogido al proceso de formalización de sus concesiones. A este grupo de mineros la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) ha empezado a capacitarlos para que reúnan toda la documentación y los requisitos para la formalización.
El director de la DREM, José Huamán Velasco, señaló que los mineros que actualmente explotan minerales al margen de la ley en Camanti han sido conminados para que se sometan a las leyes, empero hay una rebeldía de parte de los empresarios.
Advirtió que si no inician el proceso de formalización hasta el 5 de setiembre, las autoridades empezarán con las acciones de interdicción que pasa por la incautación de maquinaria pesada y denuncias penales. Para tal fin coordina con la Fiscalía del Medio Ambiente y organismos del gobierno central.
“El tiempo se acorta, el 5 de setiembre vence el plazo para solicitar la formalización y el 5 de octubre para entregar toda la documentación requerida”, recordó Huamán. El proceso de formalización empieza con la solicitud de parte del minero, denominada “declaración de compromisos”, ante la Dirección Regional de Energía y Minas de cada región.
Una vez recibida la petición tienen 30 días para entregar el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC). Adicionalmente deben presentar la declaración de compromisos, acreditación de titularidad o contrato de cesión o explotación, y acreditación de propiedad o autorización del uso de terreno superficial. De igual forma, medidas de mitigación para que las operaciones no generen contaminación ambiental.
Los mineros que no presenten todos esos documentos hasta el 5 de octubre serán objeto de cancelación de la “declaración de compromisos”. Por consiguiente, el trámite de formalización también será anulado. La formalización concluye cuando el IGAC y los otros documentos son aprobados por el Ministerio de Energía y Minas.
Fuente: Diario La República
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