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CUESTIONADA. Carmen Vargas hizo operativo de incautación en zona que ahora no sabe si le pertenece al Perú o Bolivia. Pide devolver maquinaria a mineros de vecino país que contaminaron lago Titicaca con sus actividades informales.
La fiscal de Delitos Aduaneros, Carmen Vargas Palomino, solicitó al juzgado de Investigación Preparatoria de Huancané se devuelva la maquinaria pesada incautada a mineros informales bolivianos que ingresaron a territorio peruano a explotar oro entre los hitos 17 y 19, que divide ambas naciones.
El operativo se efectuó el 17 de agosto de 2012 con la certeza que el área en que se decomisaron los equipos era suelo nacional, en una zona ubicada a media hora del distrito de Cojata, provincia de Huancané, al sur de la ciudad de Puno.
La confiscación fue ordenada por Vargas Palomino.
Sin embargo, 7 meses después de esa acción, con fecha 15 de marzo, la fiscal solicitó al juzgado de Huancané se devuelvan tres cargadores frontales y un volquete a los mineros bolivianos. La maquinaria era utilizada para remover tierra, la cual era lavada a chorros de agua para captar el oro. Las unidades son parte de un lote de seis cargadores frontales, tres volquetes y un generador de energía que fueron incautados.
El argumento de Vargas resulta paradójico. Sostiene que al no haberse podido establecer si el área de intervención es de Perú o de Bolivia, corresponde devolver la maquinaria a sus dueños.
“Entonces, para qué intervino sino sabía qué territorio estaba pisando. Deben investigarla. Ha hecho mal su trabajo. Se violó el debido proceso”, cuestionó el penalista José Antonio Gutiérrez.
El juzgado de Investigación Preparatoria de Huancané ha respondido a la fiscal que individualice a los propietarios para su respectiva entrega. En respuesta, Vargas ha planteado que la entrega se efectúe vía la cancillería peruana.
La República buscó la versión de Vargas Palomino. Vía telefónica y en tono desafiante, dijo que quienes cuestionan su posición lo hagan en audiencia, en alusión a la posición de las autoridades comunales de Cojata, que han expresado su rechazo porque se les devolverá a los mineros la maquinaria con que contaminaron el lago Titicaca.
Según los comuneros, la zona de explotación es territorio peruano, pero se encuentra tomada por bolivianos. La versión fue corroborada en su momento por Relaciones Exteriores y Gobierno Regional.
CLAVE
Carmen Vargas no quiso pronunciarse sobre el cuestionamiento de por qué intervino si consideraba que era suelo boliviano. “Yo no me atrevería a decir ello, menos a una persona que no ha estado en el operativo”, dijo ofuscada.
No quiso explicar cómo dirigió un operativo que se gestó asumiendo la idea que había ingresado al Perú maquinaria pesada violando controles aduaneros.
Wilfredo Flores Quispe, secretario del comité ambiental de Cojata, consideró que el proceder de la fiscal Carmen Vargas es cuestionable, porque el Ministerio Público debe contribuir a luchar contra la minería ilegal y la afectación al ambiente.
Fuente: Diario La República
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