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Un grupo de instituciones de la sociedad civil expresó su preocupación por lo que llamaron una "marcha atrás" de parte del gobierno respecto a la implementación de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas.
A través de un pronunciamiento, las entidades exhortan al Poder Ejecutivo a reconsiderar su posición en torno al derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que los afecten, tales como el otorgamiento de concesiones o de autorizaciones para la extracción de minerales o hidrocarburos.
"Las declaraciones del presidente Ollanta Humala a la prensa donde da a entender que la consulta es un derecho solo de las comunidades nativas. Esto expresa la intención del gobierno de restringir el derecho a la consulta solo a una parte de los pueblos indígenas, excluyendo otras comunidades indígenas, como por ejemplo las de la sierra peruana", reza el texto.
Así mismo, las organizaciones cuestionan el anuncio reciente del gobierno de impulsar al menos 14 proyectos mineros en la sierra sin consulta previa. "Esta decisión debe ser revisada porque los proyectos están ubicados en zonas alto-andinas ocupadas por comunidades campesinas que deberían ser consultadas. El que no se les consulte sobre estos proyectos de inversión supondría desconocer su condición de pueblos indígenas u originarios, así como los derechos que les asisten".
De otro lado, se señala que "el hecho de que hasta la fecha no se dé a conocer la base de datos de pueblos indígenas puede interpretarse como un indicador de la falta de voluntad política para implementar la consulta".
"El Perú tiene el desafío y el deber de implementar la consulta previa a los pueblos indígenas, con estándares que permitan un ejercicio real de sus derechos y la expresión de sus intereses. De lo contrario, estaremos nuevamente ante un mecanismo formal, como tantos otros, que no se constituyen en canales institucionales para un diálogo real entre dichas poblaciones y el Estado".
"Por todo ello, invocamos respetuosamente al gobierno del Presidente Ollanta Humala a reconsiderar su posición y a establecer los cimientos de una institucionalidad estatal indígena, propiciando un procedimiento de consulta previa que respete las normas internacionales, así como las particularidades socioculturales de los diferentes pueblos indígenas del país", concluye el pronunciamiento.
El documento está suscrito por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), CooperAcción, Derecho Ambiente Recursos Naturales (DAR), FEDEPAZ, Instituto de Defensa Legal (IDL), Programa Democracia y Transformación Global (PDTG), Red Muqui, Solsticio Perú y Oxfam.
Fuente: Alerta Perú
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