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La aplicación de la ley de la consulta previa en Loreto será el primer ensayo para saber de qué manera puede contribuir a la solución de los conflictos sociales por actividades extractivas y medio ambiente, aunque no será la panacea para resolverlos. LA PRIMERA presenta un panorama de estos conflictos en la Amazonía, así como las iniciativas locales que buscan mayor participación de los pueblos indígenas.
Los sucesos del 5 de junio del 2009, conocidos como el “Baguazo”, marcaron el clímax de los conflictos sociales por actividades extractivas, un tema recurrente desde el restablecimiento de la democracia en el Perú.
A partir de ese momento comenzó la presión de un sector de la ciudadanía, preocupado por el talante que alcanzó esta situación, para que el Perú apruebe una norma referida a la Consulta Previa, que no existía en el país, pese a que el Estado había ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en 1994.
Como es sabido, el gobierno de Ollanta Humala aprobó dicha ley en agosto del 2011, lo cual abrió una luz al final de túnel en que se encontraba esta problemática. Sin embargo, los virajes en el régimen generaron que su reglamentación final no fuera bien vista por algunos activistas ambientales, de derechos humanos, y por los mismos representantes de las comunidades campesinas e indígenas
No obstante estos reparos, la ley 29785 existe y su primera aplicación será efectiva en el primer proceso de consulta nacional, dispuesto por el viceministerio de Interculturalidad el 30 de agosto del 2012 para resolver la polémica por la explotación del Lote petrolero 192, ex 1AB, en la región Loreto. Sin duda será un primer medidor sobre cuán efectiva puede ser esta norma ante los conflictos.
Pero este conflicto es solo uno de los 17 conflictos registrados en la Amazonía en diciembre del 2012, según informó el antropólogo Miguel Valderrama, coordinador del proyecto “Mitigación de Conflictos y Desarrollo de la Amazonía”, durante la presentación del segundo informe semestral del Observatorio de Conflictos Socioambientales Amazónicos, el pasado 7 de febrero.
LOS CONFLICTOS
En su exposición, Valderrama se centró en cuatro conflictos amazónicos: el del pueblo quechua del río Napo, en el distrito de Napo, en la región Loreto; los pueblos awajún y wampis en Bagua y Condorcanqui, en Amazonas; los pueblos Ashaninka y Katinte, en la selva central de Junín; y el pueblo quechua en las provincias de Lamas y San Martín, en la región San Martín.
Sobre el conflicto en el río Napo, el también integrante de Cooperacción (organización no gubernamental organizadora del conversatorio) explicó que la autorización dada a la empresa agroindustrial Young Living Essential Oils Perú S.A.C. ha generado resistencias en la comunidad quechua Libertador, que agrupa a las comunidades Nuevo Libertador, Vista Hermosa y Santa Elena.
Estas comunidades tienen la desventaja de no estar tituladas, pero al ser reconocidas como pueblos indígenas “tienen derecho sobre el territorio”. Por ello, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela (Feconamncua), Richard Rubio, envió una carta al gobierno regional de Loreto pidiendo explicación por la concesión, pero estos respondieron que el territorio “es de libre disponibilidad”.
Además de esta concesión inconsulta, hay evidencias de que hay una contaminación creciente, que afecta a los 50 mil ciudadanos que habitan en la ribera de este afluente loretano.
En cuanto al conflicto en Bagua, Valderrama señaló que aunque hubo un derrame de petróleo en las quebradas Suwants y Chiagku, la Fiscalía de Medio Ambiente reconoció los reclamos de los pueblos indígenas. Hubo una remediación al derrame, pero no benefició a la comunidad Shawi. La Adjuntía del Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo pidió la intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros en el caso.
Sobre el pueblo Katinte, esta comunidad mantiene una polémica con la transnacional Repsol luego de los hallazgos de yacimientos gasíferos en el Lote 57, en territorio de los pueblos indígenas. La comunidad Katinte considera, pese a los intentos de diálogo, “que el Estado es poco eficiente” y tiene la percepción “de que está de espaldas a la población”.
En líneas generales, Valderrama manifestó que el Estado “debe prestar atención a las demandas de las comunidades” y que la prevención de conflictos “es indispensable en procesos de consulta”. Agregó que un aspecto común “es que el Estado y las empresas están casi siempre del mismo lado, y los pueblos indígenas del otro, con una contraposición y objetivos e intereses distintos sobre los recursos naturales”.
EXPERIENCIAS DE CONSULTA LOCAL
Durante el foro, el abogado Fermín Tiwi, integrante de la comunidad indígena awajún y representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), expuso sobre lo logrado en cuanto a la ordenanza regional de consulta previa en la región Amazonas, así como la experiencia trunca con sus vecinos de San Martín.
Sobre esta última región, recordó que el gobierno regional firmó el acta de Catacachi para aprobar una norma en ese sentido, en medio de un proceso con organizaciones indígenas, “pero se dio en paralelo con la ley nacional”. Por ello, el viceministerio de Interculturalidad sentenció que solo debían adecuarse a la ley promulgada el año pasado.
Sin embargo, en Amazonas la experiencia es distinta. “Después del ‘Baguazo’, hemos buscado caminos democráticos, porque se piensa que solo buscamos la protesta y el bloqueo de carreteras”, expresó Tiwi, quien reveló que se organizaron en un comité para impulsar una iniciativa de ordenanza regional.
El presidente de este comité fue Luis Huachupa, quien el 24 de octubre del 2011 solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) formatos para realizar esta iniciativa. La ONPE respondió, el 14 de setiembre de aquel año, remitiendo el pedido a su Oficina General de Asesoría Jurídica, que determinó que no había impedimento legal, y que era procedente la compra de un kit para este fin.
Tras la compra del kit y la recolección de firmas, que sumaron un total de 4,370 adherentes en 437 planillas, el 18 de marzo del 2012 se pidió ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el inicio del proceso de formación de ordenanza regional para derecho de los indígenas a la consulta previa.
La secretaría general del JNE remitió al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que haga la verificación de las firmas para iniciar el proceso. El 24 de abril del 2012, el Reniec expresó conformidad con el proceso, al declarar como válidas 2,977 firmas, que superaron la cifra requerida.
Finalmente, el JNE apoderó, el 4 de mayo de ese año, a Isaac Ruiz Shikai para que presente ante el gobierno regional de Amazonas la iniciativa ciudadana de ordenanza regional de consulta previa. Esto fue aprobado por los consejeros regionales, y solo falta la firma del presidente regional, José Arista.
Tras su exposición, Tiwi dijo que los pueblos indígenas “han entendido que cuando dialogamos, las cosas resultan bien”, y que estos “necesitan de las instituciones”. Al mismo tiempo, expresó que el Estado no debe ver los conflictos “como problema de los indígenas, sino como problema del estado peruano, y por ende de todos”, e invocó “a romper con esta discriminación”.
Esta iniciativa en Amazonas está a punto de llegar a buen puerto, y podría influir en otras regiones con similar problemática. Sin embargo, solo tiene alcance regional, y habrá que ver cómo trabaja el Estado en conflictos en los que tiene un papel importante por ser, muchas veces, actor directo por hacer las concesiones, en el marco de la existencia plena de una ley nacional sobre consulta previa.
INDÍGENAS SE VEN AMENAZADOS. El antropólogo Miguel Valderrama, coordinador del proyecto “Mitigación de Conflictos y Desarrollo de la Amazonía”, dijo que los conflictos surgen “porque los pueblos indígenas ven amenazados a sus territorios y recursos” ante las concesiones extractivas, y dijo que la falta de atención de estos “propicia estos escenarios”.
CONTROVERSIA SOBRE ORGANISMO REGULADOR. Valderrama indicó que no está claro si es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del Ministerio del Ambiente; o el Organismo Supervisor de la Inversión en energía y Minería (OSINERGMIN), del Ministerio de energía y Minas; el encargado de reconocar los territorios con presencia de suelos contaminados y pasivos dejados por empresas extractivas.
DIÁLOGO ES PARA ENTENDERNOS. Fermín Tiwi, representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), afirmó que con la aprobación del proyecto de ordenanza regional de consulta previa en Amazonas “podemos lograr grandes cosas”. “No esperemos que el otro nos entienda, sino que todos nos tenemos que entender”, afirmó el también representante de la comunidad awajún sobre los futuros diálogos.
Los sucesos del 5 de junio del 2009, conocidos como el “Baguazo”, marcaron el clímax de los conflictos sociales por actividades extractivas, un tema recurrente desde el restablecimiento de la democracia en el Perú.
A partir de ese momento comenzó la presión de un sector de la ciudadanía, preocupado por el talante que alcanzó esta situación, para que el Perú apruebe una norma referida a la Consulta Previa, que no existía en el país, pese a que el Estado había ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en 1994.
Como es sabido, el gobierno de Ollanta Humala aprobó dicha ley en agosto del 2011, lo cual abrió una luz al final de túnel en que se encontraba esta problemática. Sin embargo, los virajes en el régimen generaron que su reglamentación final no fuera bien vista por algunos activistas ambientales, de derechos humanos, y por los mismos representantes de las comunidades campesinas e indígenas
No obstante estos reparos, la ley 29785 existe y su primera aplicación será efectiva en el primer proceso de consulta nacional, dispuesto por el viceministerio de Interculturalidad el 30 de agosto del 2012 para resolver la polémica por la explotación del Lote petrolero 192, ex 1AB, en la región Loreto. Sin duda será un primer medidor sobre cuán efectiva puede ser esta norma ante los conflictos.
Pero este conflicto es solo uno de los 17 conflictos registrados en la Amazonía en diciembre del 2012, según informó el antropólogo Miguel Valderrama, coordinador del proyecto “Mitigación de Conflictos y Desarrollo de la Amazonía”, durante la presentación del segundo informe semestral del Observatorio de Conflictos Socioambientales Amazónicos, el pasado 7 de febrero.
LOS CONFLICTOS
En su exposición, Valderrama se centró en cuatro conflictos amazónicos: el del pueblo quechua del río Napo, en el distrito de Napo, en la región Loreto; los pueblos awajún y wampis en Bagua y Condorcanqui, en Amazonas; los pueblos Ashaninka y Katinte, en la selva central de Junín; y el pueblo quechua en las provincias de Lamas y San Martín, en la región San Martín.
Sobre el conflicto en el río Napo, el también integrante de Cooperacción (organización no gubernamental organizadora del conversatorio) explicó que la autorización dada a la empresa agroindustrial Young Living Essential Oils Perú S.A.C. ha generado resistencias en la comunidad quechua Libertador, que agrupa a las comunidades Nuevo Libertador, Vista Hermosa y Santa Elena.
Estas comunidades tienen la desventaja de no estar tituladas, pero al ser reconocidas como pueblos indígenas “tienen derecho sobre el territorio”. Por ello, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela (Feconamncua), Richard Rubio, envió una carta al gobierno regional de Loreto pidiendo explicación por la concesión, pero estos respondieron que el territorio “es de libre disponibilidad”.
Además de esta concesión inconsulta, hay evidencias de que hay una contaminación creciente, que afecta a los 50 mil ciudadanos que habitan en la ribera de este afluente loretano.
En cuanto al conflicto en Bagua, Valderrama señaló que aunque hubo un derrame de petróleo en las quebradas Suwants y Chiagku, la Fiscalía de Medio Ambiente reconoció los reclamos de los pueblos indígenas. Hubo una remediación al derrame, pero no benefició a la comunidad Shawi. La Adjuntía del Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo pidió la intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros en el caso.
Sobre el pueblo Katinte, esta comunidad mantiene una polémica con la transnacional Repsol luego de los hallazgos de yacimientos gasíferos en el Lote 57, en territorio de los pueblos indígenas. La comunidad Katinte considera, pese a los intentos de diálogo, “que el Estado es poco eficiente” y tiene la percepción “de que está de espaldas a la población”.
En líneas generales, Valderrama manifestó que el Estado “debe prestar atención a las demandas de las comunidades” y que la prevención de conflictos “es indispensable en procesos de consulta”. Agregó que un aspecto común “es que el Estado y las empresas están casi siempre del mismo lado, y los pueblos indígenas del otro, con una contraposición y objetivos e intereses distintos sobre los recursos naturales”.
EXPERIENCIAS DE CONSULTA LOCAL
Durante el foro, el abogado Fermín Tiwi, integrante de la comunidad indígena awajún y representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), expuso sobre lo logrado en cuanto a la ordenanza regional de consulta previa en la región Amazonas, así como la experiencia trunca con sus vecinos de San Martín.
Sobre esta última región, recordó que el gobierno regional firmó el acta de Catacachi para aprobar una norma en ese sentido, en medio de un proceso con organizaciones indígenas, “pero se dio en paralelo con la ley nacional”. Por ello, el viceministerio de Interculturalidad sentenció que solo debían adecuarse a la ley promulgada el año pasado.
Sin embargo, en Amazonas la experiencia es distinta. “Después del ‘Baguazo’, hemos buscado caminos democráticos, porque se piensa que solo buscamos la protesta y el bloqueo de carreteras”, expresó Tiwi, quien reveló que se organizaron en un comité para impulsar una iniciativa de ordenanza regional.
El presidente de este comité fue Luis Huachupa, quien el 24 de octubre del 2011 solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) formatos para realizar esta iniciativa. La ONPE respondió, el 14 de setiembre de aquel año, remitiendo el pedido a su Oficina General de Asesoría Jurídica, que determinó que no había impedimento legal, y que era procedente la compra de un kit para este fin.
Tras la compra del kit y la recolección de firmas, que sumaron un total de 4,370 adherentes en 437 planillas, el 18 de marzo del 2012 se pidió ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el inicio del proceso de formación de ordenanza regional para derecho de los indígenas a la consulta previa.
La secretaría general del JNE remitió al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que haga la verificación de las firmas para iniciar el proceso. El 24 de abril del 2012, el Reniec expresó conformidad con el proceso, al declarar como válidas 2,977 firmas, que superaron la cifra requerida.
Finalmente, el JNE apoderó, el 4 de mayo de ese año, a Isaac Ruiz Shikai para que presente ante el gobierno regional de Amazonas la iniciativa ciudadana de ordenanza regional de consulta previa. Esto fue aprobado por los consejeros regionales, y solo falta la firma del presidente regional, José Arista.
Tras su exposición, Tiwi dijo que los pueblos indígenas “han entendido que cuando dialogamos, las cosas resultan bien”, y que estos “necesitan de las instituciones”. Al mismo tiempo, expresó que el Estado no debe ver los conflictos “como problema de los indígenas, sino como problema del estado peruano, y por ende de todos”, e invocó “a romper con esta discriminación”.
Esta iniciativa en Amazonas está a punto de llegar a buen puerto, y podría influir en otras regiones con similar problemática. Sin embargo, solo tiene alcance regional, y habrá que ver cómo trabaja el Estado en conflictos en los que tiene un papel importante por ser, muchas veces, actor directo por hacer las concesiones, en el marco de la existencia plena de una ley nacional sobre consulta previa.
INDÍGENAS SE VEN AMENAZADOS. El antropólogo Miguel Valderrama, coordinador del proyecto “Mitigación de Conflictos y Desarrollo de la Amazonía”, dijo que los conflictos surgen “porque los pueblos indígenas ven amenazados a sus territorios y recursos” ante las concesiones extractivas, y dijo que la falta de atención de estos “propicia estos escenarios”.
CONTROVERSIA SOBRE ORGANISMO REGULADOR. Valderrama indicó que no está claro si es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del Ministerio del Ambiente; o el Organismo Supervisor de la Inversión en energía y Minería (OSINERGMIN), del Ministerio de energía y Minas; el encargado de reconocar los territorios con presencia de suelos contaminados y pasivos dejados por empresas extractivas.
DIÁLOGO ES PARA ENTENDERNOS. Fermín Tiwi, representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), afirmó que con la aprobación del proyecto de ordenanza regional de consulta previa en Amazonas “podemos lograr grandes cosas”. “No esperemos que el otro nos entienda, sino que todos nos tenemos que entender”, afirmó el también representante de la comunidad awajún sobre los futuros diálogos.
Fuente: Diario La Primera
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