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| Foto: Internet |
Por: Aída Gamboa Balbín
El Perú, al ratificar el Convenio 169 de la OIT, se comprometió a adecuar su legislación nacional de acuerdo al Convenio, a desarrollar acciones sistemáticas y coordinadas con participación indígena para proteger sus derechos e integridad (Art. 2) y asegurar que existan instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a estos pueblos, con los medios necesarios para cumplir sus funciones (Art. 33).
Los pueblos indígenas del país demandan una institucionalidad que permita su participación efectiva en las estructuras políticas y normativas del Estado, debido a los fracasos anteriores como SETAI, CONAPA e INDEPA. ¿Qué se está haciendo por cumplir el Convenio 169 y construir una institucionalidad indígena?
En octubre del 2012 se creó un Grupo de Trabajo de Institucionalidad Indígena en materia de Pueblos Indígenas en el Viceministerio de Interculturalidad (RM 361-2012-MC), sin embargo, este espacio no fue consultado con los pueblos indígenas a nivel nacional ni regional, no es de carácter vinculante ni multisectorial, los pueblos no tienen poder de decisión y no tiene un rango político- administrativo que posibilite la toma de decisiones entre los pueblos con el Poder Ejecutivo.
Ante ello, se hace necesaria la existencia de una entidad rectora autónoma en materia indígena con la capacidad de incorporar el enfoque intercultural en el Estado, que cumpla con tener: 1) cogestión entre Estado-Pueblos Indígenas para formular, aprobar, ejecutar y evaluar políticas dirigidas a los pueblos, 2) autonomía técnica, administrativa y económica, 3) representantes indígenas por lo menos en la misma cantidad que los del Estado, elegidos por los pueblos mediante sus formas representativas, 4) poder de decisión con la facultad real de incidir en el proceso de decisiones, 5) transversalización en la creación de políticas públicas, 6) presencia y coordinación en los tres niveles de gobierno y 7) presupuesto propio.
Finalmente, queda pendiente una reforma estatal que permita incorporar a los pueblos indígenas en todos los poderes, niveles y sectores del Estado para la creación de políticas que garanticen sus derechos. Necesitamos un nuevo pacto indígena-Estado.
El Perú, al ratificar el Convenio 169 de la OIT, se comprometió a adecuar su legislación nacional de acuerdo al Convenio, a desarrollar acciones sistemáticas y coordinadas con participación indígena para proteger sus derechos e integridad (Art. 2) y asegurar que existan instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a estos pueblos, con los medios necesarios para cumplir sus funciones (Art. 33).
Los pueblos indígenas del país demandan una institucionalidad que permita su participación efectiva en las estructuras políticas y normativas del Estado, debido a los fracasos anteriores como SETAI, CONAPA e INDEPA. ¿Qué se está haciendo por cumplir el Convenio 169 y construir una institucionalidad indígena?
En octubre del 2012 se creó un Grupo de Trabajo de Institucionalidad Indígena en materia de Pueblos Indígenas en el Viceministerio de Interculturalidad (RM 361-2012-MC), sin embargo, este espacio no fue consultado con los pueblos indígenas a nivel nacional ni regional, no es de carácter vinculante ni multisectorial, los pueblos no tienen poder de decisión y no tiene un rango político- administrativo que posibilite la toma de decisiones entre los pueblos con el Poder Ejecutivo.
Ante ello, se hace necesaria la existencia de una entidad rectora autónoma en materia indígena con la capacidad de incorporar el enfoque intercultural en el Estado, que cumpla con tener: 1) cogestión entre Estado-Pueblos Indígenas para formular, aprobar, ejecutar y evaluar políticas dirigidas a los pueblos, 2) autonomía técnica, administrativa y económica, 3) representantes indígenas por lo menos en la misma cantidad que los del Estado, elegidos por los pueblos mediante sus formas representativas, 4) poder de decisión con la facultad real de incidir en el proceso de decisiones, 5) transversalización en la creación de políticas públicas, 6) presencia y coordinación en los tres niveles de gobierno y 7) presupuesto propio.
Finalmente, queda pendiente una reforma estatal que permita incorporar a los pueblos indígenas en todos los poderes, niveles y sectores del Estado para la creación de políticas que garanticen sus derechos. Necesitamos un nuevo pacto indígena-Estado.
Fuente: Diario La Primera
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