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Indígenas y colectivos sociales celebraron la decisión histórica del tribunal federal de Brasil que paraliza las obras de la hidroeléctrica de Belo Monte hasta que no se cumpla con la consulta previa a los indígenas que serían afectados.
La Quinta Sala del Tribunal Federal de la Primera Región declaró nulo el pasado 13 de agosto el Decreto Legislativo nº 788 de 2005 del Congreso que dio licencia a la construcción de la gigante hidroeléctrica, incluso antes de que se haya finalizado el estudio de impacto ambiental (EIA).
La Constitución Federal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –que fue adoptado por Brasil en el 2002- contemplan que los proyectos en las tierras indígenas sólo pueden ser autorizados, previa consulta con las comunidades afectadas. El tribunal federal se basó en ello en su sentencia.
Ahora, el proyecto solo podrá ser reanudado con la anuencia de los indígenas, quienes tienen poder de veto en el caso. La consulta deberá ser ejecutada por el Congreso Nacional.
Según señaló el juez Antônio de Souza Prudente, el Congreso no realizó las consultas necesarias, sino que se realizaron consultas por medio de otras instituciones estatales.
“La Constitución brasileña no autoriza un estudio posterior, sino un estudio previo. No podemos aceptar esta dictadura que vemos en Brasil. Se hace una obra y se pregunta después”, indicó el juez en la presentación de la sentencia.
Además calificó de dictadura el hecho de realizar las consultas después de aprobadas e incluso, ejecutadas. “Las comunidades indígenas necesitan ser oídas y respetadas”, agregó.
Multa si es que continúan las obras
La sentencia del tribunal contempla la sanción a la empresa Energía Norte de hasta U$S 500 000 dólares diarios si es que se continúan con las obras en la represa.
Mientras tanto, la Energía del Norte, ha señalado mediante un comunicado que las consultas se hicieron y que ninguna comunidad se verá directamente afectada por Belo Monte, a pesar de que se planea reducir en un 80% el flujo de la Volta Grande do Xingu, un tramo donde el río abastece las comunidades indígenas y ribereñas.
“Las comunidades indígenas de la región siempre han sido consultados y sus opiniones respetadas en el diseño del proyecto”, señala la empresa.
Las consecuencias de Belo Monte
Si es que el proyecto se llevase a cabo se tendría que inundar cerca de 500 kilómetros cuadrados, lo cual afectaría directa e indirectamente a 66 municipios cercanos.
Sin embargo, el Gobierno de Dilma Rousseff argumenta que gracias a esta obra se logrará responder a la fuerte demanda energética existente en Brasil.
De manera que el reciente fallo del tribunal dificulta además el cumplimiento el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), un plan que pretende, entre otras medidas, renovar la infraestructura energética, social y urbana del país.
Tras el anuncio de la decisión, la empresa Norte Energía amenazó que de un “el primer perjudicado con una eventual paralización de las obras será Brasil.
Fuente: SERVINDI
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