miércoles, 31 de julio de 2013

Destrabando la consulta

Foto: Internet
Por: Mario Zuñiga Lossio

A casi dos años de aprobada la Ley de Consulta Previa, y más un año de vigencia de la Ley y su reglamento, la implementación del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas sigue siendo un reto para el Estado.

El Informe Final del Grupo de Trabajo del seguimiento a la implementación de la Ley de Consulta, aprobado el pasado 4 de julio por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, precisa que en el sector Energía y Minas la implementación de este derecho ha sido frenado desde el Estado por aspectos como el ocio legislativo, y por omisiones de derecho interno y actos estatales que evidenciarían el incumplimiento del Estado de obligaciones internacionales contenidas en el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia vinculante. Aspectos que, de mantenerse, generarán no solo desconfianza y conflictividad, afectando el clima de inversiones y los derechos de los pueblos indígenas, sino también se constituirán en causal de responsabilidad internacional para el Estado peruano.

El informe muestra casos específicos como el del Lote 192 en Loreto, ad portas de consulta. En dicho lote las organizaciones indígenas no se oponen a la actividad extractiva, pero sí exigen la restauración de sus territorios afectados por los impactos de 40 años de actividad petrolera, y la compensación e indemnización por sus derechos vulnerados, lo que demanda acciones y compromisos estatales que deben ser atendidos de manera previa y/o simultánea al proceso de la consulta, para asegurar la realización efectiva de ésta.

Tres retos para la implementación de la consulta en hidrocarburos, a ser abordados antes de la nueva ronda de licitación, serán el entendimiento de la consulta como proceso, el ajuste del procedimiento de consulta en sí y la mejora de la normativa para su adecuada implementación.

Esto ya se está dando, por ejemplo, con la propuesta de la organización indígena Kukama Kukamiria ACODECOSPAT (Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca), presentada este mes de julio a las autoridades, que señala condiciones mínimas para implementar la consulta, y recomendaciones para mejorar el proceso y procedimiento para su aplicación.                       


Fuente: Diario La Primera

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