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| Imagen: Celendín Libre |
Por la Defensa del Río Marañón y nuestros derechos se titula el pronunciamiento.
Organizaciones campesinas de la provincia de Celendín, en Cajamarca, exigieron al Ministerio de Energía y Minas invalidar los talleres y audiencias sobre la hidroeléctrica Chadín II, realizados por la empresa brasilera AC Energía SA, porque aseguran que fueron irregulares y violentaron derechos indígenas.
Tras los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos durante la audiencia del proyecto hidroeléctrico Chadín II, el pasado 5 de julio en la localidad de Cortegana, la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), las Rondas Campesinas Unitarias de Celendín y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARP) emitieron un pronunciamiento en el que señalan una serie de irregularidades.
Los suscritos afirman que la empresa movilizó “gente de otras zonas” al taller informativo y que fueron “presumiblemente pagadas o condicionadas, para firmar las actas de asistencia”.
También denuncian que fueron movilizados policías de la División de Operaciones Especiales (DINOES) para reprimir a la población e impedir el libre ingreso al evento.
Asimismo, acusan a la empresa de presionar a los pobladores de las zonas que serían afectadas y de llevar a cabo una “campaña de desinformación” sobre el proyecto.
Señalaron que las acciones informativas de la empresa se han realizado en “zonas alejadas a las de las poblaciones principalmente afectadas”, como son, entre otras, las localidades de Mendán, Tupén, Mushca, Yajén, Choropampa, entre otros.
Por la serias irregularidades expuestas, las organizaciones demandaron al Ministerio de Energía y Minas invalidar los talleres y audiencias realizados por la empresa.
Exigen consulta
En el comunicado, las organizaciones demandan que se respeten los “procesos de consulta” libres e informados, toda vez que son un derecho de las poblaciones indígenas y campesinas.
“La empresa AC Energía SA, no puede pasar por encima de las leyes peruanas y convenios internacionales firmados por el Estado peruano”, afirma el documento.
Al respecto, afirman que los propietarios de las tierras aledañas al río Marañón no han sido informados acerca del proyecto y no han dado su consentimiento para su desarrollo “debido a que se pretende desplazarlos de sus territorios ancestrales, poniendo en riesgo su subsistencia”.
Rechazan “criminalización”
El pronunciamiento rechaza también la presunta “criminalización” de líderes indígenas y campesinos que, según los suscrtos, se estaría llevando a cabo como represalia a su oposición a la hidroeléctrica.
Chadín II
El polémico proyecto hidroenergético Chadín II intenta represar un considerable tramo del río Marañón y cubrirá áreas importantes de las regiones de Amazonas y Cajamarca.
Asimismo, ocupará 3,600 hectáreas de terreno aptos para el cultivo y afectará a unas 6,000 personas que viven de la agricultura y ganadería.
Según su estudio de impacto ambiental, la obra implicará el desplazamiento de aproximadamente mil personas pertenecientes a 21 comunidades.
El agua represada facilitaría el incremento de la cantidad de vectores de enfermedades como la malaria y el dengue, a lo que se adiciona, además, que aportará a acelerar el cambio climático debido a la emisión de metano.
Los principales cuestionamientos al proyecto incluyen el hecho de que la hidroeléctrica proveerá de energía al masivamente rechazado proyecto minero Conga.
Pronunciamiento
Por la Defensa del Río Marañón y nuestros derechos
A la comunidad internacional y nacional
Durante los últimos meses, la empresa AC Energía SA, de capitales de la brasilera Odebrecht, ha venido realizando talleres informativos sobre el proyecto hidroeléctrico Chadín 2 en las regiones de Amazonas y Cajamarca, como parte de los requisitos de aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requerido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Sin embargo, a pesar de ser un paso fundamental en este proceso, los talleres y posteriores audiencias públicas se han venido realizando de manera irregular y en clara violación de los derechos de las poblaciones afectadas por este megaproyecto.
Por tal motivo,
1. Exigimos el respeto a los procesos de consulta popular, libre e informado, por constituir un derecho de las poblaciones indígenas y comunidades campesinas, quiénes tienen un sistema propio de justicia y desarrollo económico, político y social. La empresa AC Energía SA, no puede pasar por encima de las leyes peruanas y convenios internacionales firmados por el estado peruano y mucho menos por encima de los derechos de los pobladores de las provincia de Celendín, en Cajamarca, y Luya y Chachapoyas en Amazonas, herederos de los pueblos originarios Chachapoyas, Caxamarcas y Coremarcas. Asimismo, exigimos al gobierno que respete y haga respetar nuestros derechos como peruanos.
2. Denunciamos las malas prácticas empresariales y sociales que ha venido utilizando la empresa AC Energía SA, quien para la realización de los talleres informativos y audiencias públicas en los distritos de Cortegana y Chumuch, Celendín, ha movilizado gente de otras zonas, presumiblemente pagadas o condicionadas, para firmar las actas de asistencia, así como agentes de la División de Operaciones Especiales (DINOES) de la Policía Nacional del Perú para “custodiar” sus eventos, reprimiendo a la población y evitando así el ingreso libre. De igual manera, denunciamos las presiones a los pobladores de las zonas afectadas, así como la campaña de desinformación que viene desarrollando la empresa.
3. Rechazamos la criminalización de los dirigentes y líderes indígenas y campesinos que se viene realizando como represalia a su oposición al megaproyecto Chadín 2, así como la complicidad de algunas autoridades estatales funcionales a la empresa AC. Energía SA.
4. Pedimos al Ministerio de Energía y Minas que considere INVÁLIDOS los talleres y audiencias llevadas a cabo por AC Energía SA, por haberse realizado mediante el uso de prácticas deshonestas y en zonas alejadas a las de las poblaciones principalmente afectadas tales como Mendán, Tupén, Mushca, Yajén, Choropampa, entre otros pueblos originarios. Dejamos en constancia que los propietarios de los terrenos aledaños al río Marañón no han sido informados sobre el proyecto y tampoco han dado su consentimiento para su construcción debido a que se pretende desplazarlos de sus territorios ancestrales, poniendo en riesgo su subsistencia. Por lo tanto, Chadín 2 no cuenta con licencia social.
5. Afirmamos la necesidad de los procesos informativos y de diálogo como instrumentos para la toma de decisiones por las poblaciones afectadas, así como para evitar el inicio de nuevos conflictos sociales.
6. Consideramos necesario evaluar la viabilidad ambiental y social del proyecto Chadín 2, así como del resto de centrales hidroeléctricas que se pretenden construir en el río Marañón, a través de una Evaluación Ambiental Estratégica que revise los impactos integrados de las inversiones proyectadas. Nuestra vida, cultura e integridad están en peligro.
7. Pedimos al Gobierno del presidente OIlanta Humala que inicie una discusión nacional sobre el modelo energético en el Perú y la demanda nacional, anteponiendo los intereses nacionales y de las grandes mayorías a los de empresas extranjeras y grandes industrias extractivas. Es imprescindible priorizar la eficiencia energética y la búsqueda de alternativas a grandes represas que hoy en día son tecnología obsoleta.
8. Hacemos un llamado al Perú y el mundo a solidarizarse con la lucha y resistencia de los pueblos de Cortegana, Chumuch, Celendín, Cocabamba, entre otros. Nuestra defensa del río Marañón, y por ende de la Amazonía, se da en el marco de la protección de nuestra historia y de la herencia cultural y ancestral que queremos dejar a futuras generaciones.
Celendín, julio del 2013
- Plataforma Interinstitucional de Celendina (PIC).
- Rondas Campesinas Unitarias de Celendín
- Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARP).
Fuente: SERVINDI
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