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Por: Leonidas Ramos
Actualmente el gobierno nacional y el Congreso de la República se encuentran en un estado de indecisión para sacar adelante la Ley General de Ordenamiento Territorial; frente a ello diversas organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de autoridades políticas (municipales y regionales) reunidas en el marco de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial vienen elaborando una propuesta (1). Mientras este debate se da, los gobiernos regionales vienen desarrollando procesos de Zonificación Económica y Ecológica –instrumento técnico para procesos de OT- en sus respectivas jurisdicciones. Los avances son varios, sin embargo aún encuentran ciertas barreras que analizaremos a continuación y que fueron discutidas en el taller organizado por la Plataforma para el Ordenamiento Territorial junto a la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) el 10 y 11 de diciembre en Lima.
Definiciones previas
Según el especialista colombiano Massiris Cabeza, el Ordenamiento Territorial (OT) es una política de Estado -en la que intervienen cuestiones políticas, técnicas y administrativas- que tienen por objetivo configurar el uso y la ocupación del territorio y orientar la transformación del mismo, de acuerdo con principios de sostenibilidad ecológica, equidad territorial, respeto a la diversidad cultural y la conciliación del desarrollo económico, social y ambiental, todo ello en la búsqueda de mejores condiciones de vida para todos los habitantes del territorio.(2)
Uno de los instrumentos más importantes para desarrollar este OT es la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE), no siendo el único instrumento, ya que existen por ejemplo además los Estudios Territoriales de Diagnóstico y Zonificación (ETDZ). La ZEE constituye el instrumento técnico para los procesos técnicos de OT, que “identifica las diferentes alternativas al uso de un determinado territorio basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y ecológicos” (3).
Beneficios de la ZEE-OT: límites al origen de conflictos
Hay entre los estudiosos y la sociedad civil el consenso que una de las principales causas de los conflictos socio ambientales en el Perú -que actualmente constituyen el 65.2% del total de conflictos sociales existentes- es el desorden territorial. ¿Por qué? El desorden territorial, ha hecho que el Estado (la mayoría de veces con el apoyo tácito de las empresas relacionadas) otorgue concesiones mineras o petroleras, planee la construcción de mega proyectos, en zonas habitadas por comunidades rurales y zonas ambientalmente sensibles. Esto obviamente ha generado reacciones en las poblaciones que luego de no ser escuchados, han recurrido al uso de medidas colectivas disruptivas. En ese sentido, la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, señala que “la superposición de concesiones mineras, petroleras o megaproyectos en zonas del territorio consideradas áreas protegidas ha sido uno de los desencadenante de los conflictos sociales en el país” (4).
Normas en el Perú
En cuanto al OTl, en febrero de 2010, el MINAM aprobó los Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial (Resolución Ministerial 026-2010-MINAM). Pero hasta la fecha no se ha aprobado la Ley General de Ordenamiento Territorial por indecisión del gobierno de turno y falta de apoyo político en el Congreso; aunque existen diferentes propuestas, siendo una de las más serias, consensuadas y debatidas la planteada por la Plataforma por el Ordenamiento Territorial (5). De otro lado, en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales encontramos las funciones generales en materia ambiental y de OT que poseen los gobiernos regionales.
En cuanto a la ZEE, tenemos el Reglamento de ZEE (Decreto Supremo 087-2004-PCM) aprobado en diciembre 2004; además existe la Estrategia Nacional de ZEE resuelta por el MINAM el 25 de junio de 2011.
Falta de información
Para desarrollar una ZEE es necesario recopilar información de una diversidad de temas socioeconómicos, físicos y biológicos, no obstante muchas veces las fuentes no han accedido a brindarla lo que dificulta el trabajo de los técnicos. Por ejemplo, Rocío Bonifocio Aliaga, Subgerente Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente del gobierno regional de Junín, sostiene que “en el tema de recopilación y análisis de información tuvimos problemas. Como ustedes saben hay muchas instituciones públicas que manejan información que nosotros necesitamos. Sin embargo hay cierto recelo de muchas instituciones que no nos proporcionan información, podría sugerirse que la información sea accesible para estos procesos (…) otro de los problemas es la información de la SUNAT y el COFOPRI, incluso nos han enviado documentos diciéndonos que la información que pedíamos es información confidencial”.
El problema de las consultoras
La forma en que la mayoría de los gobiernos regionales ha desarrollado estos procesos es a través de la contratación de consultores. Pero se ha observado que esta no ha sido la mejor forma de trabajar ya que a veces éstos no han cumplido con los estudios solicitados. Rocío Bonifocio, sostiene: “En el 2010 nosotros convocamos estos estudios temáticos través de consultorías en paquetes pero desgraciadamente las consultoras no nos entregaron la información a detalle cómo se necesitaba para el proceso”.
El funcionario del gobierno regional de Apurímac Aquiles Cárdenas, sostuvo que: “En la tercera etapa el MINAM nos hizo observaciones, y allí nos hemos quedado, porque al terminar el presupuesto, terminó el trabajo de las consultoras y se retiraron”.
En contraste con esta situación, el gobierno regional de San Martín (GRSM), líder en este proceso de ZEE, ha convenido en no contratar a consultores sino formar su propio equipo técnico con profesionales egresados de la Universidad Nacional de San Martin. Según refiere Cristina Del Águila, Directora de Políticas de Amazónicos por la Amazonía - AMPA que apoya decididamente al GRSM, esto ha traído resultados positivos para el proceso de ZEE ya que los profesionales conocen la región y sus problemas, además de sienten identificados con su región, a diferencia de los consultores.
“Lo importante en San Martín es que se ha tratado de fortalecer capacidades en la misma generación de profesionales que van saliendo de las universidades, en este caso tenemos la Universidad Nacional de San Martín que tiene una facultad de ingeniería ambiental (…) esto empodera el proceso, pero esto no se logra de la noche a la mañana”, sostuvo.
Rol del MINAM y falta de una Ley General de OT
En términos legales, el MINAM es el encargado de verificar el proceso de ZEE que los gobiernos regionales llevan a cabo, es decir le dan su conformidad. Si bien este ministerio ha mostrado preocupación por el tema no se da abasto para atender las solicitudes de todos los gobiernos regionales, lo que ha generado una demora en el proceso. Bonifocio señala: “El MINAM sí nos ha estado apoyado pero también tenemos limitaciones, por ejemplo, la demora excesiva hasta tres o cuatro meses en evaluar los documentos, eso nos atrasa bastante”.
Otra barrera que afecta al proceso de ZEE en los gobiernos regionales es que hasta el día de hoy no se cuenta con una Ley General de Ordenamiento Territorial. De existir, se constituiría en un mejor fundamento para elaborar todos los procesos de ZEE. En esa línea, la coordinadora del proceso ZEE- OT del gobierno regional de Cajamarca, Alicia Quispe Mogollón sostuvo para esta informe que, “la carencia de una ley de ordenamiento territorial es la barrera más fuerte porque te deja sin piso legal; tienes por allí lo que te indica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en cuanto al OT, pero al no tener ese marco legal entonces estamos un poco en el limbo”, sostiene.
Notas:
Fuente: Noticias SER
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