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| Adolfo Chávez, Pedro Nuni y Fernando Vargas son los acusados |
Fiscales del departamento del Beni, en Bolivia, emitieron órdenes de aprehensión contra tres importantes líderes indígenas defensores de la integridad del Territorio Indígena – Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Ellos son acusados del “intento de asesinato” al indígena mojeño Gumercindo Pradel quién recibió el castigo del “azote” por parte de la justicia comunitaria.
Los acusados de intento de asesinato son nada menos que Adolfo Chávez, presidente de la Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB); Fernando Vargas, presidente de la Subcentral TIPNIS y Pedro Nuni, director de Desarrollo Indígena de la Gobernación del Beni.
Los tres líderes coinciden en una posición de rechazo a la construcción de la carretera entre Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS, que pretende unir los departamentos de Cochabamba y Beni respectivamente.
La acusación es sostenida por los fiscales Carlos Peláez y Carlos Aponte luego que Gumercindo Pradel, dirigente del Consejo Indígena del Sur (CONISUR), fuera castigado por la justicia comunitaria según sus usos y costumbres.
El castigo se produjo a consecuencia de un falso encuentro de corregidores en San Pablo de Isiboro, promovido por Gumercindo Pradel y el Movimiento al Socialismo (MAS), lo que ocasionó la molestia y decisión democrática de los comunarios.
Durante el enfrentamiento entre indígenas del Tipnis y del Conisur se reportó que una mujer en estado de gestación de dos meses fue agredida, producto de este hecho habría perdido a su bebé. A raíz de esta situación se planteó también la posibilidad de una acusación por feminicidio.
El cargo por el que fue castigado Gumercindo Pradel fue el impulsar la construcción de una carretera que atraviese el corazón del TIPNIS, desconocer las determinaciones de las organizaciones y tratar de dividir a las organizaciones indígenas.
La sanción se le habria impuesto en su calidad de miembro del pueblo mojeño, por medio de las autoridades naturales o corregidores y en el ámbito del territorio indígena.
Cabe destacar que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconocer a las autoridades indígenas la administración de la justicia comunitaria y contempla la aplicación de la justicia indígena en el marco del derecho a la autodeterminación.
Las autoridades indígenas tienen competencia para conocer y sancionar todo tipo de delitos (art. 191) respetando sus principios, valores culturales normas y procedimientos propios.
Persecución política
Adolfo Chávez, lamentó la acción judicial que pretende privarles de libertad y calificó a la medida en contra de los tres dirigentes de una decisión eminentemente política y ordenada por el gobierno.
“Esta orden de detención, a la que no le tenemos miedo, es una clara muestra de que en Bolivia lamentablemente existe una cruel persecución política contra los hombres y mujeres que defendemos el medio ambiente, el territorio, los derechos indígenas, los valores culturales y la vida”, precisó.
Por ello Chávez afirmó que los pueblos indígenas se declararon en estado de emergencia, debido a las injusticias que se cometen y a la impunidad de algunos casos, como la represión en la población de Chaparina, durante la Octava Marcha Indígena en Defensa del TIPNIS.
“A pesar que el gobierno sabe quién ordenó la represión a las mujeres indígenas que fueron maniatadas, amordazadas y arrastradas de los cabellos por efectivos policiales, conoce quiénes pisotearon y golpearon a niños indefensos y detuvieron a decenas de indígenas…no esclarece el caso y más bien existe una total impunidad” indicó.
Fuente: SERVINDI
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