Tres caras de la consulta

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Por: Mario Zuñiga Lossio

Promulgada la Ley de Consulta Previa, su implementación en la licitación de hidrocarburos está pendiente. Esto sucede, más que por la novedad de la norma, por diversos aspectos que evidencian una voluntad y capacidad limitada del Estado por construir procesos adecuados a los pueblos indígenas, olvidando que la consulta responde a tres aspectos articulados: derecho, proceso y procedimiento.

Como Derecho, la Consulta Previa debe entenderse como conectada a otros derechos que asegurarán condiciones de vida digna; como Proceso, está vinculada con la gobernanza intercultural; y como Procedimiento, requiere que la participación de los pueblos indígenas sea obligatoria en la formulación, implementación y vigilancia del proceso.

Los límites de esta articulación muestran que si el proceso de consulta se implementa sin conectarse con otros derechos, el procedimiento termina vacío de utilidad, en tanto deja de cumplir su fin y podría terminar insertando a los pueblos indígenas en futuras condiciones de desigualdad.

De otro lado, si el proceso de consulta en hidrocarburos se desarticula de la dimensión de gobernanza, impulsaría procesos desconectados de lineamientos de planificación energética y territorial, los que amenazarían los derechos indígenas y la inversión que se pretenden asegurar. Por ejemplo, delimitar lotes de hidrocarburos sin saber qué instrumentos socio-ambientales los determinan y sin asegurar la participación de los pueblos indígenas en su delimitación, arriesgaría sus derechos y la inversión.

Como agentes activos de ciudadanía y desarrollo, las organizaciones indígenas impulsan propuestas para la consulta que buscan implementar y asegurar la gobernanza. La Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), representante del pueblo Kukama Kukamiria (cuenca del Marañón), cuenta con una propuesta de consulta en hidrocarburos que considera la realidad indígena amazónica, el respeto de derechos elementales, la planificación y el desarrollo territorial. Ante esto, ¿qué respuesta dará el Estado? Esperemos esté a la altura de esta oportunidad, pues dará legitimidad a la posible inversión; y a los indígenas, el justo ejercicio de su derecho.

Fuente: Diario La Primera

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