Chile: Consulta SEA. Un ejemplo de la mala fe del Gobierno en materia de consulta indígena

Foto: Mapuexpress

¿Es posible esperar un acto digno de buena fe desde sectores de la institucionalidad pública del Ejecutivo quienes se suponen deberían cumplir con sus obligaciones de respetar las normas internacionales de derechos humanos sobre Pueblos Indígenas? Repulsivo acto malicioso de mal uso de nombres de personas de organizaciones Mapuche, ambientalistas y de derechos humanos en denominado: Pre informe del SEA sobre procesos de consulta del reglamento del SEIA.

El espíritu de la consulta y la participación constituyen la piedra angular del Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.

Un componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.

Como ha señalado la misma Organización Indígena del Trabajo (OIT) con respecto a la implementación de la consulta, esta se debe hacer de buena fe. Las partes involucradas deben buscar establecer un diálogo que les permita encontrar soluciones adecuadas en un ambiente de respeto mutuo y participación plena.

La consulta efectiva es aquella en la que los interesados tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada. Esto significa una consulta real y oportuna. Por ejemplo, una simple reunión informativa no constituye una consulta real; tampoco lo es una reunión celebrada en un idioma que los pueblos indígenas presentes no comprenden.

Sin embargo nada de esto fluye en Chile, los intervencionismos y la mala fe están a flor de piel. Por una parte se intenta imponer un decreto ley 701 heredado de la dictadura militar sobre fomento forestal y con la implementación de un viciado proceso de consulta, rechazado por múltiples comunidades y organizaciones.

Por otra parte, impulsa junto a algunos consejeros Conadi el denominado “Gran encuentro indígena” y con prácticas similares, impone un procedimiento en el llamado: “Pre informe del SEA sobre procesos de consulta del reglamento del SEIA”, donde junto con instalar descontextualizados contenidos, lejos del estándar mínimo de derechos indígenas, termina haciendo uso malicioso de nombres y organizaciones, haciendo entrever que avalan los procedimientos.

Es importante señalar que el director ejecutivo del Sistema de Evaluación Ambiental, Ignacio Toro Labbé, a través de funcionarios públicos de dicha institución, realizaron una serie de invitaciones a una reunión por vía mail y en otros caso por teléfono, a una larga lista de personas de organizaciones, comunidades Mapuche y también de derechos humanos y de medio ambiente, cuya gran mayoría decidió no participar y no avalar el viciado procedimiento.

Parte de la convocatoria que efectuaron en agosto de este año era la siguiente: “Se le invita a participar de una actividad de información y diálogo respecto de los resultados del proceso de Consulta Indígena referido a las modificaciones del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, Guías de Procedimientos de Participación Ciudadana y de apoyo para la evaluación de Efectos Significativos sobre Pueblos Originarios en el SEIA”, enviado en la Araucanía, a modo de ejemplo, por la funcionaria Berta Hott Alvarado.

Sin embargo, grande fue la sorpresa que en los resultados de su informe, aparecía la larga lista de personas que invitó, sin aclarar que la gran mayoría no asistió y dando por validado su procedimiento, lo que ha sido utilizado por operadores políticos, agentes y torpes para “denunciar” a quienes supuestamente habían participado, enturbiando el ambiente.

Tema aparte son los resultados de dicho informe, donde no se cumple con un proceso de homologación de consulta, ya que no se cumple con el requisito principal de ésta que es que sea realizada “con la finalidad de llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento”, en términos del N° 2 del artículo 6 de Convenio 169, como también, con acciones de manipulación para establecer un carácter de no vinculante e interpretando arbitrariamente las normas internacionales, intentando encasillar los alcances.

El sacerdote jesuita Carlos Bresciani cuyo nombre también fue utilizado, señaló:

“Si bien me alegro que el gobierno quiera avanzar en este tema, lamento mucho que estén utilizando nombres de personas que no participaron para justificar una propuesta deficiente. Yo nunca estuve en esas discusiones. En su momento rechacé la posibilidad de asistir a esas mesas de trabajo. Por lo que me parece al menos irresponsable y arbitrario que usen mi nombre y por tanto el de la Compañía de Jesús para avalar tal propuesta. Rechazo cualquier manipulación al respecto. Es inmoral”.

Asimismo, el Observatorio Ciudadano, donde también aparecieron en el listado con diversidad de nombres de su organización, señaló:

“En mérito de lo expuesto, lo que se observa en esta estrategia es que se está realizando una operación política, destinada a confundir a la opinión pública y a confrontar a las organizaciones sociales. Pretendiendo adhesiones inexistentes al proceso de consulta, lo que deja en evidencia, una vez más, la mala fe con la que ha actuado la administración respecto a la reglamentación de este derecho, que al ser autoejecutable no requiere de ningún tipo de reglamentación para hacerse exigible y asegurar su justiciabilidad, como ha quedado establecido en la consistente jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia”…

Por otro lado, frente a este escenario de mala fe del Gobierno, diversos referentes de organizaciones de los distintos Pueblos Indígenas en Chile denominados “Pueblos originarios Unidos” ante el manoseo de los procedimientos de consulta, señalaron:

“Exigimos la paralización de los procesos de consulta de todas las medidas administrativas y legislativas en trámite, y de todos los proyectos energéticos y extractivos en territorios indígenas, hasta que estos cumplan con las condiciones y garantías establecidas en los instrumentos ya señalados”.

Cabe mencionar que el relator de la ONU sobre Pueblos Indígenas, James Anaya, publicó recientemente sus comentarios al documento de “Propuesta de normativa de Consulta” elaborado por el Gobierno chileno. En un contundente informe dejó en evidencia que la Propuesta NO cumple con los estándares internacionales, y debe ser reformulada. Asimismo, se refiere al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, señalando que debe ser resultado del consenso antes de su aprobación, y que debe ajustarse a las normas internacionales.

Fuente: SERVINDI

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