Existen 22 conflictos que pueden afectar la gobernabilidad del país

Si bien las movilizaciones antimineras en Cajamarca y en la cusqueña Espinar continúan en la retina de los peruanos debido a las muertes y pérdidas económicas que generan, existen una veintena de conflictos sociales que, silenciosamente, están a punto de llegar a su punto máximo de ebullición.

Ante este panorama, la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) gestiona y coordina alternativas y soluciones con el Ejecutivo, los gobiernos regionales, los municipios y los frentes de defensa.

"Nuestra labor es monitorear los conflictos que surgen en diferentes localidades, pero tienen que ser resueltos en forma multisectorial. Lo cierto es que hay 22 conflictos activos que pueden afectar la gobernabilidad, algo que no queremos que suceda", explicó el jefe de dicha oficina, Víctor Caballero.

Según el funcionario, se han identificado un total de 67 conflictos sociales, entre agrarios y forestales, de demarcación territorial, laborales, energéticos y mineros.

"Nuestra meta es estabilizar la situación de Espinar (Cusco) y Cajamarca a fin de llegar a una solución con resultados interesantes para la población; sin embargo, hay otros conflictos que merecen atención", informó.

MUCHO OJO. Son en total 13 los conflictos de naturaleza antiminera que están "en rojo"; según un documento oficial de la PCM, cunde la desinformación en torno a ellos.

En Tacna, el proyecto Pucamarca, de la empresa minera Minsur, tiene encima a la municipalidad provincial, que se queja de una supuesta contaminación del canal de agua que abastece a la ciudad. La citada oficina de la PCM logró recientemente que las partes entren en negociación.

En Áncash, por ejemplo, se ha prestado especial atención al reclamo de municipalidades de centros poblados que no levantan las banderas de la contaminación, aunque sí exigen a la empresa minera Antamina que financie obras sociales, pues no están comprendidas en el ámbito de influencia de la empresa.

Según Víctor Caballero, la cuenca del Ramis (Puno) es una de las zonas más sensibles, pues la minería informal, además de contaminar, se niega a entrar a la legalidad.

Aquí la zona afectada es San Antonio de Putina-Ananea, y la situación ha sido catalogada por la PCM de "conflicto potencial". La Fiscalía, el Ministerio del Interior y el sector Defensa esperan ejecutar un plan de interdicción.

Otro conflicto potencial se ubica en la zona de Canchis (Cusco), donde los pobladores aseguran que, por la construcción del proyecto energético Salkapukara, serán irremediablemente desplazados de sus viviendas, por lo que piden la cancelación de la extracción minera.

FACTOR MOVADEF. Según Víctor Caballero, si bien en muchos casos hay demandas legítimas, también se ha detectado la presencia de grupos radicales y subversivos que pueden estar detrás de las protestas en Cajamarca, Cusco y Puno.

Precisó que en estas regiones hay presencia de militantes del grupo prosenderista Movadef, que también estuvo detrás de la revuelta antiminera en la cusqueña Espinar.

"Sí, hay evidencias de que (el Movadef) está en las protestas sociales, pero esa es función de los fiscales, que deben cumplir con seriedad su rol de fiscalizar e investigar. Considero que aquí hay responsabilidad compartida de todos los liderazgos", sostuvo.

Según información que el Ministerio del Interior entregó a la PCM, el Movadef penetró en las Asociaciones de Padres de Familia de Junín, que recientemente se plegaron al paro del SUTEP.

AGRARIOS. Otro conflicto en ciernes es el de los gremios de algodoneros. Los productores del algodón Tangüis piden mejores precios para sus productos, así como el incremento de los aranceles para impedir la importación de algodón e hilados de la India. En tanto, los que producen el pyma, advierten sobre la caída de precios por los beneficios otorgados a los productores del Tangüis.

Lo grave es que estas protestas afectarían a Ica, Pisco, Huaura y Piura, pues los algodoneros operan cerca de importantes vías, como es el caso de la Panamericana Sur y Norte.

De acuerdo con fuentes de la PCM, la alternativa que ha ofrecido el Ministerio de Agricultura es la posibilidad de un acuerdo de financiamiento.

POR TERRITORIO. Los conflictos por demarcación territorial también son potencialmente riesgosos. Existen demarcaciones pendientes en los departamentos de Puno y Moquegua que han terminado con violentos enfrentamientos entre sus pobladores. En el Cusco, los distritos de Yanatile y Quellouno también discrepan en torno a sus límites debido a deficiencias en las leyes de creación de sus respectivas circunscripciones. "Este conflicto está en negociación", precisó Caballero.

Finalmente, la PCM ha considerado resuelto siete conflictos sociales. En Andahuaylas se logró un acuerdo entre la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Andahuaylas-JUDRA y mineros informales. En el Cusco, los productores de hoja de coca de La Convención que demandaban un incremento del precio de su producción, aceptaron la oferta de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco). Antonio Manco - Isabel Zamora.

Fuente: Diario Correo

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