viernes, 29 de junio de 2012

Crecimiento económico incrementará la demanda de la potencia eléctrica en 2,000 MW

Foto: Internet
Los estimados de crecimiento económico del país previstos para los próximos años, también incrementará la demanda de la potencia eléctrica en aproximadamente 2,000 megavatios (MW) hasta el 2016, estimó hoy BBVA Research.
 
Agregó que ese incremento será cubierto con holgura por las nuevas centrales eléctricas que actualmente están en construcción, y cuya potencia instalada conjunta asciende a una cifra superior a los 3,500 MW.

Según el Observatorio Económico Perú: Sector eléctrico peruano elaborado por BBVA Research, alrededor del 75 por ciento de esa nueva infraestructura de generación iniciará operaciones a partir del segundo semestre de 2013 en adelante.

Agrega que el crecimiento económico de los últimos diez años (2002-2011) fue de 6.4 por ciento en promedio anual, lo que ha ocasionado que la demanda de energía eléctrica se duplique en este período.

Sin embargo, la infraestructura de generación eléctrica no creció al mismo ritmo y la potencia efectiva se incrementó 43 por ciento durante estos años.

Esto ha ocasionado que se reduzcan los márgenes de reserva del sistema (de 57 por ciento en el 2001 a un nivel de 13.5 por ciento en diciembre de 2012) y que se utilicen las unidades de generación existentes con mayor intensidad, aumentando el riesgo de falla de las mismas.

Asimismo, debido a que más del 80 por ciento de la nueva capacidad de generación ha sido instalada en el centro del país (asociado a la disponibilidad de gas natural cerca de Lima desde el 2004), las necesidades de transmisión también han aumentado, lo que ha congestionado las líneas que trasladan la energía al norte y sur. 
 
Fuente: Agencia Andina

Minera IRL niega conflictos en su proyecto Ollachea

Foto: Cortesia
La minera de capitales peruanos y británicos Minera IRL negó la existencia de protestas contra su proyecto Ollachea en la zona del mismo nombre, ubicada en el departamento del Puno.

De esa manera aclaró la información aparecida hace dos días en la agencia Bloomberg, en la que se indicaba que la cotización en acción de la empresa había disminuido después de que se dieran a conocer conflictos en la zona del proyecto.

Afirmó que, por el contrario, las relaciones con la comunidad de Ollachea son excelentes y armónicas. Una muestra de ello -indicó- es la aprobación en Asamblea General de la Comunidad del contrato de ampliación de uso de terrenos superficiales para el proyecto por un período de 30 años.

“Asimismo, la ratificación del acuerdo del 5% de participación accionaria que tendrá la comunidad sobre la empresa subsidiaria Minera Kuri Kullu cuando se inicie la producción comercial del proyecto”, señaló la firma.

Al respecto, IRL destacó que la ampliación del contrato y la participación societaria son logros únicos en un escenario totalmente distinto al que afrontan proyectos como Conga o la operación de Tintaya.
 
Fuente: Diario Gestión

Perú presenta proyectos de inversiones en China

El embajador de Perú en China, Gonzalo Gutiérrez, expuso ante más de cien empresarios chinos la estabilidad legal y el ambiente de inversión del país.

Perú presentó una cartera de proyectos de inversiones en un seminario de oportunidades de negocios con Latinoamérica y el Caribe organizado en la ciudad china de Tianjin.

El embajador de Perú en China, Gonzalo Gutiérrez, expuso ante más de cien empresarios chinos la estabilidad legal y el ambiente de inversión del país, en tanto, la consejera económico-comercial de la legación, Diana Pita, presentó una descripción de los proyectos de inversión peruanos en cartera.

"El Perú es un país donde los chinos nos sentimos en casa", manifestó una funcionaria de Tianjin en referencia a la gran influencia china que existe en Perú tras más de 162 años de inmigración china.

Numerosas empresas chinas mostraron interés por invertir en el país en busca de un socio comercial. Algunas de ellas son:

Shanghai Zhixin Sichuang Intelligent System Integration, inversor estratégico en tecnología inteligente y en el suministro de equipos, desarrollo y construcción de proyectos, o la Tianjin Sealing Leak Science and Technology, vinculada al desarrollo tecnológico en los sectores de petróleo, electricidad y gas

El seminario, realizado ayer, es preparatorio de la VI Cumbre Empresarial China-América Latina que se celebrará en octubre próximo.

Dato:

En 2011 el 38% de la inversión china en Latinoamérica recayó en Perú, lo que significó un incremento del 0.7% respecto al año pasado.
 
Fuente: Diario La República

“El mayor problema de los mineros es la demarcación territorial”

Foto: Internet
“El peor conflicto de los mineros, probablemente, no es el agua, sino la demarcación territorial; es decir, dónde se hace minería”, apunta la analista Cecilia Blume, quien considera que las figuras políticas más radicales prefieren que los gobiernos locales –y no el gobierno central- escojan las áreas aptas para las actividades extractivas, aunque no lo expresen abiertamente.

La ex jefa del gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros explica que esta demarcación territorial para los proyectos mineros es definida por el Ejecutivo, ya que los recursos naturales pertenecen a la nación, según lo indica la Constitución.

No obstante, para Blume, la ineficacia del Estado para solucionar los conflictos sociales parte de sus problemas de comunicación y de no tener una postura definida ante la minería: “El trabajo del gobierno es zanjar. No puede estar un día sí, otro no”.

Regiones

Además, cuando el país entre a un “periodo de calma”, la analista estima que es necesario reformular la relación con los gobiernos regionales y desarrollar leyes que permitan su funcionamiento adecuado.

“Falta normas. Por eso, no se sabe qué hacer cuando un gobierno regional se opone al gobierno central, como en el caso de Gregorio Santos. Se acusa al gobierno de reprimir, pero tiene que regular”, comenta.

Así, la tarea de mejorar regionalización recae sobre el Legislativo. “Pero si a la fecha el Congreso no ha podido nombrar a los tres directores del BCR, los miembros del Tribunal Constitucional ni al Defensor del Pueblo, esta situación preocupa”, afirma Blume.
 
Fuente: Diario Gestion

Minera solo aportó 2.9% en impuestos

La compañía minera Buenaventura ha pagado a la elite de su burocracia dorada, compuesta por sus 32 gerentes y otros 394 ejecutivos, casi lo mismo que lo aportado al fisco por tributos en el período 2004-2011, denunció el congresista Javier Diez Canseco.

Sin embargo, en el mismo periodo, Buenaventura pagó 114 millones de dólares a su burocracia dorada y lo consideró como un costo operativo. 
 
" “Un total de 114 millones de dólares como compensación adicional, fuera de sus elevados sueldos, pagó Buenaventura a su burocracia selecta entre los años 2004 y 2011, mientras que en ese mismo período solo aportó 128 millones de dólares en tributos al Estado. Esto es realmente escandaloso e inverosímil”, subrayó.

En ese sentido, Diez Canseco calificó de “lamentable” que las autoridades tributarias acepten estos pagos desproporcionados como gastos. “Nos parece francamente un abuso este asunto, en el manejo contable”, remarcó.

De igual modo, el parlamentario refirió que su despacho aún no ha investigado quienes son los 426 ejecutivos, a fin de determinar si existe o no vínculos familiares entre estos, y expresó que se debe determinar si, en realidad, esto “no sería más que una repartija de utilidades por debajo de la mesa”.

“Son 426 ejecutivos que recibieron casi lo mismo, en ese período, que el Perú entero”, señaló Diez Canseco, a tiempo de indicar que el presidente de Buenaventura, Roque Benavides “está abusando del lenguaje y no está diciendo la verdad a los peruanos sobre cómo se manejan estos enormes negocios”.

Al respecto, estimó que en este asunto existiría un cuestionado manejo contable y de privilegios, vía el pago de “bonificaciones” a los ejecutivos de Buenaventura. “Entonces, creemos que hay múltiples razones para que la población tenga desconfianza. Y una es ésta que hemos mencionado”, puntualizó.

Diez Canseco cuestionó también que, del 2004 al 2011 Buenaventura haya aportado al erario nacional solo el 2.9% de todos sus ingresos.

“¿Es éste el gran aporte al desarrollo nacional que promueve esta empresa? ¿No es razonable exigirle una mayor contribución a Buenaventura”, apuntó.

Además, manifestó que existe el agravante que en los años 2007 y 2008 Newmont-Buenaventura no depositó ningún centavo al Estado por su obligación del pago de Impuesto a la Renta, bajo el pretexto de que sus ventas (210 millones de dólares) fueron menores que sus gastos (310 millones).

Precisó que esta anómala situación recién fue regularizada a partir de 2009, cuando la referida transnacional abonó el modesto porcentaje del 2% de impuestos.

Dijo que, en síntesis, del año 2004 al 2011 –en promedio- Buenaventura no llega a pasar del 30% en el pago por Impuesto a la Renta, como corresponde a una empresa con contrato de estabilidad tributaria.
 
Fuente: Diario La Primera

Inversiones mineras se incrementan 42% al sumar US$ 2,247 millones hasta abril

Las empresas mineras que operan en Perú invirtieron un total de 2,247 millones de dólares entre enero y abril del presente año, 42.3 por ciento más con relación al mismo período del 2011, informó hoy el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Según la Dirección de Promoción Minera (DPM) del MEM, dichas empresas son de nivel internacional y tienen actividades en Perú atraídas por el gran potencial minero y por las reglas de juego estables que encuentran en el país.

La inversión realizada en la construcción de infraestructura en el período mencionado fue de 544 millones 465 mil dólares, 116 por ciento más que en el mismo período del año anterior.

Asimismo, las empresas destinaron al equipamiento de plantas de beneficio 245 millones de dólares, 11.7 por ciento más que el 2011; y para el equipamiento minero en general 141 millones, 49.2 por ciento más.

Las actividades de exploración que se realizan por lo general entre 2,000 y 3,000 metros de altura para ubicar el mineral demandaron desembolsos por aproximadamente 229 millones de dólares, monto inferior al del año anterior en el mismo período en nueve por ciento.

En explotación la inversión fue de 251 millones de dólares, también ligeramente menor a la del año anterior.

En los trabajos de preparación fue de 201 millones de dólares, 27.7 por ciento menos que en el mismo período del año anterior.

Cajamarca mantiene el primer lugar como la región que ha logrado captar mayor inversión en minería (381 millones de dólares) con el 17 por ciento del total.

Luego están Apurímac con 288 millones de dólares (13 por ciento), Junín con 275 millones (13 por ciento), Ancash con 245 millones (11 por ciento), La Libertad con 244 millones (11 por ciento), Arequipa con 199 millones (nueve por ciento) y Cusco con 136 millones (seis por ciento)

La actividad minera representa empleo directo bien remunerado para 194,384 personas, como geólogos, ingenieros mineros y metalurgistas, ingenieros químicos, administradores de empresa, economistas y personal calificado en diferentes rubros.

En Arequipa laboran en el sector minero 24,800 personas (13 por ciento del total), en Junín 20,000 (11 por ciento), en Cajamarca 19,490 (diez por ciento), en La Libertad 18,000 (nueve por ciento), en Ancash 17,000 (nueve por ciento), en Lima 16,000 (ocho por ciento), en Pasco 15,000 (ocho por ciento) y en Puno 11,000 (seis por ciento).

Las principales empresas inversoras están encabezadas por Minera Yanacocha (328 millones de dólares), Xstrata Las Bambas (284 millones), Minera Chinalco Perú (217 millones), Compañía Minera Antamina (179 millones), La Arena (138 millones), Sociedad Minera Cerro Verde (133 millones), Xstrata Tintaya (129 millones) y Compañía de Minas Buenaventura (68 millones).
 
Fuente: Agencia Andina

Moquegua pide a Anglo American S/.850 millones por proyecto Quellaveco

La licencia social para el proyecto Quellaveco, de Anglo American, sigue siendo objeto de intensa negociación. La empresa minera no la tiene fácil. Los representantes de Moquegua pidieron la noche del miércoles en la Comisión de Responsabilidad Social de la Mesa de Diálogo, un aporte de 850 millones de soles para el desarrollo sostenible de la región.

Pero Anglo American propuso apoyar al desarrollo solo con 320 millones de soles. La minera considera que el monto que exigen los moqueguanos es elevado. Francisco Raunelli, gerente de Relaciones Comunitarias, sustentó que, adicionalmente al fondo en discusión y el Impuesto a la Renta (de donde sale el canon minero) que pagarán, seguirán apoyando como lo han hecho hasta ahora.

Pero esto no fue aceptado por los actores sociales y autoridades. “Lo toman o lo dejan”, fue una de las frases que incluso se dejó escuchar en la cita de parte de uno de los dirigentes. Finalmente, en dicho grupo de trabajo, no se llegó a ningún acuerdo sobre el apoyo que debe dar la compañía.

De no llegar a un consenso en una próxima sesión, el informe de la comisión será derivado en esas condiciones al pleno de la Mesa de Diálogo, aunque funcionarios de Anglo American quedaron en dar una respuesta para la siguiente semana. Harán las consultas al directorio de la transnacional con sede en Londres.

Para Robinson Pacheco, presidente del Frente de la Ampliación Agrícola, tiene que haber una muestra de la empresa que realmente es una minería moderna. Según el presidente regional, Martín Vizcarra, el dinero que esperan arrancarle a la minera, planean destinarlo a obras sostenibles.

Unos 100 millones de soles sería para financiar el costo del sistema de bombeo de los ríos Chilota y Chincune hasta poner el agua en el canal de Pasto Grande. Esta obra forma parte de la II etapa del Proyecto Especial Pasto Grande (PEPG).

El resto de recursos se destinarían a proyectos de impacto en tres provincias: Mariscal Nieto, Ilo y Sánchez Cerro. Vizcarra sostiene que esta mesa viene desarrollándose desde marzo del año pasado y no hay presión.

“La propuesta es concreta y está en la mesa, si no nos dan la respuesta a la brevedad, pueden demorarse, pero ya saben: no habrá retroceso”, refirió el presidente regional moqueguano, Martín Vizcarra.
 
Fuente: Diario La República

Consulta previa: mecanismo de inclusión para perpetuar la exclusión

Imagen: Carlincaturas de Carlos Tovar
El Perú es el primer país en Latinoamérica en establecer un marco legal compacto para el derecho a la consulta previa, libre e informada a través de la Ley 29785 y su reglamento. Sin embargo, la normativa no sigue los estándares internacionales de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007) que establece que siempre se requiere del “consentimiento” y no de la mera “consulta” a los pueblos indígenas cuando se trata de implementar medidas legislativas o administrativas que pueden afectar sus derechos colectivos. Es cierto que la Declaración como tal no es vinculante, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos -a diferencia de la Declaración- ha establecido en el caso Saramaka v. Suriname algunas limitaciones al consentimiento como el hecho de que se trate de proyectos de inversión o desarrollo de “gran escala” que puedan crear “impactos mayores” en “una parte extensa del territorio”; sin embargo, en ambos casos se reconoce el consentimiento como concepto fundamental en la protección de los derechos indígenas.

El reciente reglamento sólo ha regulado el consentimiento en caso de plantearse un desplazamiento forzado de poblaciones indígenas, lo que ya estaba previsto en el artículo 16 del Convenio OIT 169, vinculante para el Perú desde 1995. Aparte de ello, se ha implementado la ley de forma muy conservadora. Se establece que no llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, no implica la “afectación” del derecho de consulta (art. 5 d).


Por ello, el resultado del proceso no es vinculante salvo que haya habido acuerdo (art. 1.5), es decir, si el resultado de la consulta es una rotunda negativa, esa decisión no tiene valor legal alguno, pues la decisión final es del Estado (art. 23.1). Además, como requisito del proceso de consulta, llama la atención el constante énfasis en la necesidad de una “afectación directa” de los derechos indígenas (art. 3 i, 6, 19.1, 23), abriendo la posibilidad de interpretaciones que puedan limitar injustificadamente estos derechos.

Son preocupantes también los varios supuestos de exoneración del proceso de consulta. Por ejemplo, las normas de carácter tributario o presupuestario no serán materia de consulta (5 k), tampoco las decisiones extraordinarias o temporales dirigidas a atender catástrofes naturales o “tecnológicas”, emergencias sanitarias, ni medidas dirigidas a la persecución y control de actividades ilícitas (art. 5 l). Cabe preguntarse ¿qué pasa cuando el carácter excepcional y temporal desaparece? ¿Qué pasa cuándo cesan las actividades ilícitas? ¿No sería razonable discutir si es posible volver al estado anterior de la afectación de los derechos indígenas? La norma guarda silencio.

Además de estos supuestos de exoneración la décimo quinta disposición final regula supuestos del todo injustificados: la construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación y servicios públicos no requerirán consulta, si se hace en “coordinación con los pueblos indígenas”. Es decir, los “proyectos de desarrollo” que pueden afectar también gravemente los derechos colectivos indígenas son exonerados de consulta con el solo requisito de una misteriosa “coordinación” que carece de todo contenido. Cabe enfatizar que es justamente el Estado el que luego de la colonización ha violado sistemáticamente los derechos colectivos indígenas (a través de políticas de colonialismo interno), por lo que la consulta debería estar prevista necesariamente para cualquier proyecto de desarrollo.

La “etapa de información” de la consulta muestra el carácter unilateral de este proceso pues se asume que hay un traspaso de información de un espacio técnico (estatal) a un espacio político (comunidades) que sólo puede agregar mejoras o propuestas a la decisión ya tomada. Así se consultarán, por ejemplo, los actos administrativos que “faculten” el inicio de la actividad o proyecto, o el que autorice a la Administración la suscripción de contratos con el mismo fin (3 i). No se prevé la posibilidad que los indígenas discutan con el gobierno el tipo de desarrollo que quieren implementar pues se asume que sólo hay un “desarrollo”: el provisto por los tecnócratas del Estado. Sólo si hay desacuerdo se inicia la “etapa de diálogo” que tendrá un plazo sumamente corto: 30 días (art. 20), que si bien puede ampliarse, demuestra el desdén en tratar de implementar una verdadera interacción con las comunidades más allá de “informarles”, “convencerles” o “educarles”, en fin, se mantienen las taras de las políticas asimilacionistas.


En general el marco legal peruano repite retóricamente varias frases de moda: “participación”, “enfoque de género” y diálogo intercultural”, que sólo buscan legitimar el status quo de la actual política económica extractivista: los indígenas tienen voz, pero no poder de decisión; se les permite participar, pero no gobernar elementos esenciales de sus relaciones legales y económicas. Ese es el significado del derecho a la “consulta” sin consentimiento: se les incluye para perpetuar su exclusión.

(*) Una versión corta de este post ha sido publicada como opinión en Actualidad Jurídica de Mayo, 2012.

*Roger Merino (29 años) estudió Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En los últimos dos años ha realizado dos master: uno en Derecho Comparado, Economía y Finanzas en la Universidad Internacional de Turín, y otro en Política Internacional y Globalización en la Universidad de Bath, Inglaterra, donde actualmente hace un Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas Públicas. El tema de su tesis en elaboración es el conflicto entre los derechos de propiedad indígena y la globalización desde la perspectiva de la Teoría Crítica aplicada a la Comparación Jurídica, Económica y Política.
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Fuente: Blog de Roger Merino Comparación Crítica:http://comparacioncritica.blogspot.co.uk/2012/05/consulta-previa-mecanismo-de-inclusion.html
 
Fuente: SERVINDI

Exigen sanción a policías que agredieron a abogadas de Defensoría y CNDDHH

Foto: Referencial El Comercio
El secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Miguel Jugo, pidió al ministro del Interior, Wilver Calle Girón, una investigación y sanción ejemplar a los policías que agredieron físicamente a una abogada de dicha organización y a otra de la Defensoría del Pueblo.

Se trata de las abogadas Amparo Abanto y Genoveva Gómez, de la CNDDHH y Defensoría del Pueblo, respectivamente, quienes fueron agredidas por varios policías el pasado jueves 21 de junio, en la Primera Comisaría de Cajamarca, cuando intentaban conocer la situación legal de los detenidos en una protesta.

“Yo desde aquí señalo que es una responsabilidad del ministro del Interior y que debe investigar y sancionar ejemplarmente a estos policías que han producido esta agresión contra la activista de derechos humanos y contra las abogadas defensoras del Pueblo”, señaló Miguel Jugo.

“Además en su condición de damas, han sido duramente golpeadas y eso no lo podemos consentir”, agregó.

“Hay que hacer nuevamente un llamado al ministro del Interior para que ordene claramente investigar a quienes están haciendo este tipo de tropelías y, en segundo lugar, se sancione ejemplarmente para que estos hechos no vuelvan a producirse”, exigió.
La agresión

El 21 de junio, las dos jóvenes abogadas se acercaron a la Comisaría para preguntar por los siete detenidos que venían de la Plazuela Bolognesi y que fueron llevados por los policías inmediatamente al sótano de la misma.

Al escuchar que los detenidos eran golpeados al interior del sótano, Gómez y Abanto, junto a un representante del Colegio de Abogados, intentaron evitar que la policía siga golpeándolos, lo que causó que en esos instantes que las dos abogadas fueran arrastradas de los cabellos, golpeadas y vejadas por una decena de policías.

Como consecuencia de la agresión, las abogadas presentaron contusiones y hematomas en diversas partes del cuerpo. A Genoveva Gómez incluso le rasgaron las ropas.

Cuando las abogadas y el abogado se fueron a quejar ante el coronel PNP Gonzales por las agresiones recibidas, las culparon por bajar al sótano, e inmediatamente después les reclamó por no llevar los “chalecos” de la Coordinadora de Derechos Humanos ni de la Defensoría.
Denunciarán ante Comisión Interamericana y Naciones Unidas

Miguel Jugo informó, además, que los hechos de violencia y las agresiones físicas contra las abogadas serán reportados en los próximos días ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.

“En el último informe que presenta la Comisión Interamericana acerca del trabajo de los defensores de los derechos humanos se señala que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección [de los activistas]”.

“Y señala que hay que estar permanentemente informando sobre este tema y esto vamos a informar lo más pronto posible. Vamos a insistir que esto es una situación que no se puede consentir”, refirió.
Fuente: SERVINDI

Identidades indígenas: de indio a campesino, de campesino a indígena


«¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Cada día, estas preguntas se vuelven relevantes para encontrar nuestra identidad. Y son reflexiones que no pasan por un día, ni por dos; pasan por todo un proceso de historia», expresa, sentidamente, Gladis Vila, lideresa indígena huancavelicana. Muchas personas se hacen estas preguntas en algún momento de sus vidas, y las consideran como reflexiones naturales.

Sin embargo, para las poblaciones indígenas estas preguntas de orden filosófico son totalmente cruciales, ya que resumen y reflejan una serie de problemas estructurales que el Perú arrastra desde hace siglos: la discriminación y asimilación cultural de los pueblos indígenas, y la incapacidad de construir un país multicultural donde se pueda respetar y aprender de nuestras diferencias.

En las próximas líneas conoceremos las reflexiones de diversos especialistas sobre el proceso histórico que las identidades indígenas han atravesado en las últimas décadas: José Ignacio López Soria, filósofo y reconocido investigador en temas de interculturalidad; Jaime Urrutia Ceruti, antropólogo especialista en comunidades campesinas; y Gladis Vila Pihue, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).

Se trata de reflexiones necesarias y fundamentales para la actual coyuntura, donde los modelos económicos extractivistas y las normas legales de reconocimiento de los derechos indígenas están causando impacto en la forma de vida y en la propia redefinición de identidades de los pueblos indígenas.

El «problema del indio» desde la Colonia

«El Perú, desde la Colonia, es perfectamente consciente de que el país está compuesto por una diversidad de pueblos, grupos étnicos, culturas, lenguas y religiones. Y la prueba evidente de que eran conscientes de esa existencia era que intentaban eliminarlos: de lo que se trataba era de aplastar todas esas culturas. Es una conciencia sin consciencia; es decir, una conciencia cognoscitiva sin consciencia moral», reflexiona López Soria.

Esta herencia colonial se trasladó a los primeros años de la vida republicana, donde se empieza a construir una idea de Estado-Nación, bajo una perspectiva homogeneizadora, pero desde un sentido diferente.

«Es decir, homogeneización no desde el sentido de que todos vamos a ser iguales, sino de que todos estamos en una articulación, gobernados por el Estado-Nación, donde no todos los peruanos son ciudadanos. Más que homogeneización, es una articulación vertical, de tal manera que hay una jerarquía. Una homogeneización que no alude a lo horizontal, porque la sociedad peruana nunca ha sido horizontal; siempre ha sido vertical y, de alguna manera, lo sigue siendo todavía», afirma López Soria.

En la segunda década del siglo veinte empezaron los debates acerca del «problema del indio» entre José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre y otros intelectuales. «Ya este término es evidentemente peyorativo, porque es como decir que el problema no somos «nosotros», sino que son los «indios» y cómo resolvemos este «problema» en el país. Esto revela una tendencia a la inclusión, donde en el camino quedaban neutralizadas sus características como pueblos indígenas y asumían la cultura occidental», analiza el filósofo.

Para la lideresa indígena Gladis Vila, la palabra indio era una palabra despectiva y aún lo sigue siendo. «Ha sido utilizada para agredir a la otra persona, para discriminarla y humillarla, sobre todo en las comunidades campesinas donde existían las haciendas.

Por ejemplo, si me dicen que soy un indio, respondería que no lo soy; pero sí digo que soy indígena, por pertenecer a aquellas comunidades y ayllus que existieron antes de la historia del Perú», reafirma la dirigente.

La creación de una identidad: el campesino

El 24 de junio de 1969, el general Juan Velasco Alvarado promulgó la Ley de Reforma Agraria mediante Decreto Ley 17716, donde también reemplazó el denominado Día del Indio —creado por el presidente Augusto B. Leguía en 1930— por el Día del Campesino. ¿Cuál fue el impacto en la redefinición de las identidades indígenas?

«Una reivindicación fundamental del gobierno militar de Velasco fue cambiar el término indio —de connotación absolutamente negativa— por el de campesino en la documentación oficial, eliminando un término despectivo que en el Perú servía para justificar la jerarquización social», detalla el antropólogo Jaime Urrutia, quien describe además que el término indio no era un elemento de identidad, sobre todo en la sierra del Perú.

López Soria opina que Velasco recogió el legado del debate de los años veinte. «Mariátegui predicó una y otra vez que el problema del “indio” era un problema de carácter económico. Y bajo esa perspectiva socialista, el término indio importa muy poco: lo que importa es si es proletario obrero o proletario campesino. Y la terminología de Velasco recoge esa impronta que comenzó en los años veinte. Una nueva identidad con enfoque de clase», explica López Soria.

Una opinión similar tiene la lideresa indígena Gladis Vila. «Hasta hoy en día nuestros padres, nuestros abuelos, piensan que ser campesino es haber dado un paso más hacia adelante o haber logrado un derecho más», afirma. «En su momento, el término campesino fue muy valioso en el sentido del autorreconocimiento; pero hoy en día sentimos que el término es muy limitado porque está reducido a la tierra. Los pueblos indígenas aspiramos mucho más allá: al tema del territorio», plantea la lideresa.

El filósofo López Soria comparte la opinión sobre la limitación del término campesino. «Es una identidad muy limitada porque se vincula fundamentalmente a la tierra. Por ejemplo, los pueblos de la selva cultivan la tierra (además, pescan, cazan y cultivan el bosque), pero no sé si dichas comunidades se identifican a sí mismas como campesinos. Es como si yo me identificara como profesor universitario. Yo soy profesor, pero eso no significa que necesariamente tenga que identificarme con mi fuente de trabajo. Tengo otras identidades que son diversas de mi fuente de trabajo», reflexiona López Soria, quien opina que los elementos de carácter cultural son los que más identifican a la persona.

La reafirmación de los pueblos indígenas

En las últimas décadas, el mundo ha empezado a tomar conciencia sobre las condiciones de marginación de los pueblos indígenas, y se han establecido una serie de iniciativas para el reconocimiento de sus derechos. En el ámbito internacional se creó el Convenio 169 de la OIT, y recientemente se dio, en el ámbito nacional, la promulgación de la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas. Estas tendencias y normativas están acentuando el debate sobre las identidades indígenas y sobre quiénes deben ser contemplados por tales normas.

«Yo creo que un elemento clave es el Convenio 169 de la OIT, que explicita los derechos de los grupos tribales. Esa ha sido la bandera usada para la reivindicación por aquellos que se vuelven a considerar como grupos indígenas», analiza el antropólogo Jaime Urrutia.

Para la lideresa indígena Gladis Vila, el reciente proceso de elaboración de la Ley de Consulta ha influido en su reafirmación y búsqueda de identidad como pueblos indígenas. Pero, en el caso de las mujeres indígenas, ¿cuál es la identidad que reafirman primero: la de indígena o la de mujer? «Yo me reafirmo primero como indígena y luego como mujer. Soy indígena por el tema del relacionamiento con el territorio donde están inmersos nuestros roles y aportes como mujer. Pero también tiene que ver con un tema de pertenencia a un pueblo, porque para los pueblos indígenas el tema de la colectividad lo es todo. Por ejemplo, si yo no me reafirmo como pueblo indígena, tampoco podré reafirmarme como mujer y no tendría el vínculo con lo colectivo», explica la lideresa.

En la actualidad, muchos peruanos están de acuerdo con llamarse indígenas. Sin embargo, López Soria advierte la herencia colonial del término. «Han pasado de indios a campesinos y de allí a indígenas. Pero estamos usando un término colonial, porque en América no había indígenas, sino diversos grupos humanos donde cada uno de ellos tenía su nombre, y fueron los europeos quienes les pusieron el nombre de indígena. El término es inventado, como también lo «occidental» es inventado, en oposición a «oriente»», manifiesta López Soria.

La importancia del territorio en la identidad

En la actual redefinición de las identidades indígenas, el tema del territorio ha cobrado crucial importancia. Para la presidenta de Onamiap, el ser indígena tiene un vínculo inmediato con el territorio, no solo con la tierra.

«Es un vínculo con los lagos, ríos y montañas, donde están nuestros apus y nuestra religiosidad. Los indígenas no tendríamos sentido si nos reducen solo a la tierra o a la producción agrícola ¿Y dónde quedan mi religiosidad y mi cosmovisión? Seríamos indígenas no completos», afirma, de manera categórica, la lideresa huancavelicana.

López Soria explica que los pueblos indígenas, por una serie de tradiciones, se sienten también poseídos por su propio lugar. «Cuando tú le quitas la tierra, le quitas parte de sí mismo. Estamos hablando de personas que están mucho más cercanas a la tierra, en el sentido de pachamama. No solamente una posesión para la producción, sino además una relación con el territorio. No es como cuando a mí me quitas una casa. Yo digo: “No importa, por aquí pasará una carretera y me darán un terreno en condiciones parecidas en otro sitio”. Me quitan una posesión, pero mi alma no está pegada a ese pedazo de tierra. Sin embargo, si fuera campesino del mundo indígena sí estaría pegada, porque ahí estarían mis dioses, probablemente », explica López Soria.

¿El redefinir sus identidades es una estrategia política de los indígenas, con la finalidad de alcanzar los derechos que las nuevas normatividades establecen? Para Urrutia, primero se debe partir de lo que significa identidad. «La identidad es reconocerse como parte de un grupo que comparte un mismo discurso histórico y referentes simbólicos de comportamientos, tradiciones y ritos. Las identidades son productos históricos.

Por ejemplo, el grupo chopcca, en Huancavelica, es una identidad inventada hace unos veinte años, pero ahora es asumida por toda la población. Más allá de la construcción de identidad, lo más importante es que el grupo empieza a interiorizarlo y lo termina aceptando», opina Urrutia.

López Soria afirma también que las identidades son, sobre todo, autoposeídas. «Las identidades son cambiantes y se enriquecen en la relación con otros. No hay que ver al otro desde un sentido negativo, es decir, el otro como mi límite, sino más bien el otro como posibilidad de enriquecimiento de mi propia cultura», opina el filósofo. «Los indígenas en el Perú no han asumido la posición de decir: “Los únicos dueños de este territorio somos los indígenas porque somos los originarios y el resto que se vaya”.

Lo único que dicen es: “Que respeten nuestros derechos. Nosotros también queremos ser parte de esta colectividad y queremos serlo de manera íntegra y digna”», explica López Soria.

El Perú sigue siendo un país con políticas discriminatorias y, en muchos casos, asimiladoras de los pueblos indígenas. A ello se suma la agudización del proceso homogeneizador de la globalización y la permanente imposición de un modelo económico extractivista que choca frontalmente contra las cosmovisiones alternativas de los pueblos indígenas.

Ante la pronta aplicación de la Ley de Consulta Previa, en el país aún debemos responder algunas preguntas cruciales, como por ejemplo: ¿las comunidades campesinas deben ser consideradas como indígenas o no? Realizar una reflexión sobre el tema de las identidades indígenas es fundamental para un país como el Perú, que se hace llamar pluricultural.

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Fuente: La Revista Agraria 141, junio 2012, editada por el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). Descargar la versión digital completa en: http://www.larevistaagraria.org/content/la-revista-agraria-141-junio-2012-texto-completo
 
Fuente: SERVINDI

jueves, 28 de junio de 2012

Sin compromisos claros para Pueblos Indígenas


Foto: Internet
Se reconoce aportes de las prácticas indígenas al desarrollo sostenible, pero no compromisos específicos respecto al resguardo de su Derecho al Territorio y Acceso a Recursos Naturales en el marco de la  economía verde

Lima, 27 de junio del 2012.- Los Estados firmantes del documento “El futuro que queremos” reconocieron en el texto final con los acuerdos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, también llamada Río +20, la importancia de los conocimientos y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas en  la conservación  y uso sostenible de la biodiversidad, así como la dependencia de estos pueblos de la misma, por lo que se ven especialmente afectados por su pérdida.

Reconocieron, a su vez, las condiciones de marginación en las cuales viven estos Pueblos, y  sugirieronque debería aumentarse las medidas de cooperación para hacer frente a la pobreza, lograr la seguridad alimentaria y la nutrición,  y combatir  la exclusión social y  la degradación ambiental que los afecta; así como mejorar su bienestar, reconociendo y apoyando su identidad, cultura e intereses.

No obstante no hay reconocimientos ni compromisos claros referidos a temas acuciantes para los pueblos indígenas, como la protección y respeto a sus territorios, la garantía del  goce de los recursos naturales, su participación en la toma de decisiones que los afecten, a través de la Consulta previa, o sobre su rol en el manejo forestal, entre otros.

Asimismo, en el documento se reconoce la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento político no vinculante, pero no se menciona el  Convenio 169 de la OIT  sobre Pueblos  Indígenas y Tribales en Países Independientes, que sí es de obligatorio cumplimiento para los países que lo han suscrito, entre ellos, Perú.

¿Y qué dice la Sociedad Civil?

La Cumbre Alternativa, en la síntesis de sus conclusiones, apuesta porque debe garantizarse el derecho de los pueblos indígenas  a la tierra,  a la protección de sus conocimientos  y prácticas  tradicionales,  así como garantizar su autonomía y libre determinación; y su soberanía alimentaria, a través de la agricultura sostenible a pequeña escala.

Fuente: DAR

Contaminación y corrupción de la minería en Ananea



Por: Ruth Ccopari

La contaminación, ilegalidad e informalidad minera en la región de Puno, es un problema que ha arrastrado durante años un sinfín de conflictos sociales en la región, siendo el más crítico el conflicto por la contaminación en la cuenca Ramis, producto de la minería ilegal en el distrito de Ananea. El 12 de febrero del 2012, el Estado peruano publicó los Decretos Legislativos (1099, 1100), que autorizan la interdicción y con ello la esperanza de erradicar este problema.

El pasado viernes 22 de junio la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) desarrollaron una inspección inopinada en el distrito de Ananea. Noticias SER participó de esta actividad y pudo constatar que pese a los decretos emitidos por el Estado, la actividad ilegal en la zona se desarrolla con igual o mayor impunidad que antes.

Chute trillisero, ubicado en el campamento minero de propiedad de Iván Ramírez (Pampablanca)


Durante la inspección se concentró la atención en la zona de Pampablanca, a 14 kilómetros de Ananea. Dos disparos alertaron de nuestra llegada a la zona, algunos mineros corrieron hacia sus campamentos, otros partieron en sus motos y algunos sencillamente apagaron sus maquinarias y se sentaron a observar. Todos los intervenidos parecían estar muy bien organizados, pues hablan el mismo lenguaje, “nadie sabe nada, nadie conoce a nadie, nadie da razón” sobre los dueños de los campamentos y aseguraron que habían iniciado sus operaciones recién dos o tres días atrás. Se constató también la presencia de niños menores de 7 años.

Ernesto Sagua, representante del MEM, consideró que se debe tomar medidas inmediatas. “Lo primero que se debe hacer es la fiscalización continua a todas las empresas informales en la zona y exigir bajo responsabilidad a los titulares mineros que implementen el sistema de recirculado del agua. Con respecto a los ilegales, que no quieren el diálogo, invoco a las autoridades competentes a que tomen acciones inmediatas”. Añadió: “Me parece una tremenda irresponsabilidad que teniendo ya los mecanismos legales y las normas, los mineros sigan operando de manera indiscriminada, necesitamos que ya se dé la acción de interdicción” enfatizó, a partir de la constatación realizada.

Mientras que César Rodríguez, director regional de la DREM, indicó: “La contaminación en la zona es evidente, los deshechos de la actividad minera ilegal e informal son vertidos directamente a los riachuelos de la cabecera de la cuenca del río Ramis. Hemos encontrado a los mineros ilegales in fraganti, hemos conversado con ellos y paralizado las actividades, se les ha solicitado algún tipo de documentación y no han respondido nada, si por lo menos hubieran mostrado la declaración de compromiso, los hubiéramos calificado en proceso de formalización, pero han sido totalmente ilegales”, señaló.

Denuncia

Durante el recorrido, llegamos a uno de los campamentos mineros más grandes de Pampablanca. Es el más visible de la zona por su tamaño y número de maquinarias (5), además de 3 enormes chutes y una gran “poza de sedimentación”. En el centro un enorme hueco de por lo menos 100 metros de profundidad. Todo ello de propiedad de Iván Ramírez Bedoya, hijo del fallecido Víctor Ramírez, ex director de la DREM, y de Shaida Iglesias Bedoya, también ex directora de la DREM y actual trabajadora nombrada de dicha institución.

“El señor Víctor Ramírez ha operado durante años en la zona, una vez que falleció, dejó de herencia este campamento minero a su hijo Iván Ramírez, él hace lo que quiere, cada vez que pasamos por sus terrenos, nos suelta a los perros, a mí ya me ha levantado la mano, siempre nos amenaza con sus revólveres”, indica la pobladora Dina Sosa, también trabajadora ilegal de Pampablanca. “Él nunca ha dejado de operar, trabaja de día y noche, nos dice, mi madre trabaja en la DREM, yo puedo hacer acá lo que quiera”, concluye Dina Sosa. 

Según información de la SUNAT, Iván Ramírez es también Gerente General de la empresa Importaciones de Maquinarias Pesadas y Servicios Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. (Importaciones y S. Ramias SRL).


Relaves mineros, ingresando a las supuestas pozas de sedimentación. también ubicado en el campemento de Iván Ramírez (Pampablanca)


Casualidades

Quizá estas vinculaciones entre los mineros ilegales y los funcionarios nombrados de la DREM, produzca la curiosa casualidad que cada vez que se lleva a cabo una inspección “inopinada” los mineros dejan de operar días y hasta horas antes.

Por otro, según versiones de los trabajadores del Gobierno Regional, hay varios trabajadores de la DREM, en su mayoría nombrados que estarían involucrados en temas de corrupción.“Probablemente haya involucrados, creo que esto es materia de investigación profunda, yo desconozco esa realidad, sin embargo, si hay evidencias es hora que las autoridades competentes actúen”, refirió Sagua.

Todo esto permite preguntarnos: ¿Dónde quedó la reorganización (1) de personal nombrado que tanto prometió el presidente regional Mauricio Rodríguez, luego de que un medio de comunicación local pusiera al descubierto una reunión entre el ex director de la DREM, Luis Aguilar con César Chambi,miembro de la Central de Cooperativas Mineras San Antonio de Poto (CECOMSAP) (2).

Hablan los mineros ilegales

Algunos mineros ilegales que no quisieron identificarse, indicaron: “En una oportunidad quisimos formalizarnos, pero no nos dieron la oportunidad, nos cerraron las puertas. El Estado nos obliga a esto, el Presidente Ollanta tiene la culpa. Esta es nuestra fuente de trabajo, ¿porqué nos quieren privar de trabajar? O quieren que salgamos a robar. Tenemos hijos, para formalizarnos por lo menos necesitamos un millón de soles, ¿de dónde sacamos tanto dinero? Soy sincero en decirle que antes sí sacábamos bien, ahora, con la reducción del precio de oro ni siquiera nos alcanza para pagar a los trabajadores. Acá nosotros corremos riesgos, el frío en las noches mata y así trabajamos. La delincuencia es cada vez mayor, a veces vienen de noche entre 10 y 15 personas que nos agreden y asaltan y, a ellos, ¿quién les dice algo? Nadie”.

Mineras “formales”

La Central de Cooperativas Mineras de San Antonio de Poto (CECOMSAP), la unidad minera San Francisco, la Cooperativa Minera Cruzpata Chaquiminas, la Central de Cooperativas Metalúrgicas Puno (CECOMIP), entre otros, son algunas de las corporaciones mineras más conocidas de la zona. Todas están a punto de recibir sus permisos de operaciones, es decir convertirse en empresas legalmente formales. Sin embargo, estos permisos podrían llegar a ser rechazados y por ende suspender sus actividades, dado que, las irregularidades que cometen estas cooperativas son similares a las que cometen los mineros ilegales.

Durante la inspección también se constató que todas infringen el reglamento de seguridad dado que la mayoría de los trabajadores no cuentan con equipos de seguridad personal básicos. En el caso particular de CECOMSAP las pozas de sedimentación estaban a punto de colmatar y la zona de almacenamiento de combustible era inadecuada. CECOMIP, de propiedad de Alex Flores, es la más critica en la parte ambiental, pues juntan en sus trincheras todo tipo de residuos (solidos, industriales, etc.) sin ser clasificados. 

Cesar Rodríguez, dijo finalmente: “Hemos encontrado incumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental, que tiene carácter de declaración jurada. Estas cooperativas están en proceso de formalización e incluso tienen una resolución de autorización, sin embargo esas resoluciones están en revisión para una opinión legal porque han sido denunciados en el sentido de que habrían irregularidades”, informó.




Mezcla de residuos sólidos industriales con residuos domésticos en la trinchera de la Central de Cooperativas Minero Metalúrgico Puno - CECOMIP. Esta cooperativa estaría a punto de recibir sus permisos de operaciones mineras. (Chaquiminas)


Datos

• Según versiones de una “chichiquera” (personas que busca oro de manera rudimentaria) en la zona existen alrededor de unas 250 personas que se dedican a esta actividad y cada dos días sacan 1 gramo de oro. Muchas veces son maltratadas por los mineros ilegales y por las cooperativas que operan en la zona.

• Según señalaron algunos mineros de la zona, el alcalde de Ananea habría adquirido el terreno superficial de la ex Minera Perú ubicado en Ananea.

• Según información de la División policial de Juliaca, cada semana se registran entre 1 y 2 asaltos a mineros, en la ruta Juliaca – Ananea – La Rinconada.

Notas:
(1) http://www.regionpuno.gob.pe/web/archives/5797
(2) http://ayaviri.info/2012/04/escandalo-en-la-direccion-de-energia-y-minas-de-puno/

Fuente: Noticias SER

Ananea (mina Rinconada) es el peor lugar de trabajo de América, según el padre Gastón Garatea



"Ananea es el peor lugar de trabajo de América", dijo l padre Gastón Garatea, en el programa de televisión "Abre Los Ojos" de Beto Ortiz, en referencia a las condiciones de trabajo que tiene los mineros en el centro poblado La RInconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina en la región Puno.

Al servidor de Dios se refirió a Puno, en la entrevista otorgada esta mañana, cuando se discutía el tema de la minería en el Perú, resaltando las condiciones infrahumanas con que trabajan los mineros en la Rinconada, sin tener los implemento, sin tener buena paga, sin seguro de salud y en condiciones espantosas.

Garatea, quien dijo haber vivido en Ayaviri - Melgar, señaló además que en el Perú uno no puede hablar como serrano pero sí como extranjero. También manifestó que el Perú y Colombia son los países reyes de la discriminación a diferencia de otros que están en América.

Fuente: Radio Onda Azul

Congresista Francisco Ccama estaría contaminando cuenca del río Ramis



La empresa minera San Rafael, el Congresista Francisco Ccama y ex parlamentario por Puno, Tomas Censano, que operan en el distrito de Ananea, de la provincia de San Antonio de Putina, son los que están contaminando la cuenca del río Ramis, según dijo el minero artesanal de La Rinconada, Simeón Condori Quiñones.

“Los mineros artesanales de La Rinconada no estamos contaminando la cuenca, es la empresa minera San Rafael, los trabajadores mineros del congresista Francisco Ccama y del ex parlamentario, Tomas Censano, quienes están contaminando el río”, reiteró.

Sugirió al gobierno regional Puno enviar una comisión especial a la zona para identificar a los verdades responsables de la contaminación del Ramis.

Respecto a la formalización de los mineros de la Rinconada y Lunar de Oro, señaló que ese proceso va a generar el despido de los trabajadores mineras, ya que cada contratista cuenta con alrededor de 60 trabajadores y de estos, por lo menos el 80% serán despedidos.

“El contratista no va a poder pagar el seguro social de ese número de trabajadores, entonces, va a tener que reducir empleados para operar de acuerdo a las últimas normas emitidas por el Estado”, dijo.

Fuente: Radio Pachamama

Región Puno trabaja en plan de capacitación sobre minería limpia



Presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, con mineros artesanales. Foto: Gobierno Regional de Puno.
Foto: Gobierno Regional Puno
La Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno prepara un plan de capacitación sobre minería limpia, para evitar la contaminación ambiental, informó hoy el presidente regional puneño, Mauricio Rodríguez. 

Dijo que la iniciativa contempla capacitar a los mineros artesanales en el manejo de tecnología moderna, como la planta gravimétrica, que permitirá la recuperación del oro en un 90 por ciento.

La autoridad regional señaló que estas acciones forman parte de los compromisos asumidos en diálogo concertado con los representantes de los mineros artesanales de Ananea, La Rinconada, Lunar de Oro, Limbani, Phara y Ayapata.

También expresó la necesidad de ampliar y mejorar la infraestructura y los equipos médicos del centro de salud de La Rinconada, que en tres meses tendrá aprobado el expediente técnico para su posterior ejecución.

En el sector Educación explicó que se han ejecutado y entregado obras en beneficio de los niños y jóvenes de la zona como la infraestructura de las instituciones educativas N° 72147 de La Rinconada (primaria), San Francisco de La Rinconada (secundaria técnico-industrial minero) y 73030 de Lunar de Oro.

Mediante la Dirección Regional de Educación de Puno se dispuso la creación de cuatro instituciones educativas de nivel inicial en La Rinconada y Lunar de Oro; así como la asignación de más docentes para los distintos niveles, incluido el Centro de Educación Técnica Productiva (Cetpro) de la zona, detalló.

Respecto a infraestructura vial informó que se gestiona la reclasificación a vía nacional de la carretera Pampilla-Cojata-Vilquechico, además del estudio para el mejoramiento y asfaltado del Eje Vial Nº 27.

Sobre la carretera Rosario-Carlos Gutiérrez-Saytococha refirió que ya se tienen avanzadas las coordinaciones con Proyecto Perú para la ejecución de esta vía.

Propuso a la municipalidad de Ananea que presente la solicitud para suscribir un convenio con la autoridad regional a fin de elaborar el estudio y proyecto de mejoramiento de la carretera vecinal Ananea-La Rinconada-Lunar de Oro.

Rodríguez dijo que de esta manera se atiende la plataforma de lucha presentada por los mineros, que acataron un paro de 48 horas desde el lunes.

Fuente: Agencia Andina

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