.png "English"){kind=small}
| Foto: Internet |
La necesidad de una discusión de política pública energética
Luego de que el gobierno expresara su deseo de participar parcialmente en la compra de la empresa Repsol, y de la reunión del Presidente de la República con el principal ejecutivo de la multinacional española, se ha desatado un debate por ahora desordenado sobre el significado de esta operación que atañe a la refinería La Pampilla, a la red de grifos que opera la empresa y a la envasadora de gas que abastece al mercado nacional.
En primer término se tiene la reacción ideológica extrema, acostumbrada a dramatizar toda acción empresarial del Estado, abundante esta vez en calificativos de poco rigor técnico, como “barbaridad”, “retroceso”, “idiotez” y “colmo”, y cuyo objetivo es cortar el debate blandiendo la amenaza de una acusación constitucional contra el gabinete y la vacancia de la Presidencia de la República.
El extremismo tremendista es incoherente; guardó silencio frente a los contratos irregulares y las privatizaciones amañadas de la década de los noventa y ahora mismo calla sobre los resultados negativos de Repsol, una empresa que a 20 años de la privatización ofrece resultados desastrosos, un mal ejemplo de gestión empresarial que solo busca la maximización de las ganancias en tanto acumula pasivos ambientales por falta de control público.
Una segunda reacción corresponde a los especialistas vinculados a empresas que intervienen sin revelar los intereses de quienes los contratan. Representan a las empresas que legítimamente temen que el Estado participe en la formación de precios de los combustibles. Argumentan que los activos más importantes de Repsol ya fueron vendidos a Shell y que el mercado ya está suficientemente diversificado con la presencia de cuatro operadores. Estas voces representan el negocio de la importación, aspiran al control de la cadena de grifos de Repsol y subestiman la actividad de refinamiento en territorio nacional.
Un tercer punto de vista pertenece a especialistas que opinan con independencia de las empresas privadas del sector. Ellos sostienen que con la refinería de Talara, Petroperú ha demostrado ser un buen operador en la actividad de refinado, alcanzando una rentabilidad mayor que la de La Pampilla. Anotan que el eje de la discusión se encuentra en la posibilidad de que el incremento del peso de Petroperú reduzca los márgenes de ganancia de las empresas que operan en el mercado.
El debate no debería plantearse desde un reduccionismo ideológico, en un país cuyas empresas públicas han demostrado gerencia y solvencia, de modo que no puede echarse contra ellas la maldición del estatismo ineficiente de los años ochenta ignorando su práctica nueva. El debate legal tampoco puede ser objeto de dramatismo debido a que una ley expresa permite al Estado intervenir en el negocio petrolero.
Una discusión provechosa debería surgir del posicionamiento del gobierno, el que está llamado a informar las razones de su participación en la citada operación. Este punto de vista debería vincularse a una política de Estado que asegure por medios públicos y privados nuestra soberanía energética, la reducción del volumen de importación, que evite la formación de un monopolio en el sector y favorezca la formación de precios en beneficio de los consumidores. Esta transparencia debería ser contrastada con la de los políticos, formadores de opinión y especialistas, que también deberían informarnos de los intereses públicos o privados que favorecen.
Fuente: Diario La República
0 comentarios:
Publicar un comentario