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| Foto: Internet |
Por: Juan Vejarano
Hace poco la funcionaria de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Pamela Maldonado, cuestionó las cifras de la Defensoría del Pueblo (DP) respecto a los conflictos sociales y señalaba que estas eran alarmistas; incluso decía que el registro de estas denuncias en su mayoría correspondían a temas caseros o vecinales y que eso engrosaba el número de conflictos y la percepción de violencia en el país. En tanto precisaba que los conflictos sociales que recoge la PCM son de carácter macro, donde se pone en riesgo la gobernabilidad y se afectan las inversiones.
Hasta cierto punto lo dicho por Maldonado tiene asidero, porque el gobierno debe lograr ese equilibrio para trasmitir tranquilidad y seguridad a los potenciales inversionistas; pero en aras de este gran objetivo tampoco se pueden minimizar los problemas que suceden en las regiones del país, así sean estos pequeños, pues muchas veces no se les da la importancia del caso y de pronto crecen hasta no poder controlarlos.
Si no veamos lo que pasó en la provincia de Ilave (Puno) el año 2004, cuando un problema pequeño sobre denuncias de presuntas irregularidades en la gestión del alcalde Fernando Cirilo Robles se desbordó, la situación se tornó inmanejable ante la inacción de las autoridades del Ejecutivo, que culminó con el asesinato de la autoridad a manos de los pobladores. Lo peor es que tiempo después la Contraloría hizo una auditoría y comprobó que el alcalde no había incurrido en las anomalías que lo acusaban.
El 2008 la sangre llegó al río en Piura durante el desalojo de comerciantes ambulantes del mercado Modelo, con la consecuente muerte de cinco personas. Si bien el problema tuvo un matiz local en sus inicios, luego adquirió una connotación nacional, pero al gobierno poco le interesó el caso. Así podríamos enumerar otros casos que han dejado una secuela de muertes; pero que bajo la visión de la PCM no son importantes. Cosa más equivocada.
Como dice el representante de la Defensoría del Pueblo, Julio Hidalgo, para su institución todo conflicto es importante, no menosprecian nada, porque una protesta por más insignificante que parezca puede crecer tanto hasta convertirse en una burbuja que después no se puede manejar y explotar en la cara de las autoridades de manera muy fea. Así pasó con el “Baguazo” el 5 de junio del 2009 y actualmente pasa con el conflicto minero en Cañaris. Desde el año pasado la DP lo reportó como un conflicto latente, pero el gobierno no le dio la importancia debida, recién cuando los comuneros amenazaron con tomar las instalaciones de la minera Candente Copper, cuando bloquearon las carreteras y se enfrentaron a la Policía, allí recién la PCM se preocupó por el asunto.
Lamentablemente desde las distintas instancias del Ejecutivo se actúa así, en forma tardía, se espera a que el problema estalle para recién interesarse y hallar posibles soluciones; pero de por medio casi siempre hay víctimas que lamentar.
Hasta cierto punto lo dicho por Maldonado tiene asidero, porque el gobierno debe lograr ese equilibrio para trasmitir tranquilidad y seguridad a los potenciales inversionistas; pero en aras de este gran objetivo tampoco se pueden minimizar los problemas que suceden en las regiones del país, así sean estos pequeños, pues muchas veces no se les da la importancia del caso y de pronto crecen hasta no poder controlarlos.
Si no veamos lo que pasó en la provincia de Ilave (Puno) el año 2004, cuando un problema pequeño sobre denuncias de presuntas irregularidades en la gestión del alcalde Fernando Cirilo Robles se desbordó, la situación se tornó inmanejable ante la inacción de las autoridades del Ejecutivo, que culminó con el asesinato de la autoridad a manos de los pobladores. Lo peor es que tiempo después la Contraloría hizo una auditoría y comprobó que el alcalde no había incurrido en las anomalías que lo acusaban.
El 2008 la sangre llegó al río en Piura durante el desalojo de comerciantes ambulantes del mercado Modelo, con la consecuente muerte de cinco personas. Si bien el problema tuvo un matiz local en sus inicios, luego adquirió una connotación nacional, pero al gobierno poco le interesó el caso. Así podríamos enumerar otros casos que han dejado una secuela de muertes; pero que bajo la visión de la PCM no son importantes. Cosa más equivocada.
Como dice el representante de la Defensoría del Pueblo, Julio Hidalgo, para su institución todo conflicto es importante, no menosprecian nada, porque una protesta por más insignificante que parezca puede crecer tanto hasta convertirse en una burbuja que después no se puede manejar y explotar en la cara de las autoridades de manera muy fea. Así pasó con el “Baguazo” el 5 de junio del 2009 y actualmente pasa con el conflicto minero en Cañaris. Desde el año pasado la DP lo reportó como un conflicto latente, pero el gobierno no le dio la importancia debida, recién cuando los comuneros amenazaron con tomar las instalaciones de la minera Candente Copper, cuando bloquearon las carreteras y se enfrentaron a la Policía, allí recién la PCM se preocupó por el asunto.
Lamentablemente desde las distintas instancias del Ejecutivo se actúa así, en forma tardía, se espera a que el problema estalle para recién interesarse y hallar posibles soluciones; pero de por medio casi siempre hay víctimas que lamentar.
Fuente: Diario La República
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