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| Foto: David Chino, Vicepresidente de Fediquep |
Durante el seminario “La consulta previa en el Perú: retos y oportunidades para su implementación” representantes de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) denunciaron la alarmante situación ambiental de sus lagunas y plantearon al Gobierno seis condiciones para el primer proceso de consulta previa en el país.
En el evento realizado el pasado 26 de marzo en Lima participaron la congresista Verónika Mendoza, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Gladys Vila, presidentea de la organizacion de mujeres Onamiap y Hugo Che Piu, director de la institución organizadora del evento Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
El certamen fue propicio también para hacer entrega al público de la publicación: Análisis crítico de la Consulta Previa en el Perú. Informe sobre el proceso de reglamentación de la Ley de Consulta y del reglamento, elaborada por el Grupo de Trabajo de la CNDDHH.
Como se recuerda, el Lote 192 es donde el Estado ha planteado realizar la primera consulta previa en el Perú, pero es un área que cuenta con serios pasivos ambientales que han generados graves daños a la salud de los indígenas tras cuarenta años de explotación de hidrocarburos.
El primer diagnóstico realizado recientemente por una Comisión Multisectorial que visitó la zona arrojó preocupantes resultados en las condiciones de las aguas, el suelo y los sedimentos en el Pastaza, los cuales contienen metales pesados altamente peligrosos para la salud.
Décadas de contaminación
El vicepresidente de Fediquep, David Chino, inició su participación presentando imágenes de lagunas de la zona del Pastaza con evidentes señales de contaminación por hidrocarburos.
“Ya no existe la cocha (Shanshococha) donde los pobladores de la zona se alimentaban, ya no existe, está muerta (…) sigue la contaminación, sigue el crudo y no se está haciendo nada sobre la remediación”, indicó.
“La gente sigue pescando en esos lagos que están contaminados, porque no hay otro lugar a dónde ir, ya no tienen más lagos, más cochas. ¿De dónde esa población va a sobrevivir?. Sabiendo que esa cocha está contaminada, de eso están comiendo”, denunció el dirigente.
Asimismo, Chino mostró imágenes de lagunas con evidente contaminación que la empresa afirma haber “remediado”. “Ellos dicen que ya no hay contaminación, las congresistas han visto con sus propios ojos que no es cierto lo que dicen que ya está remediado”, indicó.
En el evento realizado el pasado 26 de marzo en Lima participaron la congresista Verónika Mendoza, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Gladys Vila, presidentea de la organizacion de mujeres Onamiap y Hugo Che Piu, director de la institución organizadora del evento Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
El certamen fue propicio también para hacer entrega al público de la publicación: Análisis crítico de la Consulta Previa en el Perú. Informe sobre el proceso de reglamentación de la Ley de Consulta y del reglamento, elaborada por el Grupo de Trabajo de la CNDDHH.
Como se recuerda, el Lote 192 es donde el Estado ha planteado realizar la primera consulta previa en el Perú, pero es un área que cuenta con serios pasivos ambientales que han generados graves daños a la salud de los indígenas tras cuarenta años de explotación de hidrocarburos.
El primer diagnóstico realizado recientemente por una Comisión Multisectorial que visitó la zona arrojó preocupantes resultados en las condiciones de las aguas, el suelo y los sedimentos en el Pastaza, los cuales contienen metales pesados altamente peligrosos para la salud.
Décadas de contaminación
El vicepresidente de Fediquep, David Chino, inició su participación presentando imágenes de lagunas de la zona del Pastaza con evidentes señales de contaminación por hidrocarburos.
“Ya no existe la cocha (Shanshococha) donde los pobladores de la zona se alimentaban, ya no existe, está muerta (…) sigue la contaminación, sigue el crudo y no se está haciendo nada sobre la remediación”, indicó.
“La gente sigue pescando en esos lagos que están contaminados, porque no hay otro lugar a dónde ir, ya no tienen más lagos, más cochas. ¿De dónde esa población va a sobrevivir?. Sabiendo que esa cocha está contaminada, de eso están comiendo”, denunció el dirigente.
Asimismo, Chino mostró imágenes de lagunas con evidente contaminación que la empresa afirma haber “remediado”. “Ellos dicen que ya no hay contaminación, las congresistas han visto con sus propios ojos que no es cierto lo que dicen que ya está remediado”, indicó.
Edinson Sánchez, representante de Fediquep
Seis condiciones mínimas para la consulta
Luego de expresar la indignación de su pueblo por la demora del Estado para reconocer sus derechos, David Chino expuso las seis condiciones mínimas que exigirán como condición para que se lleve a cabo la consulta previa sobre la licitación del lote 192.
La primera de las condiciones mínimas exigida por los indígenas es “la titulación y ampliación y reconocimiento de los territorios integrales”, afirmó el dirigente.
“El Estado pretende licitar nuevos lotes pero obviando varias áreas que ocupa la empresa. Solamente quiere titular separando todos los espacios que está ocupando la empresa, sólo eso”, explicó.
“Nosotros no queremos que se titule de esa manera. Queremos que se nos reconozcan como territorios integrales, porque nosotros no queremos límites para poder decir, hasta aquí nomás me pertenece, hasta aquí nomás, o, mi animal se va hasta aquí nomás”, añadió.
La segunda condición es la “remediación de los impactos que ha ocasionado la empresa durante muchos años”, señaló.
La tercera es la “indemnización y compensación por el uso de las tierras e indemnización de los derrames que ha ocasionado la petrolera”.
Como cuarta condición, los indígenas exigen la realización de un diagnóstico ambiental y social. “Nosotros no sabemos cómo está nuestro pueblo, cómo están los suelos. No se sabe si son aptos para agricultura o si no”, indicó Chino.
Asimismo, la quinta condición es la “participación en los beneficios que las empresas transnacionales obtienen al operar en sus territorios”, señaló.
“Nunca por nunca se ha priorizado a los pueblos indígenas en la participación de los beneficios. Y esto se ha ido solamente a los gobiernos regionales”, aseguró el dirigente.
La sexta condición es la ya cumplida “declaratoria de emergencia” en la zona. Al respecto, David Chino saludó la declaratoria de emergencia decretada la semana pasada por el Gobierno.
“Recién el Estado se está poniendo las pilas (…) En la cuenca del Pastaza, han declarado al agua del Pastaza no apta para el consumo humano”. Si nuestra agua está contaminada, nuestros peces y animales también están contaminados”, declaró.
Finalmente, el dirigente afirmó que su pueblo está preocupado por su salud y pidió al Estado que atienda a las condiciones planteadas.
Consulta por conveniencia política
Por su parte, la Congresista Verónika Mendoza, consideró que la decisión de iniciar los proceso de consulta en el Lote 1AB responde a una “conveniencia política”.
“No fue casual (la consulta en el Pastaza). No se definió con criterio de derechos sino con un criterio de conveniencia política: se pensó que al tratarse de un simple traspaso de concesión a un nuevo titular la cosa sería fácil y que con graves impactos los indígenas tendrían experiencia de convivencia con industrias extractivas”, indicó.
La legisladora afirmó que inicialmente la consulta se iba a dar en comunidades campesinas de Apurímac pero que hubo una fuerte resistencia por parte de sectores mineros.
Asimismo, cuestionó que – a su criterio- el Gobierno no actúe “con una perspectiva de derechos ni de democracia intercultural”, sino como “un escenario administrativo más” buscando reducir al mínimo la participación real de la población.
“No se pensó si el fondo de la consulta es el respeto y los derechos fundamentales”, afirmó Mendoza.
Igualmente expresó sus dudas sobre la voluntad política del Estado hacia implementar efectivamente el derecho a la consulta y participación indígena en el país.
“La idea de la consulta previa sigue siendo todavía instrumental y administrativa, se consulta el decreto supremo. No hay una idea procesal ni intercultural de lo que es el proceso de consulta”, señaló.
Igualmente, consideró que la experiencia en el Pastaza será un proceso de aprendizajes en cambios normativos por los planteamientos que han hecho las organizaciones.
La legisladora, subrayó la necesidad de abordar el tema de la institucionalidad indígena estatal y de realizar un ordenamiento territorial con participación indígena para construir, en consenso, un modelo de desarrollo y uso del territorio sin tener que ir “proyecto por proyecto superando esta ‘valla administrativa’ de la consulta.”
Por su parte, la Congresista Verónika Mendoza, consideró que la decisión de iniciar los proceso de consulta en el Lote 1AB responde a una “conveniencia política”.
“No fue casual (la consulta en el Pastaza). No se definió con criterio de derechos sino con un criterio de conveniencia política: se pensó que al tratarse de un simple traspaso de concesión a un nuevo titular la cosa sería fácil y que con graves impactos los indígenas tendrían experiencia de convivencia con industrias extractivas”, indicó.
La legisladora afirmó que inicialmente la consulta se iba a dar en comunidades campesinas de Apurímac pero que hubo una fuerte resistencia por parte de sectores mineros.
Asimismo, cuestionó que – a su criterio- el Gobierno no actúe “con una perspectiva de derechos ni de democracia intercultural”, sino como “un escenario administrativo más” buscando reducir al mínimo la participación real de la población.
“No se pensó si el fondo de la consulta es el respeto y los derechos fundamentales”, afirmó Mendoza.
Igualmente expresó sus dudas sobre la voluntad política del Estado hacia implementar efectivamente el derecho a la consulta y participación indígena en el país.
“La idea de la consulta previa sigue siendo todavía instrumental y administrativa, se consulta el decreto supremo. No hay una idea procesal ni intercultural de lo que es el proceso de consulta”, señaló.
Igualmente, consideró que la experiencia en el Pastaza será un proceso de aprendizajes en cambios normativos por los planteamientos que han hecho las organizaciones.
La legisladora, subrayó la necesidad de abordar el tema de la institucionalidad indígena estatal y de realizar un ordenamiento territorial con participación indígena para construir, en consenso, un modelo de desarrollo y uso del territorio sin tener que ir “proyecto por proyecto superando esta ‘valla administrativa’ de la consulta.”
Fuente: SERVINDI
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