Las actividades mineras y grandes inversiones se deben realizar en el marco del respeto a las comunidades, consulta a la población y con información transparente, afirman ronderos de Carabaya

Foto: Rondas Campesinas Regional

En estos últimos años en el Departamento de Puno se han registrado diversos conflictos sociales por el ingreso de grandes inversiones y empresas en diferentes comunidades, donde los pobladores señalan que nunca fueron consultados sobre la ejecución de un determinado proyecto en sus localidades. 

Un ejemplo de ello, es lo que sucedió hace poco con la empresa Bear Creek Mining que informó que durante una audiencia pública obtuvo la licencia social de la población para la ejecución de su proyecto de plata en el distrito de Corani, provincia de Carabaya. Sin embargo, algunos pobladores señalaron que los asistentes a dicha audiencia no pertenecen a la zona. 

Frente a estos conflictos, los ronderos de Carabaya piden que las inversiones se realicen respetando a las comunidades, consultando a la población de la zona y brindando información transparente sobre los impactos que ocasionará dicha actividad. 

Julio Merma, Vicepresidente de la Central Única Distrital de Rondas Campesinas de Corani refirió a Rondando Inambari: “Tal como indica el Convenio 169 de la OIT, el gobierno debe consultar a los pueblos sobre el ingreso de empresas mineras y grandes inversiones, pero nunca lo ha hecho, además cuando no estamos de acuerdo impone el proyecto. Nos oponemos, porque muchas de estas empresas han contaminado el agua y aire de nuestras comunidades, por eso pedimos respeto a nuestros derechos. Lo preocupante es que el gobierno ve nuestras tierras como un negocio y no como nuestra fuente de sobrevivencia para el futuro”. 

Así mismo, Sabino Soncco, Vicepresidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú y rondero del distrito de Crucero (Carabaya) señaló: “Nosotros no estamos en contra de la minería, porque hay mucha gente que se dedica a esta actividad, por ello planteamos que las empresas mineras y grandes inversiones respeten a las comunidades, obtengan la licencia social de manera adecuada y no sorprendiendo a las comunidades campesinas con información inexacta. Queremos que las empresas asuman su responsabilidad y actúen de manera transparente con el pueblo solo así se puede dialogar y negociar. Además, leyes como la Consulta Previa aún no se aplica y tiene vacíos legales que no benefician a los pobladores”. 

“De otro lado, es imprescindible que el estado impulse el Ordenamiento Territorial (OT) y la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) para ver en qué zonas se puede trabajar la minería, ahí recién se puede dar las inversiones y concesiones mineras de lo contrario peligra la naturaleza y el medio ambiente”, finalizó el dirigente.

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