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El Estado maneja el sector hidrocarburos sin una política estructurada, con objetivos poco claros. Su decisión de aumentar su presencia en la comercialización de combustibles –e incluso la refinación de petróleo– contrasta con el débil apoyo a la inversión privada: desde el 2010 no se licita ningún lote petrolero en el país. Es cierto que la elaboración del marco legal de la consulta previa ha frenado esos procesos, pero lo que provoca inquietud es la lentitud con que dicha normatividad está siendo completada.
Perupetro (encargado de los contratos petrolíferos y gasíferos) ha decidido tomar la iniciativa y ha convocado a la licitación de nada menos que 36 lotes. Ya se informó sobre el interés de compañías extranjeras, de los cientos de millones de dólares en inversión y, con menor énfasis, de los empleos que se generarán; pero también se ha advertido que podría haber demoras de hasta año y medio, sobre todo en los concursos por los 27 lotes localizados en el interior del país. Los otros nueve están ubicados en el Zócalo Continental, de modo que en esos casos no habrá consultas previas que los retrasen más de la cuenta –se estima que se estarán adjudicando a fines de año.
Si bien las comunidades tienen el derecho a manifestarse, pues la actividad exploratoria alterará su entorno y su forma de vida, todavía no existen en el Estado mecanismos de comunicación, diálogo e información que permitan a las poblaciones nativas estar convenientemente informadas a fin de que puedan decidir la conveniencia o no de ejecutar los proyectos.
El reglamento de la Ley de Consulta Previa fue promulgado hace un año, pero son pobres los avances realizados para que la norma esté lista para ser aplicada y persisten ambigüedades en la misma (¿quiénes son los interlocutores nativos válidos? ¿Qué comunidades tienen derecho a la consulta?). Se sabe que el Ministerio de Cultura está formando intérpretes de lenguas indígenas, pero ese es solo un pequeño paso para emprender la integración de las comunidades nativas. El asunto es diseñar esquemas de comunicación que se adecuen a su realidad –y no al revés–, lo cual no parece estar sucediendo. Si se continúa alargando la espera, la consulta previa se convertirá en una traba más a la inversión.
Perupetro (encargado de los contratos petrolíferos y gasíferos) ha decidido tomar la iniciativa y ha convocado a la licitación de nada menos que 36 lotes. Ya se informó sobre el interés de compañías extranjeras, de los cientos de millones de dólares en inversión y, con menor énfasis, de los empleos que se generarán; pero también se ha advertido que podría haber demoras de hasta año y medio, sobre todo en los concursos por los 27 lotes localizados en el interior del país. Los otros nueve están ubicados en el Zócalo Continental, de modo que en esos casos no habrá consultas previas que los retrasen más de la cuenta –se estima que se estarán adjudicando a fines de año.
Si bien las comunidades tienen el derecho a manifestarse, pues la actividad exploratoria alterará su entorno y su forma de vida, todavía no existen en el Estado mecanismos de comunicación, diálogo e información que permitan a las poblaciones nativas estar convenientemente informadas a fin de que puedan decidir la conveniencia o no de ejecutar los proyectos.
El reglamento de la Ley de Consulta Previa fue promulgado hace un año, pero son pobres los avances realizados para que la norma esté lista para ser aplicada y persisten ambigüedades en la misma (¿quiénes son los interlocutores nativos válidos? ¿Qué comunidades tienen derecho a la consulta?). Se sabe que el Ministerio de Cultura está formando intérpretes de lenguas indígenas, pero ese es solo un pequeño paso para emprender la integración de las comunidades nativas. El asunto es diseñar esquemas de comunicación que se adecuen a su realidad –y no al revés–, lo cual no parece estar sucediendo. Si se continúa alargando la espera, la consulta previa se convertirá en una traba más a la inversión.
Fuente: Revista Oro Negro
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