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Las empresas de fundición y refinación de metales corren el riesgo de ver paralizadas sus operaciones en 2014 por una norma de las autoridades peruanas que en defensa del medio ambiente exigen una reducción de las emisiones de óxidos de azufre bajo la premisa “contaminación cero”, estimaron el miércoles analistas.
El tema fue debatido en la conferencia “Metalurgia Minera y Medio Ambiente” que abordó los avances y compromisos para lograr un desarrollo sostenible, con asistencia de funcionarios del gobierno, empresas metalúrgicas y representantes de la sociedad civil convocadas por una ONG ambientalista.
“La norma tiene que cumplirse porque favorece la defensa del medio ambiente”, dijo a la AFP Arturo Alfaro, director de la ONG Vida, al señalar que si las empresas no se adecuan algunas tendrían que cerrar.
Por su parte, el director general de Minería del ministerio de Energía y Minas, Edgardo Alva Bazán, declaró a la AFP que las disposiciones en esa materia deben cumplirse.
“Las normas están dadas, el presidente (Ollanta Humala) ha dado instrucciones específicas sobre control de emisiones de gas. La proyección a corto plazo es contaminación cero”, añadió el funcionario.
Alva dijo que no cree que las refinerías puedan verse afectadas. “No creo que haya peligro si trabajan profesionalmente y técnicamente bien”, añadió.
La norma que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2014, ha generado preocupación en el gremio minero.
Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, dijo al diario financiero Gestión que “técnicamente no es posible cumplir con el Estándar de Calidad Ambiental (ECA)”.
La disposición, dictada por el ministerio del Ambiente, señala que las refinerías no podrán superar emisiones por encima de 20 microgramos por metro cúbico, que hasta 2008 era de 80 microgramos por metro cúbico.
Según Arias, con esos límites Perú es el país que tiene en el mundo los niveles más bajos, y a modo de ejemplo señala que en Chile el tope es de 150.
Alfaro, de la ONG Vida, anotó que con la aplicación del decreto “tendrían que cerrar” las refinerías de Doe Run, ubicada en la región centroandina de La Oroya, y la refinería de Zinc de Cajamarquilla, al este de Lima.
Añadió que la refinería de la Southern, del grupo México, ubicada en la ciudad sureña de Ilo, ya ha iniciado su proceso de adecuación.
Hizo notar que para que las empresas puedan adecuarse a la norma ambiental falta que se dicten medidas complementarias como plazos específicos durante este año para que las empresas tengan a que atenerse y poder adecuarse.
El complejo metalúrgico Doe Run, empresa del grupo estadounidense Renco, entró en crisis y cerró por problemas financieros y su control fue asumido por sus acreedores, que han decidido ponerla en reestructuración.
Ayar López Cano, actual administrador de Doe Run, dijo que la empresa “no hará nada que signifique incumplimientos ambientales”.
La Oroya tiene un alto nivel de contaminación debido al complejo metalúrgico que opera en esa ciudad andina desde hace más de 70 años.
En Chile, otro gigante minero de América Latina, los proyectos mineros están chocando también con reivindicaciones de comunidades indígenas y ambientalistas, ante la amenaza de falta de agua y de energía, poniendo en peligro la ejecución de millonarias inversiones en el sector.
El miércoles una pequeña comunidad diaguita (indígenas) del norte de Chile logró torcerle la mano a la poderosa minera canadiense Barrick Gold, luego de que la justicia acogiera sus reclamos y ordenara la paralización de las obras del proyecto aurífero Pascua Lama, en la frontera entre Chile y Argentina, con una inversión de unos 8.500 millones de dólares.
Aunque la suspensión total del proyecto debe ser ratificada por la Corte Suprema, éste constituye un nuevo revés a la minería chilena, la primera productora mundial de cobre.
El tema fue debatido en la conferencia “Metalurgia Minera y Medio Ambiente” que abordó los avances y compromisos para lograr un desarrollo sostenible, con asistencia de funcionarios del gobierno, empresas metalúrgicas y representantes de la sociedad civil convocadas por una ONG ambientalista.
“La norma tiene que cumplirse porque favorece la defensa del medio ambiente”, dijo a la AFP Arturo Alfaro, director de la ONG Vida, al señalar que si las empresas no se adecuan algunas tendrían que cerrar.
Por su parte, el director general de Minería del ministerio de Energía y Minas, Edgardo Alva Bazán, declaró a la AFP que las disposiciones en esa materia deben cumplirse.
“Las normas están dadas, el presidente (Ollanta Humala) ha dado instrucciones específicas sobre control de emisiones de gas. La proyección a corto plazo es contaminación cero”, añadió el funcionario.
Alva dijo que no cree que las refinerías puedan verse afectadas. “No creo que haya peligro si trabajan profesionalmente y técnicamente bien”, añadió.
La norma que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2014, ha generado preocupación en el gremio minero.
Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, dijo al diario financiero Gestión que “técnicamente no es posible cumplir con el Estándar de Calidad Ambiental (ECA)”.
La disposición, dictada por el ministerio del Ambiente, señala que las refinerías no podrán superar emisiones por encima de 20 microgramos por metro cúbico, que hasta 2008 era de 80 microgramos por metro cúbico.
Según Arias, con esos límites Perú es el país que tiene en el mundo los niveles más bajos, y a modo de ejemplo señala que en Chile el tope es de 150.
Alfaro, de la ONG Vida, anotó que con la aplicación del decreto “tendrían que cerrar” las refinerías de Doe Run, ubicada en la región centroandina de La Oroya, y la refinería de Zinc de Cajamarquilla, al este de Lima.
Añadió que la refinería de la Southern, del grupo México, ubicada en la ciudad sureña de Ilo, ya ha iniciado su proceso de adecuación.
Hizo notar que para que las empresas puedan adecuarse a la norma ambiental falta que se dicten medidas complementarias como plazos específicos durante este año para que las empresas tengan a que atenerse y poder adecuarse.
El complejo metalúrgico Doe Run, empresa del grupo estadounidense Renco, entró en crisis y cerró por problemas financieros y su control fue asumido por sus acreedores, que han decidido ponerla en reestructuración.
Ayar López Cano, actual administrador de Doe Run, dijo que la empresa “no hará nada que signifique incumplimientos ambientales”.
La Oroya tiene un alto nivel de contaminación debido al complejo metalúrgico que opera en esa ciudad andina desde hace más de 70 años.
En Chile, otro gigante minero de América Latina, los proyectos mineros están chocando también con reivindicaciones de comunidades indígenas y ambientalistas, ante la amenaza de falta de agua y de energía, poniendo en peligro la ejecución de millonarias inversiones en el sector.
El miércoles una pequeña comunidad diaguita (indígenas) del norte de Chile logró torcerle la mano a la poderosa minera canadiense Barrick Gold, luego de que la justicia acogiera sus reclamos y ordenara la paralización de las obras del proyecto aurífero Pascua Lama, en la frontera entre Chile y Argentina, con una inversión de unos 8.500 millones de dólares.
Aunque la suspensión total del proyecto debe ser ratificada por la Corte Suprema, éste constituye un nuevo revés a la minería chilena, la primera productora mundial de cobre.
Fuente: Revista Rumbo Minero
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