Tres ministros se pasean y no resuelven interrogantes de congresistas sobre PP.II.

 

Que la base de datos sobre pueblos indígenas no tiene fecha de publicación, que hay tiempo hasta julio para responder a comisión de la ONU y que los proyectos mineros avanzan en “acuerdos con las comunidades” son algunas de las gaseosas respuestas que brindaron tres ministros de Estado a comisión del Congreso de la República.

Iván Lanegra, viceministro de Interculturalidad, afirmó una vez más, esta vez ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso (CPAAAAE), que no existe fecha de publicación para la Base de Datos de Pueblos Indígenas.

Según Lanegra, la incertidumbre se debe a la acción popular que presentó una comunidad del distrito de Tinta, en Cusco, en contra de la directiva publicada por el Ministerio de Cultura en mayo de 2012, en la que se establecen los criterios para determinar qué pueblos serán parte del registro.

El viceministro acompañó a Luis Peirano, ministro de Cultura, quienes asistieron con Rafael Roncagliolo, titulares de la cartera de Relaciones Exteriores y Jorge Merino, ministro de Energía y Minas, para responder a las demandas presentadas por el grupo de trabajo.

Durante su presentación, Lanegra Quispe indicó que la acción popular al ir en contra de los criterios que establecen quienes forman parte de la Base de Datos impide su publicación y sostuvo que no existe un plazo legal para publicar el registro tal como sí se establecía para directiva.

Lanegra Quispe hizo esta afirmación sin tomar en cuenta que en abril del 2012 anunció que en mayo de ese mismo año se daría la publicación de dicho registro y, más aún, olvidando que ante esta misma comisión dijo en otra oportunidad que la Base de Datos estaría lista para diciembre del pasado año.

Peirano Falconí a su turno reafirmó, ante las demandas de algunos miembros de la comisión y sin precisar una fecha, que publicarán lo más pronto posible el mencionado registro y que si este proceso se viene aplazando es porque se quiere hacer un trabajo más transparente para no generar desconfianza.

“Por el momento, aplicaremos directamente lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, la Ley de Consulta y su reglamento buscando garantizar el derecho de los 52 pueblos indígenas ya identificados”, sostuvo Lanegra para luego referirse a otro temas como la supuesta ampliación del Lote 88.

Sobre este punto, Lanegra resaltó que el pronunciamiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD) habla de una “presunta situación de afectación”, hecho que no ha sido comprobado, por lo que se debe esperar la recolección de información.

Como se sabe el pasado mes a través de una carta el CERD alertó de una supuesta ampliación de actividades del proyecto del gas  de Camisea sobre los pueblos indígenas aislados de la reserva Kugapakori-Nahua-Nanti.

Al respecto Rafael Roncagliolo, ministro de Relaciones Exteriores, recordó que el Estado tiene hasta el 31 de julio para hacer público una respuesta oficial e informó, en otros aspectos, que se espera para la segunda quincena de noviembre la visita del relator ONU sobre pueblos indígenas, James Anaya, para ver la situación de estos pueblos en nuestro país.

Minería e Hidrocarburos

A su turno Jorge Merino, ministro de Energía y Minas, ratificó que Pluspetrol debe hacerse cargo de la remediación de pasivos ambientales que se encuentran en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, y que fueron denunciados por las federaciones indígenas de la zona.

“No hay duda de que es Pluspetrol quien tiene que asumir todos los pasivos ambientales, así como se ha hecho beneficiario con los activos de la producción, ha asumido el compromiso de los pasivos”, explicó.

Merino Tafur abordó también el caso de la comunidad de San Juan de Cañaris en Lambayeque. Dijo así que las actividades de exploración, que según él “no son más que perforaciones que no generan mayormente ningún impacto ambiental”, se han realizado respetando lo que dicta la norma.

Explicó en este sentido que es luego de que se comprueba “que existen reservas suficientes para hacer un estudio de factibilidad y que en realidad se vea que hay un proyecto minero, entonces viene la etapa del estudio de impacto ambiental donde se hacen las consultas requeridas”.

Según su explicación es en esta fase que se trata todo lo que tenga que ver con las afectaciones o los beneficios que se pueden generar para las comunidades de la zona de impacto directo o de las áreas de influencia.

Destacó al respecto que desde hace quince años, estando vigente el Convenio 169 de la OIT, se han venido trabajando con las comunidades “una suerte de acuerdos” en las que hubieron declaraciones de compromisos que se han incorporado en los contratos respecto a mano de obra y la creación de fondos sociales.

El titular del Minem se expresó a favor de la instalación de mesas de desarrollo, en las que se incorporen a las autoridades y a las comunidades.

Puntos de desencuentro

Durante la sesión, la congresista Verónika Mendoza fue de las que más interrogantes planteó. Ella sostuvo que la demanda de acción popular, presentada en diciembre de 2012, en contra de algunos criterios metodológicos para la elaboración de la Base de Datos no puede paralizar su publicación.

Por ello reafirmó que se está usando la citada demanda como pretexto para no publicar un registro que debió de ser público hace más de un año.

No obstante, saludó la publicación de la Guía Metodológica para la aplicación del derecho a la consulta que reconoce algunas deficiencias en el Reglamento de la norma.

De otro lado la parlamentaria se mostró en contra del denominado acuerdo previo al que se refirió el titular del Minem, ya que muchas veces este tipo de procesos vulneran los derechos de las comunidades por parte de los inversionistas que cuentan con un equipo amplio de abogados y técnicos.

Recordó también el caso de Cañaris donde hubo un acuerdo previo que según la versión del ministro resolvería el problema, pero que ha sido cuestionado por las comunidades.

Posteriormente explicó que justamente “la Ley de Consulta Previa lo que trata es de evitar esta situación de inequidad y desventaja e incluye a un tercero garante que es el Estado que garantice la igualdad de condiciones”.

“El hecho de callar información, postergar publicaciones, herramientas, normativas, no hace más que generar desconfianza que es lo último que necesitamos en este proceso”, sostuvo.

Pidió también que se precise los momentos de la consulta y las entidades encargadas de la misma en el sector minero y para qué proyectos va proceder.

Por su parte, la parlamentaria Marisol Pérez Tello exhortó a los ministros a trabajar el tema de la titulación de las comunidades en el Lote 1AB, donde se llevará a cabo un proceso de consulta.

De igual modo pidió se atienda de la mejor forma el conflicto en Cañaris a fin de evitar que el caso llegue a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Fuente: SERVINDI

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