85% de mineros informales labora en áreas con dueños

La intención del gobierno era clara: legalizar a los mineros informales del país para que paguen impuestos, un promedio de 4% del total de sus ingresos. El otro objetivo apuntaba a erradicar la contaminación que provoca la actividad: para recuperar el oro los mineros utilizan mercurio, metal pesado que luego es arrojado al medio ambiente y causa serios daños a la salud. 

Sin embargo, el proceso iniciado hace dos años resultó muy complejo, eso obligó al gobierno a postergarlo hasta 2015. Para que un minero sea formal se fijaron cinco pasos, la mayoría cumplió el primero. Se debía presentar una declaración jurada para formalizarse”, explica el subgerente de la Autoridad Regional del Medio Ambiente (ARMA), Dante Pinto Otazú.

Hasta octubre de 2012 se presentaron 14 mil declaraciones en Arequipa, uno de los departamentos afectados con este flagelo. Luego hubo una ampliación hasta diciembre y se sumaron otras 17,398 solicitudes, entre personas naturales y jurídicas (asociaciones). Se estima que en Arequipa hay 60 mil mineros informales. Madre de Dios, Puno, Cusco y Apurímac son las otras regiones en el sur donde la actividad se desarrolla en forma intensa. 

En el segundo paso está el problema. Tras la declaración, los mineros debían obtener un contrato de explotación (alquiler) o cesión del territorio donde explotan el mineral. El 85% de los artesanales trabaja en terrenos privados, la mayoría está concesionado a terceras personas que los mineros invadieron. Entre titular e informal no hay acuerdos. "Los dueños piden pagos muy altos por los arriendos y los mineros no quieren aceptar", detalla Pinto. El funcionario ratifica que ahí el proceso inevitablemente se entrampará. Se han planteado varias alternativas. Una de ellas es la reversión de los terrenos.

ABUSAN DE LOS MINEROS

El secretario general de la Federación de Pequeños Productores Mineros de Arequipa (Femarpe), Laureano Cruz, confirmó que pagan a los titulares de las concesiones 25% y 50% de sus ingresos mensuales. “Es un abuso, prácticamente somos sus esclavos”, se queja. 

Adicionalmente, los dueños de los terrenos les compran el oro a precios irrisorios. "Pretenden pagarnos S/. 75 el gramo, cuando su precio real es S/. 110", asegura. Por eso muchos de ellos optaron por el mercado negro. 

Según el libro Las Minas del Perú, se estima que un minero informal gana entre 942 y 3,372 soles al mes. 

El dirigente recuerda que plantearon al Gobierno la creación de un Centro de Acopio para vender su producción a precios justos. Esta promesa nunca se concretó.

La presentación de los contratos de explotación vence el 5 de setiembre. Si no los consiguen serán declarados ilegales (D. L Nº 1100) y se les aplicará la interdicción (destrucción de sus equipos de trabajo). Las penas por el delito son entre cuatro y doce años de cárcel. Están avisados. 

TIENE VACÍOS LEGALES

Para Dante Pinto, la ley de formalización “nació muerta”.El Congreso de la República facultó al Ejecutivo para que se legisle sobre minería ilegal, entendida como aquella actividad asentada en zonas urbanas o protegidas y en donde por ninguna razón debe haber esta actividad. En ese mismo saco se pretendió meter a los llamados "informales", que extraen el recurso en zonas aptas para la minería, solo que no tienen permiso de explotación. Eso generó un primer rechazo.

El gobierno emitió ocho decretos legislativos con este fin: D.L. Nº 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 y 1108. De ellos, el D.L. Nº 1105 establecía que los pasos de la formalización podrían darse en simultáneo; es decir podían saltarse los requisitos como les convenía. Eso generó otro problema. La mayoría empezó a realizar el quinto requisito que era contar con el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC). Este estudio sirve para mitigar la contaminación ambiental de los trabajos auríferos. 

Elaborarlo cuesta entre 10 mil y 35 mil soles, dependiendo del área de terreno explotado. Pese a ello, 45 IGAC se presentaron ante el ARMA para que sean evaluados. Además pagaron tres mil soles para que los expertos de la entidad realicen la verificación in situ de los resultados. 

Sin embargo, para obtener el tercer requisito (licencia de uso de agua), era indispensable contar con los dos anteriores. El consultor minero, Víctor Zegarra, detalla que a muchos de nada les valió contar con su IGAC, porque no concretaron el segundo paso. “El Gobierno no logró crear un sistema adecuado, desde un inicio todo estuvo mal”, cuestiona. 

La evaluación de los 45 IGAC fue suspendida hasta nuevo aviso. “Si los evaluamos deben tener los cuatro requisitos anteriores y si no es así tendremos que rechazarlos”, se justifica Dante Pinto. 

El funcionario agrega que esto no era conveniente porque la inversión de los trabajadores mineros se perdería. Para corregir este error el Gobierno emitió una norma donde especificó que solo se podía realizar en simultáneo los pasos uno y dos.

FALTAN MÁS TRÁMITES

Luego de cumplir con todos los requisitos debían adjuntar su Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) de la zona que explotan, certificados de capacitaciones en uso adecuado de insumos, declaración de equipos y un certificado de inicio o reinicio de labores ante el ARMA. Este expediente se envía al Ministerio de Energía y Minas (MEM), para que dé el visto bueno. Luego el ARMA podrá emitir un Certificado de Operación Minera (COM), que significa que los mineros están formalizados. “En realidad no son cinco pasos sino casi diez”, ironiza Dante Pinto.

Ante la proximidad de la fecha de vencimiento para el segundo requisito, los mineros artesanales del país amenazan con un paro nacional. Luego de varias tratativas el jueves el Gobierno determinó nuevas fechas y eliminó las anteriores.

Ahora el Ejecutivo y los mineros artesanales conformarán una mesa técnica para debatir los vacíos legales de los ocho decretos legislativos hasta el 19 de abril de 2014. Luego empezará el proceso de formalización hasta el 2016. “Esto lo vamos a trabajar con la SUNAT y varios ministerios del Estado”, afirma Laureano Cruz. El problema de los contratos –apunta– tendrá que verse en el más alto nivel. Una de las propuestas que llevarán será la expropiación de estos terrenos. “¡El Estado les dio la concesión para que la trabajen y no para que se la guarden!”, reclama. Otro mecanismo que plantearán será dar incentivos tributarios a los concesionarios para que entreguen contratos “justos”. 

El proceso de formalización va lento. En Cusco la realidad no es distinta: solo dos mil mineros (20%) de los 10 mil informales se acogieron al proceso. Según el director regional de Energía y Minas, José Francisco Huamán, la mayoría se resiste a legalizarse. No obstante –aseguró– se están realizando talleres para convencerlos. Los distritos con mayor presencia de minería informal en el Cusco es Camanti, provincia de Quispicanchi (limita con Madre de Dios) y en la provincia de Chumbivilcas, que colinda con Apurímac. En ambas zonas se concentra el 50% de informales. El resto se encuentra en Acomayo, Paruro, Canas, Canchis, Espinar y Paucartambo.

Puno tampoco es la excepción. Esta región es la mata de la informalidad. Y muchas empresas ilegales quieren seguir trabajando al margen de la ley.

Esto se demuestra en las estadísticas. En la región altiplánica estiman 33,720 informales, de los cuales siete mil llegaron al segundo paso, es decir consiguieron un contrato de concesión.

El centro poblado La Rinconada es una zona liberada para la explotación del metal precioso. Solo ahí trabajan 15 mil mineros. Después está Sandia y Carabaya. Para César Rodríguez, director de la Dirección Regional de Energía y Minas, los mineros no tienen interés en acogerse a la legalidad, ni los dueños de la concesión, ni trabajadores, porque verían mermadas sus ganancias. Ojalá que los nuevos plazos del gobierno no sigan prolongándose, de lo contrario persistirá la evasión de impuestos y la contaminación del medio ambiente.

Fuente: Diario La República

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