La interdicción de la minería ilegal y sus delitos conexos, no solamente está limitada a realizar operativos inopinados como ya se hizo en la zona de Alto Inambari, sin los resultados esperados; es necesario implementar normas relativas a las rutas fiscales hacia la selva puneña.
“Para un mejor control de los insumos y combustible utilizados en la actividad minera ilegal, se requiere necesariamente la implementación de una ruta fiscal”, señaló la responsable de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, Luz Herquinio Alarcón.
Según la comisionada, la implementación de estos mecanismos legales de control de la actividad minera ilícita en la selva puneña y en la zona de Ananea, es competencia de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
De implementarse los instrumentos relativos a las rutas fiscales, la SUNAT quedaría facultada a fiscalizar de manera efectiva los documentos e insumos químicos en los puestos de control. Al respecto ya se tuvo experiencia en la región Madre de Dios.
“Considero que si no se trabaja a ese nivel, cualquier acción de control no tendrá mucho efecto, y la minería ilegal seguirá operando depredando la biodiversidad en la selva de las provincias de Sandia y Carabaya”, destacó Herquinio Alarcón.
Asimismo, dijo que la interdicción realizada en la zona de Alto Inambari, el pasado 27 de febrero, no ha sido planificada adecuadamente y los resultados responden a ello, peor aún la policía no contaba con la logística necesaria.
Fuente: Diario Los Andes
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