“Guerra avisada” evita conflictos

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Por: Dante Pino Otazú

Estando próximos al vencimiento del plazo estipulado –el 5 de setiembre- para dar el segundo paso en el proceso de formalización minera (acreditar el derecho sobre la concesión minera), nuevamente se anuncia un paro minero para el 26 de agosto. La decisión que empuja a tomar esta medida radica en que a nivel nacional solo el 0.1% de mineros insertados en el proceso de formalización ha logrado acreditar la titularidad de la concesión minera. La frustración de no poder avanzar en la formalidad ocasiona que se acuerden este tipo de acciones y revela además que para alcanzar la formalidad no solo implica tiempo, sino que hay otros factores que deben discutirse como el otorgar incentivos, reglamentar mejor la entrega y tenencia de una concesión, revisar la viabilidad de reconocer el actual vínculo que existe entre el minero y el titular de la concesión, etc. 

Lamentablemente, el 90% de mineros en regiones del sur medio del país se encuentra trabajando en concesiones cuya titularidad recae en otra persona natural o jurídica, diferente al minero artesanal. Ello los obliga a requerir un contrato de cesión o explotación, el mismo que además debe estar inscrito en Registros Públicos bajo causal de nulidad. 

Diferentes gremios mineros regionales y nacionales parecen haber coincidido en que saldrán a las calles este 26 de agosto si el gobierno nacional no amplía los plazos del proceso de formalización. Además están invocando a los gobiernos regionales para que soliciten también dicha prórroga o finalmente establezcan plazos administrativos diferentes y acordes con la realidad. Además quieren dialogar con la PCM y los congresistas para analizar los logros de la formalización y replantear el proceso. 

Hay un refrán que reza “guerra avisada no mata moros”. Y es que nadie puede negar que ante una declaratoria de huelga ya lanzada, puede gestarse otro conflicto que inclusive ya fue identificado por la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, es necesario tomar medidas preventivas urgentes que no impliquen por ningún motivo la pérdida de autoridad, sino legitimar mediante el diálogo y consenso, una propuesta que sea asumida por todos los actores y principalmente los mineros a pequeña escala. 

Las medidas de fuerza pueden y deben ser evitadas, por el proponente como por el Estado. Los mineros, por ejemplo, pueden agotar los mecanismos de negociación, apelar a recursos judiciales y constitucionales que todo Estado de derecho y democrático reconoce, para cuestionar una decisión de la administración pública. Por el lado del Estado, a nivel nacional y regional debe dialogar, evaluar sus decisiones y realizar los ajustes correspondientes, porque es evidente que no se lograron los objetivos deseados; cuya causa no es precisamente por falta de voluntad, sino por otros factores. Confiamos en que la paralización anunciada será evitada y el Estado tomará el liderazgo en un proceso de formalización que debe tener como principio, el consenso y el diálogo. Al menos, ese parece ser el deseo de muchos.

Fuente: Diario La República

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