La comunidad indígena
ashánika vive un momento precario. Y, tras los devastadores ataques terroristas
de Sendero Luminoso hace una década, hoy enfrenta un nuevo peligro: el proyecto
de la hidroléctrica Pakitzapango de 2,200 megavatios, según informó el New York
Times.
La
represa, que tomaría agua del río Ene, es parte de un acuerdo energético
firmado en 2010 para generar más de 6,500 megavatios y exportarlo
principalmente a Brasil. Si se concreta, miles de comuneros serán desplazados
en el proceso.
Antonio
Metzoquiari, de 59 años, considera que es un “asunto grave”. “Es un regreso a
la violencia, a otra guerra. No sé dónde o cómo encontraríamos un nuevo lugar
para vivir”, dijo.
En
un momento donde las hidroeléctricas han perdido aceptación en diversas partes
del mundo, estos proyectos mantienen su atractivo en Latinoamérica; región que
tiene grandes reservas de agua pero carece de fuentes de energía
convencionales.
De
acuerdo al medio neoyorquino, el presidente Ollanta Humala aún tiene que asumir
una posición ante las represas, pero tendría que definirla para cuando la
presidenta de Brasil Dilma Rousseff visite el Perú próximamente.
Los
funcionarios del Ministerio de Energía y Minas argumentan que las represas solo
tendrán sentido económico si se exporta gran parte de la energía producida. Y
el ministro ha estimado que si bien el impacto ambiental es importante, se
asegurarían de que las comunidades locales se beneficien con proyectos de
electrificación.
Para
Michael Shifter, presidente de la investigadora Inter-American Dialogue, el
manejo del mandatario en esta y otras iniciativas que afecten el desarrollo de
las comunidades nativas definirá la actual administración.
“La mayor prueba para Humala es llegar a un acuerdo”, señaló Shifter. “Creo que
él entiende que si se actúa muy rápido o toma un giro muy severo podría
perjudicarlo”.
Hasta
el momento Humala ya ha sido puesto a prueba con el proyecto minero Conga de
US$ 4,800 millones, donde los opositores protestas por una supuesta
contaminación del agua.
Durante
su campaña presidencial, Humala se oponía a Conga, pero ahora ha mostrado su
apoyo a la viabilidad del proyecto en cuanto muestre mejoras a la calidad de
vida de las comunidades involucradas. Conciliación que podría ser un primer
vistazo de sus planes para completar su agenda social sin ahuyentar a los
inversionistas, según Fernando Romero, sociólogo y experto en conflictos
sociales.
“Creo
que el gobierno verá en las inversiones mineras y de capitales brasileños la
principal fuente para realizar sus planes de inclusión social”, apuntó.
A
pesar del impacto en las comunidades locales, muchos proyectos han obtenido la
aprobación sin una notificación a los pobladores. Por esto, la Central Ashánika
del Río Ener se presentó ante el MEM para revelar la propuesta de la reserva.
La
organización reunió a 17 comunidades ashánika para explicar que el proyecto
inundaría números poblaciones y desabastecería a otras dependientes el río. El
impacto, afirman los críticos del proyecto, evoca la época del terrorismo
cuando murieron cerca de 6,000 ashánikas.
Muchos
temen que el proyecto resulte en una disminución de sus recursos. “En la ciudad
ellos hacen dinero y compran lo que necesitan, pero aquí nosotros vivismos de
nuestra producción. Comemos lo que plantamos y somos felices”, aseguró Dimer
Dominguito, de 25 años. “Queremos defender nuestro derecho a la naturaleza, a
nuestro mercado. Nosotros apoyamos al gobierno, pero ¿quién nos apoya a nosotros?
Fuente: Diario Gestión
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