Denuncian estrategia del gobierno para justificar medidas lesivas que facilitan inversiones

Medidas representan retroceso en protección del patrimonio natural y cultural. 

Representantes de distintas asociaciones y redes sociales denunciaron la estrategia del Ejecutivo, impulsada con el apoyo de un sector empresarial, que apunta a justificar un paquete de lesivas medidas adoptadas para promover las inversiones a costa de sacrificar el patrimonio natural, cultural y los derechos de las poblaciones locales.

Ante un retroceso en el crecimiento de la economía peruana a consecuencia de la caída del precio del oro y del cobre, se busca “generar una sensación de catástrofe” para justificar un conjunto de medidas supuestamente necesarias para mantener al Perú como un país atractivo para la inversión.

Como se recuerda la medidas fueron expedidas mediante los decretos supremos 054-2013-PCM y 060-2013-PCM que conceden una serie de ventajas a los inversionistas y simplifican procedimientos administrativos en proyectos de inversión pública y privada.

Para Carlos Monge, investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), efectivamente hubo una ligera disminución en los precios del oro y del cobre que nos compra China pero indicó que ésta no afectará al país en la dimensión que sostienen voceros del gobierno y el sector empresarial.

“Lo que hay es una pequeña caída en los precios que puede llevar ciertamente a alguna retracción de algunos proyectos mineros que ahora podrían no ser tan rentables como antes para sus dueños, para sus inversionistas”, aseveró.

Recalcó que hasta la fecha hay en el Perú inversiones aseguradas por un total de 16 mil millones de dólares, mucho más de lo que hubo en el gobierno del expresidente Alan García Pérez.

“Lo que sí existe es un sector empresarial minero desesperado porque se le facilite las inversiones, en cualquier escenario internacional de precios, un sector minero que no le gusta que el país proteja su patrimonio ambiental, cultural, y que no le gusta que las poblaciones locales tengan derecho a ser consultadas”, resumió Monge.

Sobre los citados decretos publicados en mayo de 2013, Emma Gómez, de la Red Muqui, remarcó que las medidas lo que van a provocar es agudizar los conflictos sociales.

Citó en esa línea la norma que flexibiliza los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y que permite a una empresa ampliar de forma automática un proyecto, que ya cuenta con certificación ambiental, ignorando que toda ampliación trae consigo mayores impactos.

El paquete de medidas continúa

La vocera de la Red Muqui advirtió que en su última presentación ante el Congreso, Luis Miguel Castilla, titular del Ministerio de Economía y Finanzas, sustentó un segundo paquete de normas de promoción de la inversión que establece sanciones para funcionarios que traben las inversiones.

Precisó que la nueva medida establece sanciones de hasta 74 mil soles, además de sanciones de tipo civil, penal o administrativo.

“Con este tipo de medidas se está obligando a los funcionarios (que tienen el rol de avaluar un proyecto de inversión) a que pierdan rigurosidad y que aprueben de manera casi automática los proyectos de inversión”, sostuvo Gómez.

Javier La Rosa, miembro del Instituto de Defensa Legal (IDL), y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), lamentó que el gobierno venga desnaturalizando y en algunos casos incumpliendo con el derecho a la consulta previa.

Afirmó que es preocupante que el gobierno haya anunciado una serie de consultas en los próximos meses cuando aún no se ha publicado la Base de datos de pueblos indígenas.

La Rosa remarcó que el gobierno hasta el momento no ha dado respuesta a las observaciones hechas a la norma por las organizaciones indígenas de alcance nacional.

De otro lado, destacó que sean varias las organizaciones que ahora se unen para frenar la “arremetida corporativa y gubernamental” que busca atraer inversiones sacrificando derechos.

La conferencia de prensa realizada el jueves 4 de julio es una de las primeras acciones que una serie de organizaciones y redes de la sociedad civil peruana vienen preparando a fin de presionar al gobierno para que se rectifique en el conjunto de medidas tomadas recientemente.

La conferencia fue organizada por la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos (CNDDHH), la Red Muqui, la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGe), el grupo Propuesta Ciudadana, CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL), Fedepaz, el Instituto del Bien Comun (IBC), Aprodeh, entre otras.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

POR UNA POLÍTICA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES QUE RESPETE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS

En mayo, el Ejecutivo dictó los decretos supremos 054-2013-PCM y 060-2013-PCM, con el objetivo de agilizar los trámites burocráticos que generan retrasos en la ejecución de proyectos de inversión; estas medidas recibieron elogios del sector empresarial.

Como justificación de ambas disposiciones se argumentaba un escenario internacional de caída de los precios del oro y del cobre así como de retroceso en la proyección de crecimiento de China, nuestro principal comprador de minerales. Este nuevo escenario, a su vez, significaría una parálisis de las inversiones mineras en nuestro país con el consiguiente estancamiento económico.

Pero la realidad demuestra que esta caída no es ni remotamente una que lleve los precios a los niveles anteriores al boom poniendo en peligro el paquete de inversiones mineras proyectado para los próximos años. Actualmente hay una cartera de proyectos mineros por valor de unos 56 mil millones de dólares que estarían previstos, de los cuales según señalara el diario El Comercio, en el peor escenario, están asegurados cerca de 19 mil millones de dólares de inversión minera.

No hay, pues, un escenario de catástrofe. Lo que hay es una ofensiva de los sectores corporativos y del gobierno sobre la opinión pública, magnificando la imagen de un escenario internacional negativo, para justificar su exigencia de un Estado que les facilite las inversiones desprotegiendo el medio ambiente, el patrimonio arqueológico y eliminando prácticamente el mecanismo de consulta previa.

Estas medidas, plasmadas en los decretos supremos antes mencionados, reducen el plazo para la obtención del certificado de inexistencia de restos arqueológicos sin considerar el tiempo razonable que supone recoger y verificar información, con un riesgo para nuestro patrimonio cultural. Igualmente preocupante es la flexibilización de los controles en materia ambiental, ya que cuando se trate de la ampliación o modificación de un proyecto de inversión ya no será necesario seguir el procedimiento de ampliación del instrumento de gestión ambiental. También se reduce la participación del Ministerio del Ambiente en la aprobación de los términos de referencia comunes de los estudios de impacto ambiental; se han reducido los plazos para que las diversas autoridades sectoriales (ANA, SERNAMP, Ministerio de Cultura) formulen observaciones a los estudios de impacto ambiental, la mayoría de los cuales adolecen de errores cuando se presentan. Adicionalmente, los decretos invisibilizan la participación ciudadana.

Simultáneamente, se viene desnaturalizando la aplicación del mecanismo de consulta previa con la negativa gubernamental de publicar la Base de Datos para saber a quiénes se considera pueblos indígenas, dejando esta decisión a la discrecionalidad de funcionarios del sector Cultura. También se evidencia la incapacidad de los representantes del Estado para asumir una nueva disposición para relacionarse con las comunidades campesinas y nativas ubicadas en todo el país, con el pretexto que algunas de ellas no son colectivos indígenas, desconociendo la realidad y los antecedentes históricos.

Consideramos que el contexto que se está creando no favorece la gobernabilidad del país y no crea las mejores condiciones para asegurar inversiones sostenibles en el tiempo que cuenten con seguridad jurídica y paz social. Creemos que es posible impulsar una política de atracción de inversiones sin vulnerar los derechos humanos, el medio ambiente ni el patrimonio cultural. Por todo lo expuesto exhortamos al Ejecutivo a corregir esta situación y gobernar en función de todos los peruanos y peruanas.

Lima, 4 de julio del 2013

• Grupo de Trabajo sobre PP.II. de la Coordinadora Nacional de DDHH 
• Red Muqui 
• Red GE 
• Propuesta Ciudadana 
• CooperAcción 
• Instituto de Defensa Legal (IDL) 
• Fedepaz 
• Instituto del Bien Común (IBC) 
• Aprodeh 
• Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) 
• Red Agua, Desarrollo y Democracia 
• Fórum Solidaridad

Fuente: SERVINDI

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