.png "English"){kind=small}
El Viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, manifestó en el programa Rumbo Minero TV que la acción popular entablada contra la directiva encargada de elaborar la base de datos de los pueblos indígenas para el proceso de consulta previa generaría mucho riesgo e incertidumbre.
“Si el juez declara fundada esta demanda, nos obligaría a ajustar nuevamente la base a los nuevos criterios y no considerar los que han sido cuestionados. Esto implicaría rehacer buena parte de la información que está contenida en esa base de datos. Y publicar una base de datos en esas condiciones generaría mucha incertidumbre y riesgo”, detalló.
El Viceministro, por el contrario, respaldó el papel de la actual directiva al considerarla responsable y bien constituida. “Nosotros creemos que esta directiva está bien hecha. Creemos que es una directiva que se fundamenta en lo que el convenio 69 de la OIT establece” recalcó.
Agregó que el estado ya designó una procuraduría especializada que se encargará de la defensa en el caso. Sin embargo, se mostró confiado en obtener un dictamen favorable en el proceso. “Esperamos que el juez dictamine favorablemente de acuerdo a lo que hemos argumentado. Y eso va a generar una mayor claridad respecto al trabajo de la directiva”, remarcó.
Lanegra aclaró, por otra parte, que dicha demanda “no ha paralizado los procesos de consulta a los proyectos de hidrocarburos, como el que se realizará en el Lote 192”, y que por el contrario, solo se encuentra a la espera de que Perupetro defina cuáles son los otros lotes que entrarán a licitación este año para su inmediato proceso de consulta.
También se refirió a la Ley Forestal, cuyo proceso de consulta se estaría iniciando en setiembre de este año. “Ya están los procesos siendo identificados”, detalló.
Por otra parte, el Viceministro puso énfasis en que pese a que el proceso de consulta se realiza entre el estado y las comunidades indígenas, a través de sus organizaciones representativas, la empresa tiene la posibilidad de brindar cualquier información, hacer recomendaciones y realizar ajustes en dicho proceso de consulta.
“El reglamento establece con claridad que cualquiera de las dos partes, sea el estado o la comunidad, puede invitar o solicitar a la empresa en cualquier momento del proceso a participar o brindar información, hacer recomendaciones o hacer ajustes que en el proceso de diálogo se produzcan”, finalizó.
“Si el juez declara fundada esta demanda, nos obligaría a ajustar nuevamente la base a los nuevos criterios y no considerar los que han sido cuestionados. Esto implicaría rehacer buena parte de la información que está contenida en esa base de datos. Y publicar una base de datos en esas condiciones generaría mucha incertidumbre y riesgo”, detalló.
El Viceministro, por el contrario, respaldó el papel de la actual directiva al considerarla responsable y bien constituida. “Nosotros creemos que esta directiva está bien hecha. Creemos que es una directiva que se fundamenta en lo que el convenio 69 de la OIT establece” recalcó.
Agregó que el estado ya designó una procuraduría especializada que se encargará de la defensa en el caso. Sin embargo, se mostró confiado en obtener un dictamen favorable en el proceso. “Esperamos que el juez dictamine favorablemente de acuerdo a lo que hemos argumentado. Y eso va a generar una mayor claridad respecto al trabajo de la directiva”, remarcó.
Lanegra aclaró, por otra parte, que dicha demanda “no ha paralizado los procesos de consulta a los proyectos de hidrocarburos, como el que se realizará en el Lote 192”, y que por el contrario, solo se encuentra a la espera de que Perupetro defina cuáles son los otros lotes que entrarán a licitación este año para su inmediato proceso de consulta.
También se refirió a la Ley Forestal, cuyo proceso de consulta se estaría iniciando en setiembre de este año. “Ya están los procesos siendo identificados”, detalló.
Por otra parte, el Viceministro puso énfasis en que pese a que el proceso de consulta se realiza entre el estado y las comunidades indígenas, a través de sus organizaciones representativas, la empresa tiene la posibilidad de brindar cualquier información, hacer recomendaciones y realizar ajustes en dicho proceso de consulta.
“El reglamento establece con claridad que cualquiera de las dos partes, sea el estado o la comunidad, puede invitar o solicitar a la empresa en cualquier momento del proceso a participar o brindar información, hacer recomendaciones o hacer ajustes que en el proceso de diálogo se produzcan”, finalizó.
Fuente: Revista Rumbo Minero
0 comentarios:
Publicar un comentario