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Recordamos para conmemorar una fecha que nos da cuenta de un hecho positivo en nuestras vidas, pero recordamos también para no olvidar hechos infaustos que no deben repetirse. Este es el caso del cinco de abril de 1992 cuando se dio un golpe de Estado, rompiendo el orden constitucional, para instaurar una dictadura corrupta y genocida, cuyos responsables, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, derrumbados de su poder mafioso por la fuerza democrática de la ciudadanía, felizmente ya han sido condenados por sus crímenes y se encuentran purgando prisión.
Recordemos la campaña contra los partidos políticos y el elogio de los denominados “independientes” cuyo objetivo era alejar a los ciudadanos de los asuntos públicos. Recordemos que se cerró el Congreso y se sometió al Poder Judicial, que se cerraron también los doce gobiernos regionales existentes en la época. Recordemos que se expulsó del servicio diplomático a más de cien funcionarios y que se sometió a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a una cúpula corrupta que purga cárcel por ello. Recordemos la persecución y las amenazas a los opositores políticos por parte de los servicios de inteligencia, a los grupos de tortura y ejecución extrajudicial como Colina. Recordemos la compra de la línea editorial de los medios de comunicación y a los famosos “diarios chicha” inventados para calumniar a los opositores, cuyo juicio de paso, contra Fujimori y Montesinos de nuevo, está a punto de empezar. Recordemos los fraudes electorales masivos de 1993, 1995 y 2000. Recordemos, por último, que nos impusieron un modelo económico que brinda crecimiento para muy pocos y no genera trabajo decente para la mayoría de los peruanos.
Sin embargo, parece que el esfuerzo por recordar no ha sido suficiente porque 12 años y cuatro meses después de caída la dictadura fujimontesinista arrecia un movimiento por indultar al dictador y regresarlo a la arena política. Curiosamente se privilegia el trato de “expresidente”, que solo lo fue entre el 28 de julio de 1990 y el 5 de abril de 1992, frente al de dictador, de los ocho años siguientes, con los crímenes, de lesa humanidad y corrupción, por los que se encuentra preso y condenado, incluidos. Se pretende que como “expresidente” merecería “consideraciones” (que ya las tiene en su cómoda cárcel actual) por encima de las de cualquier reo común y corriente, olvidando además la gravedad de los latrocinios cometidos. Todo esto a pesar que se ha derrumbado la imagen del Fujimori al borde de la muerte, desmentida por el propio informe médico oficial que señala que no tiene cáncer, con lo que sólo les queda sostener el indulto por razones políticas.
Una parte importante de esta operación ha sido también separar a Fujimori de Montesinos. Como si uno fuera el bueno y el otro el malo. Ya nos dijo en su momento Alberto Andrade, que sufriera repetidas agresiones de los susodichos. Se trata de siameses que actuaban en conjunto, siendo difícil distinguir al uno del otro. Los desacuerdos que tuvieron al final no son sino los desacuerdos que suelen ocurrir entre dos delincuentes en el momento de la huida por el reparto del botín.
La raíz de los avances obtenidos por el fujimorismo en convertir a su jefe en un actor político más, que merece salir libre, los podemos encontrar en la debilidad de nuestra última transición a la democracia, que no reformó el estado mafioso y privilegió la continuidad administrativa frente a la reforma institucional democrática que rompiera el control delictivo de la política. Por eso vivimos en este precario régimen político. Ello ha permitido que se fujimorizen otros actores, donde el caso más elocuente es el del Apra y en especial el de Alan García, que ha dejado programa e historia para enrolarse no solo en la perspectiva neoliberal sino en la forma autoritaria y mafiosa de proceder de su novísimo inspirador. Luis Castañeda y
Solidaridad Nacional han sido los otros que también se suman a esta perspectiva de la política. En conjunto, los medios han encontrado una frase feliz para calificarlos “derecha bruta y achorada” (DBA).
Por ello, este cinco de abril, debe ser un momento de recuerdo para los ciudadanos del Perú, que ponga por delante los crímenes cometidos por el dictador y su carnal Montesinos, así como el significado nefasto de la ruptura del régimen constitucional y de la década 1990-2000 para el país. El elemento primero de esta indispensable pedagogía política es una gran campaña contra el indulto a Alberto Fujimori, para que nada similar a su gobierno vuelva a sucederle al Perú y podamos reencauzar nuestro desarrollo democrático lejos de dictaduras y corruptelas como las que padecimos no hace mucho.
Recordemos la campaña contra los partidos políticos y el elogio de los denominados “independientes” cuyo objetivo era alejar a los ciudadanos de los asuntos públicos. Recordemos que se cerró el Congreso y se sometió al Poder Judicial, que se cerraron también los doce gobiernos regionales existentes en la época. Recordemos que se expulsó del servicio diplomático a más de cien funcionarios y que se sometió a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a una cúpula corrupta que purga cárcel por ello. Recordemos la persecución y las amenazas a los opositores políticos por parte de los servicios de inteligencia, a los grupos de tortura y ejecución extrajudicial como Colina. Recordemos la compra de la línea editorial de los medios de comunicación y a los famosos “diarios chicha” inventados para calumniar a los opositores, cuyo juicio de paso, contra Fujimori y Montesinos de nuevo, está a punto de empezar. Recordemos los fraudes electorales masivos de 1993, 1995 y 2000. Recordemos, por último, que nos impusieron un modelo económico que brinda crecimiento para muy pocos y no genera trabajo decente para la mayoría de los peruanos.
Sin embargo, parece que el esfuerzo por recordar no ha sido suficiente porque 12 años y cuatro meses después de caída la dictadura fujimontesinista arrecia un movimiento por indultar al dictador y regresarlo a la arena política. Curiosamente se privilegia el trato de “expresidente”, que solo lo fue entre el 28 de julio de 1990 y el 5 de abril de 1992, frente al de dictador, de los ocho años siguientes, con los crímenes, de lesa humanidad y corrupción, por los que se encuentra preso y condenado, incluidos. Se pretende que como “expresidente” merecería “consideraciones” (que ya las tiene en su cómoda cárcel actual) por encima de las de cualquier reo común y corriente, olvidando además la gravedad de los latrocinios cometidos. Todo esto a pesar que se ha derrumbado la imagen del Fujimori al borde de la muerte, desmentida por el propio informe médico oficial que señala que no tiene cáncer, con lo que sólo les queda sostener el indulto por razones políticas.
Una parte importante de esta operación ha sido también separar a Fujimori de Montesinos. Como si uno fuera el bueno y el otro el malo. Ya nos dijo en su momento Alberto Andrade, que sufriera repetidas agresiones de los susodichos. Se trata de siameses que actuaban en conjunto, siendo difícil distinguir al uno del otro. Los desacuerdos que tuvieron al final no son sino los desacuerdos que suelen ocurrir entre dos delincuentes en el momento de la huida por el reparto del botín.
La raíz de los avances obtenidos por el fujimorismo en convertir a su jefe en un actor político más, que merece salir libre, los podemos encontrar en la debilidad de nuestra última transición a la democracia, que no reformó el estado mafioso y privilegió la continuidad administrativa frente a la reforma institucional democrática que rompiera el control delictivo de la política. Por eso vivimos en este precario régimen político. Ello ha permitido que se fujimorizen otros actores, donde el caso más elocuente es el del Apra y en especial el de Alan García, que ha dejado programa e historia para enrolarse no solo en la perspectiva neoliberal sino en la forma autoritaria y mafiosa de proceder de su novísimo inspirador. Luis Castañeda y
Solidaridad Nacional han sido los otros que también se suman a esta perspectiva de la política. En conjunto, los medios han encontrado una frase feliz para calificarlos “derecha bruta y achorada” (DBA).
Por ello, este cinco de abril, debe ser un momento de recuerdo para los ciudadanos del Perú, que ponga por delante los crímenes cometidos por el dictador y su carnal Montesinos, así como el significado nefasto de la ruptura del régimen constitucional y de la década 1990-2000 para el país. El elemento primero de esta indispensable pedagogía política es una gran campaña contra el indulto a Alberto Fujimori, para que nada similar a su gobierno vuelva a sucederle al Perú y podamos reencauzar nuestro desarrollo democrático lejos de dictaduras y corruptelas como las que padecimos no hace mucho.
Fuente: Otra Mirada
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